Y en eso llegó el COVID-19.
En lo que va del siglo XXI, investigadores, decisores, tecnólogos, gobiernos nacionales, estábamos entusiasmados con los avances de la Sociedad del Conocimiento en los países de América Latina (AL). El panorama era promisorio: en el año 2019, América Latina y Caribe (ALC) ocupaban el cuarto lugar en cuanto a usuarios de Internet, detrás de Asia, Europa y África.
En junio, había casi 454 millones de usuarios de Internet en la región. Ese año, América del Sur fue la subregión que tuvo la mayor tasa de penetración de Internet: el 73 por ciento de la población. Es verdad que estos usuarios se distribuyen de manera desigual en términos socioeconómicos, culturales y geográficos y que, para la mayoría de la población, los usos de Internet se limitan a comunicación y uso de redes sociales.
Sin embargo, la mayoría de los gobiernos esperaban que, una vez implementadas las infraestructuras de telecomunicaciones, los buenos usos en gobierno electrónico, teleeducación, teletrabajo y telesalud, entre otros, vendrían por añadidura.
La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) fue una llamada de despertador sobre las zonas opacas de la sociedad del conocimiento. Hasta que la pandemia hizo estrechar las relaciones entre personas y tecnologías, hasta que la dependencia de Internet se tornó vital en el día a día, no habíamos tomado conciencia total de las brechas y deudas presentes en nuestras supuestas sociedades del conocimiento. No porque no existieran excelentes estudios ni investigaciones estadísticas, sino porque en numerosas ocasiones estos eran pasados por alto por las políticas públicas.
Hacia mediados del año 2020, el continente americano se había convertido en el epicentro de la pandemia. Más que nunca, se necesitan soluciones tecnológicas para resolver la cotidianidad de las personas y grupos sociales.
Las zonas oscuras
Como plantea la CEPAL, el desarrollo y la utilización de soluciones tecnológicas están determinados por factores basilares de la región: una estructura productiva compleja y heterogénea; un mercado laboral marcado por una alta informalidad y precariedad; una clase media frágil, en caída económica; un Estado de bienestar debilitado; una infraestructura digital deficiente; y restricciones socioeconómicas y culturales a la conectividad.
En 2019, casi el 67 por ciento de los habitantes de la región poseía conexión a Internet. El otro 33 por ciento tiene un acceso limitado o directamente carece de él a causa de su condición socioeconómica, su edad y localización. En países como Brasil y Chile, más del 60 por ciento de los hogares del primer quintil tiene conexión a Internet, mientras en Bolivia, Paraguay y el Perú, solo la tiene el 3 por ciento.
También son importantes las diferencias entre las zonas urbanas y las rurales. El 67 por ciento de los hogares urbanos está conectado a Internet, en contraste con el 23 por ciento de las zonas rurales. Los muy jóvenes (de 5 a 12 años) y los adultos mayores de 65 años son los que tienen menor conectividad. Esta situación es seria, dado que la región envejece aceleradamente.
En 2019, el 11 por ciento de la población de ALC tenía más de 60 años; en 2030 constituirá el 17 por ciento y en 2050, el 25 por ciento de los habitantes en ALC será mayor de 60 años.
Las bajas velocidades de conexión endurecen las situaciones de exclusión, ya que impiden el uso de soluciones digitales de teletrabajo, educación, consultas médicas en línea, entre otros servicios. A nivel global, la velocidad de banda ancha fija decreció 1 por ciento entre marzo y mayo del 2020, debido al uso intensivo de Internet en empresas y hogares.
Pero AL ya partía de un nivel bajo. La velocidad ha disminuido a consecuencia de la pandemia, como atestigua el caso de Perú, donde disminuyó el 35 por ciento. Otros países también tienen bajas, aunque no tan rigurosas: Argentina (-8 por ciento) y Colombia (-5 por ciento). México bajó únicamente un 1 por ciento.
