La Villa 21-24 y Zavaleta es uno de los barrios de emergencia con mayor presencia de fuerzas de seguridad del país. En ella operan la Policía de la Ciudad, la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. La desconfianza hacia las fuerzas instó a los vecinos a controlarlas. Ya registraron más de 1.000 denuncias de abuso. El Gobierno de la Ciudad creó una oficina para auditar los casos.
Era una noche como cualquier otra para Alejandra Díaz, que junto a su madre miraba los noticieros en su casa en la Villa 21-24 y Zavaleta. Pero esa noche de agosto del 2010 no terminó siendo como cualquier otra. Pasadas las 23, apareció en la pantalla del televisor una imagen familiar para sus ojos: la gorra de su hijo de 16 años, Luis. Bajo la imagen, el titular leía “Hampón abatido por mujer policía”.
Las horas que siguieron fueron borrosas para Alejandra, quien las vivió como en una película. Llamó a la policía y a los hospitales, fue a la morgue y a la comisaría de turno, donde le dijeron que volviera a su casa. No fue hasta la tarde del próximo día que, en el hospital del barrio, Alejandra pudo identificar el cuerpo sin vida de su hijo.
Según la causa, Luis murió de dos disparos efectuados por una oficial de la Policía Federal. Una en el ombligo, a menos de 10 centímetros de distancia, y otra en la espalda, en diagonal. La defensa de la oficial sostiene que Luis había tratado de robarle el auto junto con otros dos jóvenes que estaban armados. Pero a falta de testigos y evidencia, la investigación quedó frenada.
“Yo no sé cómo fueron los eventos, porque no estaba ahí y tampoco había ningún otro testigo”, cuenta Alejandra. “Pero si fue como dice ella, Luisito cobró muy caro su error. Lo hubiera herido y lo hubiese llevado preso, pero un auto no vale la vida de un chico”.
Luis es una de las 950 personas muertas por fuerzas de seguridad en Capital Federal y el Conurbano Bonaerense entre 2010 y 2017. Los datos surgen de un relevamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) basado en información publicada en medios de comunicación (no existen datos oficiales sobre el tema).
Según Manuel Trufo, Coordinador del Área de Violencia y Seguridad del CELS, los casos de violencia y letalidad policial son particularmente graves en las villas.
“Las fuerzas de seguridad no trabajan igual en los barrios de clase media y alta que en los barrios pobres, donde se toleran prácticas de hostigamiento, o allanamientos violentos”, dice Trufo. “La excusa es que se tratan de barrios que son más peligrosos, entonces la violencia policial forma parte de las dinámicas de violencia que hay en las villas, y en lugar de desescalar esta violencia, la empeoran y generan más resentimiento”.
Este resentimiento, según Trufo, también está acompañado por una profunda desconfianza por parte de las familias que viven en las villas hacia las fuerzas de seguridad que operan en estos territorios.
“Yo veo a la policía cruzando por mi calle a la noche, y más que estar seguro me da miedo de que me peguen por negro, o por villero, cosa que me ha pasado muchas veces. Es horrible”, cuenta Marcos Basualdo, un vecino del barrio Fátima en Villa Soldati.
Juan Pablo Arenaza, Subsecretario de Vinculación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, reconoce que la falta de confianza entre los vecinos de las villas de la ciudad y las fuerzas policiales es un problema que lleva años gestándose.
“La desconfianza la reconozco como válida porque hay situaciones que son complicadas por la historia que tenemos en el país con las fuerzas de seguridad”, dice Arenaza. “Se necesitan cambios culturales a largo plazo. El 99% de los policías son buena gente”.
Si bien esta tensión y relación de desconfianza entre las fuerzas de seguridad y los vecinos permea muchos barrios pobres del país, es particularmente intransigente en el barrio donde vive Alejandra, la Villa 21-24 y Zavaleta. Esta villa que se ubica entre los barrios de Barracas y Nueva Pompeya es la más grande de la Ciudad de Buenos Aires, y allí viven más de 50.000 personas, según los últimos datos disponibles.
En ella también operan cuatro fuerzas de seguridad: la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. Esta confluencia de fuerzas policiales se encuentra vigente desde el 2011, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner implementó el Plan Unidad Cinturón Sur, una política de seguridad que le otorgó jurisdicción a las fuerzas nacionales en la parte sur de la Capital Federal.
“Tenes a nenes jugando en la plaza y al lado a un soldado con un arma enorme. Es fuerte la imagen, porque en ningún otro lado, en ningún otra plaza sucede de la misma manera”, cuenta uno de los vecinos.
