Una avalancha de eventos climáticos extremos intensificarán, este año, la presión política sobre las empresas de combustibles fósiles. Cómo las compañías de petróleo y gas manejen sus crecientes desafíos políticos será tan importante para su valoración como lo son ahora sus operaciones diarias.
Éste ha sido un año de acontecimientos climáticos extremos, desde la “Bestia del Este” que congeló gran parte del Reino Unido en marzo hasta el huracán Florence en la costa este de Estados Unidos y el tifón Mangkhut en las Filipinas. Los científicos normalmente vacilan antes de asegurar que cualquier desastre natural en particular es resultado del cambio climático, pero la intensidad general de las tormentas en verdad parece estar asociada a la acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI) generados por el hombre.
Sin embargo, en la mente de muchos, para echar culpas no hace falta esperar una certeza científica plena. Existen decenas de millones de personas cuyas vidas se han visto afectadas seriamente por los desastres naturales, y quizá miles de millones de personas que han percibido cambios en los patrones climáticos en los últimos años. Al igual que un porcentaje creciente de políticos y la mayoría de los medios, muchas de estas personas se están convenciendo de que nuestra dependencia de los combustibles fósiles es una de las causas subyacentes.
Una industria que se merece las críticas
La industria de los combustibles fósiles es un blanco legítimo de las críticas, a partir de que sus productos representan el grueso de las emisiones anuales de GEI. Las grandes petroleras, en particular, se han visto afectadas por una cantidad de acciones relacionadas con su rol en el cambio climático. Además de protestas en sus instalaciones en los últimos años, han enfrentado resoluciones de sus accionistas en reclamo de un cambio hacia fuentes de energía renovable, campañas de desinversión y una creciente cantidad de demandas legales vinculadas al clima, particularmente en Estados Unidos.
Sin embargo, en todo caso, el asedio político a la industria de los combustibles fósiles recién acaba de empezar. Aun si los acontecimientos climáticos extremos terminen no siendo tan alarmantes como predicen los científicos expertos en clima, la población muy probablemente dirigirá más y más su ira a la industria cada vez que tenga lugar un huracán, una inundación, un tifón, una ola de calor o una helada.
Es más, a medida que se propague la conciencia sobre el cambio climático, los políticos y la población necesitarán un blanco simple y fácil al que echarle la culpa. Sin duda, uno podría apuntar con el dedo a los miles de millones de consumidores que conducen coches que funcionan a gasolina y dependen de los combustibles fósiles para aclimatar e iluminar sus hogares. Pero todo político que aspire a ganar una elección sería tonto si les echara la culpa a los votantes.
En la práctica, esto significa que las empresas de combustibles fósiles –particularmente las que tienen sus casas matrices en países de la OCDE- tendrán que transitar un entorno operativo intensamente cuestionado en los próximos años. En términos de valor accionarial, saber manejar los desafíos sociales y políticos no será menos importante que encontrar y producir hidrocarburos.
Hoy en día, gran parte del activismo de los accionistas contra la industria se centra en torno de hasta qué punto las reservas de hidrocarburos de las empresas pueden terminar siendo comercialmente inviables en la medida que el mundo abandona los combustibles fósiles. Pero en el corto plazo, la respuesta política negativa contra la industria planteará una mayor amenaza para las valuaciones que los “activos varados”.
Esa reacción negativa podría presentarse de varias formas. Es probable que las campañas de desinversión cobren fuerza y atraigan a accionistas más grandes. Las demandas legales relacionadas con el clima podrían empezar a extenderse más allá de Estados Unidos y, en definitiva, derivar en multimillonarias recompensas por daños, como en los casos contra las grandes compañías tabacaleras. Los movimientos de protesta para alterar las operaciones en la costa podrían volverse una rutina. Y los gobiernos podrían decidir imponer suspensiones al nuevo desarrollo de hidrocarburos, o aplicar impuestos punitivos a las empresas de combustibles fósiles. Por cierto, el gobierno de Nueva Zelanda recientemente prohibió toda exploración offshore de petróleo y gas a futuro –una medida que otros países pueden terminar imitando.
La pobre reacción política
¿Por qué alguien debería derramar lágrimas por las grandes petroleras y sus inversores? Después de todo, muchas de las presiones políticas que se describen aquí sirven para enfrentar el cambio climático, lo que requiere reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y acelerar el cambio a energías renovables.
Aun así, una reacción negativa precipitada contra las empresas de combustibles fósiles también podría tener algunos efectos perversos. Los políticos la podrían utilizar para distraer la atención del ritmo lento de la reforma de la política energética nacional. En la mayoría de los países se necesita esa reforma con urgencia para cumplir con los objetivos climáticos. También, inclusive en un escenario en el que el incremento de la temperatura promedio global se mantenga dentro de los 2° Celsius de los niveles preindustriales (el límite máximo según el acuerdo climático de París de 2015), seguirá siendo necesario producir combustibles fósiles. Como un superpetrolero gigante, el sistema de energía global no se puede cambiar de un momento para el otro. Abandonar los combustibles fósiles llevará muchos años, durante los cuales la demanda de petróleo, gas y carbón continuará.
A la luz de estas realidades, un riesgo del embate político intensificado contra las empresas de combustibles fósiles es que la industria podría ser empujada a las sombras. En lugar de achicarse en tamaño o centrarse en una transición a energías renovables, la industria podría trasladar la producción a empresas privadas en lugar de públicas. O la producción podría migrar a empresas menos transparentes en países no pertenecientes a la OCDE.
En cualquiera de los dos casos, estas entidades corporativas serán menos susceptibles a la presión de activistas progresistas e inversores con un interés social. Los productores menos escrupulosos estarán felices de seguir explorando y extrayendo sin freno, porque se sentirán incluso menos obligados que los jefes cuestionados de las grandes petroleras y las grandes explotadoras de carbón a demostrar que están ayudando a reducir las emisiones de GEI. En tanto el movimiento para enfrentar el cambio climático siga forjando su estrategia para los próximos años, éste es un riesgo a tener en cuenta.
Daniel Litvin es director gerente de Critical Resource, una consultora que asesora a empresas de recursos en materia de sostenibilidad y riesgo de la “licencia para operar”, y autor de Empires of Profit: Commerce, Conquest, and Corporate Responsibility.
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