La atención médica es un derecho humano, pero aproximadamente la mitad de la población del mundo se abstiene de recibir servicios de salud esenciales debido a limitaciones financieras o a la falta de instalaciones accesibles. La cobertura universal de salud (CUS) podría cambiar esta preocupante estadística. Sin embargo, si se va a cumplir con lo que este seguro promete, se deben incluir servicios de salud sexual y reproductiva.
La idea que fundamenta la CUS es simple y poderosa: si se garantiza el acceso a servicios de salud de calidad, medicamentos esenciales y vacunas, y si se brinda a las personas un seguro contra costos de salud rutinarios y catastróficos, se puede reducir la pobreza y mejorar los resultados de salud. Es por eso que la CUS se estableció en el año 2015 como un principio central de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Los ODS también consagran la salud sexual y reproductiva como una condición esencial de la igualdad de género; sin ella, las mujeres y las niñas no pueden controlar otros aspectos de sus vidas. Sin embargo, la salud sexual y reproductiva a menudo se descarta de las estrategias de atención de la salud en aras de la conveniencia política, lo que amenaza con descarrilar los esfuerzos por garantizar el logro de la cobertura universal de salud hasta el año 2030.
Tal como se encuentra la situación, las mujeres enfrentan barreras políticas, sociales y financieras desproporcionadas con respecto a obtener acceso a atención médica.
Los costos que ellas pagan de sus propios bolsillos son consistentemente más altos que aquellos pagados por los hombres, principalmente debido a la falta de cobertura o los límites impuestos a los servicios de salud sexual y reproductiva; además, a ellas con frecuencia se les impide obtener atención médica, ya sea por razones legales o costumbristas. Estas barreras son particularmente altas para las personas de la comunidad LGBTQI, las mujeres con discapacidades, las mujeres indígenas, las mujeres en zonas rurales, y las adolescentes.
En lugar de eludir el tema de la salud sexual y reproductiva (así como también el tema de la igualdad de género en general) los gobiernos deben reconocer su responsabilidad en cuanto a abordar las necesidades de las mujeres. Deben considerar el papel central que juega la salud sexual y reproductiva en la vida de las mujeres, la naturaleza integrada de la salud de las mujeres y su impacto en las comunidades. Y, de manera acorde, deben diseñar programas de CUS.
Por ejemplo, para reducir la mortalidad materna, no es suficiente proporcionar atención prenatal, parto seguro y atención postnatal; las mujeres también necesitan acceso a servicios de aborto seguro, legal y asequible y también a atención postaborto.
Del mismo modo, no es posible reducir las infecciones de transmisión sexual (ITS), como el VIH y el SIDA, sin ampliar el acceso a pruebas, atención y profilácticos, como tampoco si no se abordan las dinámicas de género y poder que incrementan la transmisión. Otros servicios vitales de salud sexual y reproductiva incluyen el acceso a la anticoncepción; a la prevención y tratamiento de la infertilidad; al tratamiento de las infecciones del tracto reproductivo y cánceres; y, a servicios para abordar la violencia de género.
A medida que los gobiernos negocian una innovadora declaración sobre CUS este año, ellos deben colocar toda la gama de servicios de salud sexual y reproductiva en el centro de las estrategias de CUS. Hacer esto reduciría la carga de enfermedades y mortalidad que soportan las mujeres y las niñas, mientras que simultáneamente se las empodere para controlar su propia salud y vidas reproductivas. El resultado sería más mujeres que reciban educación, tengan empleo remunerado, y participen en el ámbito político.
De manera contraria, si los líderes mundiales omiten la inclusión de la salud sexual y reproductiva dentro de las estrategias de CUS, ellos enviarán una poderosa señal que indique que la salud y la vida de las mujeres no importan. Los costos de la atención médica para muchas mujeres y sus familias seguirían siendo prohibitivamente altos, y los costos de salud pública aumentarían, a medida que las mujeres vayan en busca de tratamiento debido a consecuencias potencialmente fatales que sobrevienen debido a la mala atención de maternidad, las ITS no tratadas, y el acceso inadecuado a servicios de anticoncepción y aborto.
Estas expectativas se ven confirmadas por la experiencia. El Programa de transformación de la salud de Turquía se diseñó específicamente para mejorar la salud materna y llevó a una significativa disminución en la mortalidad materna: de 61 muertes por cada 100.000 nacidos vivos cuando la implementación comenzó en el año 2003, a 15,5 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en el 2011.
El programa CUS de Ghana, por el contrario, no se desarrolló con un enfoque en las necesidades de las mujeres y no llevó a mejoras significativas en la mortalidad materna. Un estudio de cobertura de seguro de salud comunitario en África occidental confirmó que cuando la atención materna no está cubierta, los resultados de salud no mejoran.
Elegir la opción correcta debería ser algo muy obvio; sin embargo, muchos gobiernos continúan resistiéndose a brindar cobertura de salud sexual y reproductiva. Para algunos, es un tema de dinero: tienen temor a los costos que significa invertir en la salud de las mujeres, ya que no se dan cuenta que dichos costos se ven empequeñecidos por los costos de la inacción.
Para otros, la oposición es ideológica. En Estados Unidos, donde un número creciente de gobiernos estatales republicanos estuvieron promulgando leyes draconianas contra el aborto, el gobierno del presidente Donald Trump, que se opone a la cobertura universal de salud, está eliminando activamente la salud sexual y reproductiva de los programas de salud pública, por ejemplo, al ir tras el recorte de fondos para programas de anticoncepción para poblaciones de bajos ingresos.
Dada la resistencia de los gobiernos, a menudo la responsabilidad de defender la necesidad de centrar a la cobertura universal de salud en las necesidades de las mujeres y las niñas recae en la sociedad civil y en los proveedores de servicios de atención médica. En la reunión de la Junta Ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud celebrada el pasado mes de enero, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil abogaron enérgicamente a favor de la inclusión de la salud sexual y reproductiva.
A medida que se intensifica el impulso mundial con dirección a apoyar la cobertura universal de salud, surgen más oportunidades para presentar este caso, incluida la reciente Asamblea Mundial de la Salud (donde la Alianza para la Igualdad de Género en la cobertura universal de salud ha presentado la denominada “Séptima Solicitud” para lograr una mayor prioridad para la salud y la salud de mujeres y niñas) y las negociaciones políticas de este verano en la ONU.
Estos eventos sentarán las bases para la Reunión de Alto Nivel sobre Cobertura Universal de Salud convocada por las Naciones Unidas que se celebrará en septiembre, en la cual los gobiernos adoptarán una hoja de ruta para establecer, financiar y brindar programas de CUS a lo largo y ancho del mundo.
Los gobiernos de todo el mundo tienen una oportunidad única en la vida para comprometerse a brindar atención médica asequible y de calidad, que incluya la gama completa de servicios médicos y de salud reproductiva, para todos. Aprovechar esa oportunidad requerirá de una fuerte voluntad política. Sin embargo, una cosa está muy clara: sólo si se hace hincapié en las necesidades y derechos de las mujeres y las niñas, cualquier estrategia de CUS será verdaderamente universal.
Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos
Françoise Girard es presidenta de la International Women's Health Coalition.
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