La muerte de su hijo fue lo que llevó a Alejandra a empezar a colaborar con La Poderosa, una organización social fundada en el 2004 que cuenta con asambleas de vecinos en 80 villas del país y también en otros países de la región como Uruguay, Brasil, México, y Perú.
Mediante talleres de educación, cooperativas de trabajo, y una propia revista (La Garganta Poderosa), la organización busca contrarrestar la estigmatización social hacia las villas. Las asambleas también organizan espacios de contención para los chicos, como talleres de fútbol, música y arte.
Pero no fue hasta el 2013, con la muerte de Kevin, un chico de 9 años que murió en medio de un tiroteo en una zona liberada, que Alejandra y el resto del equipo de La Poderosa decidió que era hora de hacer algo para contrarrestar la violencia policial.
“Después de la muerte de Kevin, lo que decidimos fue que ningún pibe más iba a morir. Primero íbamos a poner nosotros nuestro cuerpo, para que la bala nos pegue a nosotros y no a los chicos”, cuenta Alejandra.
Fue así como se generó el dispositivo de Control Popular a las Fuerzas de Seguridad, una comisión de vecinos que busca controlar el accionar de las fuerzas y recolectar denuncias de víctimas de violencia policial en las villas. En su primer mes de funcionamiento recibieron 250 denuncias de casos de violencia policial en el barrio. El año pasado recolectaron cerca de 1000 denuncias en todo el país, que incluían casos de detención arbitraria hasta casos de tortura.
“Nos dividimos en turnos de mañana y tarde, hacemos rondas por el barrio y relevamos casos de violencia policial. Todos en la villa tienen nuestro número, así que si pasa algo a cualquier hora del día, nos llaman y vamos para allá”, explica Alejandra.
Para los vecinos que forman parte del Control Popular (que hacen las rondas totalmente desarmados), lo más importante no es sólo tratar de evitar otros casos como los de Luis y Kevin, sino también lograr recolectar evidencia y testimonios para que las investigaciones judiciales de estos casos sean más justas. Con ese fin, colaboran directamente con el CELS, la fiscalía y la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin).
“Hay un problema estructural en la investigación judicial de abusos policiales. En la mayor parte de los casos, los funcionarios judiciales trabajan con la versión policial de los hechos”, dice Trufo. “Los fiscales no van a los barrios populares a investigar, no van a buscar testigos. Entonces la causa se cae automáticamente. Se genera mucha impunidad”.
Aunque el dispositivo de Control Popular se originó en la Villa 21-24 y Zavaleta, ahora existen dispositivos similares en otras villas alrededor del país y se planea expandir el modelo a las otras asambleas de La Poderosa en América Latina.
A comienzos de este mes, el Relator Especial sobre tortura de las Naciones Unidas, Nils Melzer, vino al país para evaluar la situación de tortura y otros tratos de violencia en Argentina. Entre sus actividades, Melzer visitó la Villa 21-24 y Zavaleta, donde conoció el dispositivo de Control Popular.
"Viven una realidad muy difícil, marginada, que tiene dificultades para mantener la normalidad y seguridad en su vida. El abuso que sufren de parte de las fuerzas los ha herido y hasta traumado”, dijo Melzer en una conferencia de prensa durante su visita.
En sus observaciones, Melzer también instó al gobierno nacional a crear órganos independientes de control sobre las fuerzas de seguridad para evitar la arbitrariedad en las investigaciones de violencia policial.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, se reconoce la necesidad de implementar un sistema de auditoría independiente como el que menciona Melzer.
“Hoy en el mundo las fuerzas de seguridad tienen auditorías externas. Las auditorías de asuntos internos no existen más porque uno no se puede auditar a uno mismo”, dice Arenaza.
Para responder a estas preocupaciones, el ministerio creó a fines del 2017 una Oficina de Transparencia y Control Externo a cargo de recibir e investigar denuncias de violencia policial en la ciudad. La oficina también tiene a cargo planificar programas para prevenir “faltas éticas y abusos funcionales graves” de las fuerzas de seguridad, según la ley que reglamenta su creación.
Para Trufo, la creación de esta oficina constituye un avance, pero todavía es difícil evaluar su funcionamiento por falta de informes oficiales sobre el desempeño de las investigaciones. Asimismo, por ser un órgano dependiente de la Ciudad de Buenos Aires, no tiene incidencia sobre casos que involucren a las fuerzas federales presentes en la Villa 21-24 y Zavaleta.
A pesar de los desafíos que quedan en el camino, Alejandra es optimista sobre el impacto que el Control Popular está teniendo en las villas. “Los vecinos están conformes, están agradecidos. Y lo más importante: confían en nosotros”.
