La pandemia del coronavirus tuvo un impacto devastador en los países de ingresos medios (PIM). Con la excepción de Estados Unidos, los diez países con mayor cantidad de casos de COVID-19 a la fecha son PIM. Lo mismo ocurre con la cantidad de nuevos casos diarios y las muertes por COVID-19 por millón de habitantes.
Las proyecciones económicas para los PIM son igual de lúgubres: los ingresos de los hogares sufrirán una caída general en 2020, entre ellos, los de la mayor parte de los 100 millones de personas más en el mundo que caerán en la extrema pobreza según las proyecciones para un escenario negativo.
La experiencia latinoamericana es un claro ejemplo: en la región solo vive el 8,4 % de la población mundial, pero sufrió el 30 % del total de las muertes por COVID-19 a la fecha. El Fondo Monetario Internacional estima que el PBI de América Latina y el Caribe se retraerá un 9,4 % este año, mientras que el Banco Mundial prevé un aumento de 10 puntos porcentuales de la pobreza en la región.
Estos reveses llegan en un momento en que se extienden olas de descontento social a través de los PIM. Con unas pocas excepciones, como Perú o Ghana, las principales causas del descontento —especialmente en América Latina— han sido el anémico crecimiento económico, la falta de movilidad ascendente y la demanda de mayor representación y participación política. Incluso en las economías con mejor desempeño, como Chile, muchos consideran que sus expectativas y aspiraciones no fueron satisfechas, y que quienes están en la cima de la distribución del ingreso se adueñaron de la mayor parte de los beneficios.
Para peor, antes de la crisis de la COVID-19 el fin del prolongado superciclo de los productos básicos que impulsó las exportaciones de los PIM amenazaba con desandar las mejoras en el nivel de vida. Los jóvenes temían terminar en el mismo lugar donde habían comenzado sus padres una generación atrás.
Cuando estalló la pandemia, los gobiernos de los PIM respondieron con confinamientos y estímulo económico, pero la eficacia de esas medidas se vio limitada por la elevada densidad de la población urbana, las grandes economías informales que dificultan evitar el contacto humano y limitaciones financieras mucho más restrictivas que en los países ricos.
En Colombia, por ejemplo, el PBI se reducirá este año aproximadamente el 7 %, la mayor caída de la que se tiene registro. La pérdida de empleos e ingresos creada por la pandemia ya aumentó el porcentaje de la población bajo la línea de la pobreza del 27 % a fines de 2019 hasta el 38 % en mayo, según las estimaciones, pesar de las transferencias en efectivo que hizo el gobierno. Además, se amplió la desigualdad: el ingreso del quintil más pobre de la población cayó más del 50 %, frente a una reducción del 33 % para el quintil superior.
La historia es similar en otros países latinoamericanos, lo que sugiere que el retroceso económico temido por quienes salieron a protestar a las calles en diciembre pasado ya está ocurriendo. La agitación social, que había dado un respiro, probablemente se redoble.
Los gobiernos de los PIM no pueden permitirse implementar medidas «cuesten lo que cuesten», sino que hacen lo que pueden; pero eso no será suficiente y la comunidad internacional estaría demostrando su falta de visión si ignora esas dificultades, al menos por tres motivos.
En primer lugar, en los PIM vive el 75 % de la población del mundo; esto significa que no puede haber una infraestructura que proteja la salud mundial sin su participación y apoyo. Es por lo tanto esencial que esos países tengan acceso a una vacuna eficaz contra la COVID-19 en cuanto esté disponible.
Pero, como están las cosas, parece que las vacunas llegarán primero a las economías avanzadas que están invirtiendo en su desarrollo. Además, la Organización Mundial de la Salud, que lidera la iniciativa del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX) junto con la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias y Gavi, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, están —comprensiblemente— centrándose en los países más pobres. No hay garantías de que el COVAX sea capaz de proveer los volúmenes de vacunas que necesitan los PIM.
Este segmento medio desatendido es incapaz de invertir fuertemente en laboratorios y ensayos clínicos, carece de monitoreos adecuados de los contagios y la mortalidad, y recibe poca ayuda internacional. Las tasas de vacunación de los PIM contra otras enfermedades infecciosas —ya por debajo de lo necesario para generar inmunidad de la manada— se desplomaron durante la crisis, lo que generará brotes en todo el mundo si no se atiende el problema.
En segundo lugar, el crecimiento mundial depende del desempeño de los mercados emergentes, que representan el 60 % de la economía del planeta. La recuperación de la crisis financiera mundial de 2008 fue impulsada por China y, a través de su impacto sobre los precios de los productos básicos y el volumen de las operaciones comerciales, por los PIM.
Es improbable que eso ocurra esta vez, por lo que los PIM tendrán que recurrir a otras fuentes de crecimiento para superar la recesión que genere la pandemia. Desafortunadamente, los gobiernos de esos países carecen de recursos para aumentar la inversión pública y reducir el riesgo de la inversión privada, por lo que el acceso al financiamiento internacional es indispensable.
Hasta el momento, los PIM han tenido un acceso adecuado a los mercados globales de capitales, pero esto podría cambiar sin previo aviso. El deterioro de la situación fiscal y económica desató una catarata de reducciones de las calificaciones crediticias, que podría empeorar. Si se cierran los mercados o se tornan demasiado caros, los PIM tendrán que recurrir a los prestamistas oficiales, como los bancos regionales de desarrollo; pero la capacidad de estas instituciones para otorgarles préstamos es limitada y requerirá reponer el capital.
Otras propuestas de financiamiento incluyen la emisión de derechos especiales de giro del FMI (el activo de reserva del Fondo) con la creación de un mecanismo para propósitos especiales que canalice hacia los mercados emergentes la liquidez que generan los bancos centrales de las economías avanzadas. Los créditos preferenciales a través de instituciones regionales también son necesarios para cubrir los déficits de vacunación, financiar bienes públicos como la seguridad sanitaria mundial y apuntalar las redes de seguridad para las poblaciones más pobres.
Finalmente, el mundo está tratando de pasar a un crecimiento más ecológico. El grueso de la inversión en infraestructura durante las próximas tres décadas será en los PIM y las decisiones que estos tomen determinará si el mundo logrará alcanzar la meta de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050.
Una crisis prolongada en los PIM —donde las emisiones aumentan más rápidamente que en los países desarrollados— demorará (en el mejor de los casos) esos esfuerzos y podría tener consecuencias más perjudiciales. Si ayuda a que esos países superen la pandemia y sus secuelas económicas, la comunidad internacional también se estará beneficiando a sí misma.
Masood Ahmed, quien ha ocupado altos cargos en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, es presidente del Centro para el Desarrollo Global. Mauricio Cárdenas, ex ministro de Finanzas de Colombia, es investigador superior en el Centro de Política Energética Mundial de la Universidad de Columbia.