Las zonas claras
Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han demostrado ser fundamentales para el funcionamiento de la economía y la sociedad durante la pandemia COVID-19. Esta ha acelerado en muy pocos meses los avances de la teleeducación, el comercio electrónico, el gobierno electrónico y la telesalud, entre otras áreas. Según la CEPAL los países de AL han implementado medidas para promover el uso de esas soluciones tecnológicas y vigilar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones.
Un ejemplo es el de Argentina, donde el gobierno declaró el 21 de agosto de 2020 que el Internet, la televisión por cable y la telefonía celular y fija son “servicios públicos y esenciales” y decidió congelar sus tarifas hasta el 31 de diciembre. En el año 2010, en el mismo país, la Provincia de San Luis había declarado en su Constitución la conectividad a Internet con banda ancha y gratuita como derecho humano.
En la mayoría de los países de AL las diversas medidas de aislamiento implementadas fueron un acelerador de la digitalización de las sociedades. En educación, escuelas y universidades se digitalizaron rápidamente. Algunos ya estaban muy avanzados, como Uruguay. En México se desarrolló la televisión educativa multigrado. Se implementaron portales educativos, como Aprender Digital en Colombia y Aprendo en línea en Chile.
Han surgido portales gubernamentales y ciudadanos que aportan soluciones para diversos problemas acarreados por la pandemia. En mayo, las transacciones por comercio electrónico crecieron el seis por ciento, en comparación con lo reportado en enero y febrero. Las categorías de consumo que más aumentaron fueron las de bienes digitales: juegos, aplicaciones, libros, plataformas de contenido, servicios de streaming y TV en línea, por cable o satelital.
Fundamentalmente, los gobiernos y las sociedades han cobrado conciencia de la importancia de los organismos de Ciencia y Tecnología, a causa de sus aportes positivos, tanto en ciencias médicas, en informática, como en estudios sociales. Igualmente, estos organismos permanecen subfinanciados.
En el presente como en el futuro
En la pandemia y la pospandemia, las políticas públicas referentes a las sociedades del conocimiento necesitarán:
- Declarar la conectividad a Internet de banda ancha no solo un servicio público esencial, sino un derecho humano.
- Regular los precios del sistema de telecomunicaciones, fortaleciéndolo, ampliándolo y haciéndolo accesible para todos.
- Diseñar nuevas herramientas digitales de educación, teletrabajo, comercio electrónico, telesalud y gobierno electrónico dirigidas a un contexto de baja conectividad y al uso de dispositivos móviles básicos.
- Asegurar la recolección y repositorios accesibles al público sobre información relativa a la superación de crisis sanitarias, respuestas a desastres, desplazamientos forzosos de las poblaciones y otras.
- Identificar e intervenir sobre segmentos de la población que quedan ocultos, al margen de la Sociedad del Conocimiento, no sólo ahora, sino también en la pospandemia.
- Implantar medidas tecnológicas y legales para superar las amenazas que representa para la seguridad y la privacidad la dispersión masiva de datos sensibles de los ciudadanos.
Es clave espolear los debates sobre los nuevos contratos sociales sobre cuestiones básicas, como la relación de las tecnologías, en especial las de la Industria 4.0, con el medio ambiente, nuevas concepciones urbanas y territoriales, salud y educación inclusivas, uso de datos, entre muchos otros. También sería deseable redefinir el concepto mismo de contrato social, acuñado por Rousseau en 1762. ¿Cómo se puede repensarlo en los nuevos contextos del siglo XXI?
Para terminar, las políticas y estrategias públicas esbozadas hasta ahora se han revelado insuficientes Es necesario reconsiderarlas, de una manera intersectorial y multiactoral, a la luz de la nueva realidad: una pandemia que se percibe prolongada y una pospandemia imprevisible.
Susana Finquelievich es Investigadora Principal del CONICET, Universidad de Buenos Aires.
La versión original de este artículo aparece en la Revista Telos, de Fundación Telefónica.
