El asalto al Capitolio de los Estados Unidos por los partidarios de Donald Trump el 6 de enero puede recordarse como un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos. La insurrección, incitada por el propio presidente, ha suscitado profundas interrogantes sobre el tipo de instituciones políticas que heredarán las generaciones futuras.
Dos narrativas han llegado a describir este nadir de una transición presidencial ya tumultuosa en los Estados Unidos. El primero enmarca la insurrección del Capitolio como un fracaso singular de las instituciones estadounidenses, lo que implica que la solución es tomar medidas drásticas contra los extremistas de derecha, las cámaras de eco de las redes sociales y sus principales facilitadores.
Pero si bien esas medidas están muy atrasadas, esta narrativa no capta hasta qué punto el ataque al Capitolio fue un resultado directo de la presidencia de Trump, o las dificultades económicas y los agravios sociales que llevaron al ascenso de Trump. Además de dejar al país alarmantemente polarizado, el mandato único de Trump también dañó fundamentalmente las instituciones estadounidenses y diezmó las normas políticas que necesita una democracia que funcione bien.
La segunda narrativa predominante es aún más amplia. Celebra a los republicanos, como el gerente de implementación de sistemas de votación de Georgia, Gabriel Sterling, que se opusieron a las falsedades de Trump y los intentos de revertir la elección.
Esta narrativa enmarca el fracaso del golpe del MAGA como inevitable, debido a la fuerza fundamental de las instituciones estadounidenses. Y, sin embargo, esta resiliencia institucional mítica ha estado notablemente ausente durante la mayor parte de los últimos cuatro años. Incluso después de que ellos mismos fueron atacados, la mayoría de los republicanos en el Congreso estaban felices, o al menos dispuestos, a aceptar una agenda presidencial que amenazaba el futuro de la República.
Asimismo, aunque muchos han elogiado al poder judicial por mantener su independencia, los tribunales solo fueron parcialmente efectivos para detener los decretos ilegales de Trump. La enorme escala del amiguismo y la corrupción, con la familia Trump mezclando rutinariamente el gobierno y las empresas privadas, aún no se ha investigado ni apreciado por completo.
El Partido Republicano restó importancia al intento de Trump de retener 400 millones de dólares en ayuda militar a menos que Ucrania iniciara una investigación sobre Joe Biden y su hijo.
Los republicanos también guardaron silencio cuando Trump despidió a Gordon D. Sondland, su embajador en la Unión Europea, y al teniente coronel Alexander S. Vindman, tras su testimonio en el proceso de acusación. Tampoco se pronunciaron en contra del despido del inspector general de la comunidad de inteligencia, Michael K. Atkinson. Lejos de evitar el despido de los inspectores generales por hacer su trabajo, las instituciones estadounidenses se estaban acercando a un punto de ruptura al final del mandato de Trump.
Es poco probable que muchas instituciones estadounidenses hubieran sobrevivido a otros cuatro años de Trump, considerando que no eran particularmente fuertes para empezar. Antes de Trump, la polarización en el Congreso ya había afectado la eficacia política y el poder ejecutivo se había fortalecido gradualmente frente a los poderes legislativo y judicial del gobierno.
Sin duda, los redactores de la Constitución de Estados Unidos querían un gobierno federal fuerte. Como no confiaban plenamente en el juicio de sus conciudadanos, institucionalizaron varios elementos no democráticos, entre ellos un sistema de votación muy mal distribuido (especialmente para el Senado) y el Colegio Electoral. Pero estas características se han vuelto particularmente problemáticas para la era actual, porque la sociedad civil y las urnas siempre serán la única defensa real contra un político como Trump.
Por lo tanto, sería un error colosal consolarnos con la supervivencia de las instituciones estadounidenses de lo que hizo Trump el 6 de enero. Para dejar mejores instituciones a las generaciones futuras, debemos reconocer sus debilidades y comenzar a reconstruirlas. Esto no será fácil. Ninguna sociedad ha ideado jamás una forma infalible de superar la polarización política cada vez más profunda. ¿Cómo se puede convencer a decenas de millones de partidarios de Trump de que han sido manipulados y alimentados con mentiras durante años?
Un punto de partida es abordar las dificultades económicas que muchos (aunque ciertamente no todos) los partidarios de Trump han experimentado. Se puede hacer mucho más para aumentar los ingresos de los trabajadores que no tienen un título universitario. Además de salarios mínimos más altos, EE. UU. Necesita una nueva estrategia de crecimiento para aumentar la oferta de buenos empleos para los trabajadores en todos los niveles de habilidades. Por supuesto, incluso con esto, permanecerían las preocupaciones dentro de muchas comunidades acerca de las dinámicas sociales y culturales cambiantes.
También es importante un mayor grado de profesionalismo en la función pública, y se puede lograr en parte limitando el alcance de los nombramientos y despidos políticos. En el caso de organizaciones basadas en la experiencia con un mandato claro (como la Agencia de Protección Ambiental o la NASA), no tiene sentido que cada nueva administración instale un contingente de compinches en todos los niveles de la jerarquía.
Más fundamentalmente, las instituciones federales de EE. UU. Tienen un problema de confianza pública que deberá abordarse mediante una mayor transparencia. Sí, demasiada transparencia en las deliberaciones y la toma de decisiones del gobierno puede llevar a políticos y funcionarios públicos a complacer a los votantes. Sin embargo, la primera prioridad del gobierno federal hoy debe ser reconstruir la confianza pública después de décadas de creciente distanciamiento. Arrojar más luz sobre las relaciones entre los grupos de presión empresariales y los políticos sería un buen punto de partida.
Por último, pero ciertamente no menos importante, la reforma del Colegio Electoral debe estar en la agenda. Aunque una enmienda constitucional parece poco probable en el entorno político actual, propuestas como el Pacto Nacional Interestatal para el Voto Popular podrían abrir un camino hacia una reforma bipartidista, haciendo más difícil para el próximo populista estadounidense llegar al poder con el apoyo de una minoría descontenta del electorado.
Daron Acemoglu, profesor de economía en el MIT, es coautor (con James A. Robinson) de The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty.
© Project Syndicate 1995–2021.
