No sé trató de un cambio más en el organigrama del Poder Ejecutivo Nacional, sino de una decisión administrativa de fuerte peso simbólico (y negativo). Así entienden organizaciones y expertos activistas por los derechos de las personas con discapacidad la reciente decisión del Gobierno de que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), que hasta ahora era un organismo autárquico, pase a depender del Ministerio de Salud.
“Resulta evidente que la ANDIS desarrolla muchas otras funciones que son completamente ajenas a las cuestiones sanitarias. Así, se vuelve a perjudicar a un colectivo históricamente desatendido, social y económicamente postergado”, denunciaron en 400 organizaciones del sector encabezadas por la Red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI) en una carta dirigida al ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, y al director de la ANDis, Diego Spagnuolo.
En el texto, las ONG firmantes piden al Ejecutivo “que deje sin efecto los artículos 8 y 9 del Decreto 585/2024 y garantice recursos suficientes para cumplir con las obligaciones convencionales y constitucionales que el Estado tiene con el colectivo de las personas con discapacidad”.
La ANDis había sido creada en el 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, como un organismo descentralizado, autárquico y con rango de secretaría de Estado. Y se mantuvo en esa esfera hasta el reciente decreto, que genera preocupación.
“Hace ya cinco décadas surgió un modelo teórico denominado modelo social de la discapacidad. Este modelo propone desterrar el anterior modelo médico o rehabilitador, que encaraba la discapacidad desde un enfoque sanitario. Pero la discapacidad no es una enfermedad, sino una condición de la persona, que depende de su entorno. El modelo social entiende que la vida de las personas con discapacidad no pasa solo por el ámbito de la salud, sino también por la educación, el trabajo, el ocio o el deporte… como el resto de las personas”, explica Agustina Palacios, investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y especialista en derechos de las personas con discapacidad.
El modelo social de la discapacidad se materializó en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado de Naciones Unidas de 2006 al que Argentina adhirió en 2008 y que en nuestro país tiene rango constitucional.
“Situar a la ANDis en la órbita de Salud implica un retroceso enorme desde las políticas públicas, un retroceso social, pero también jurídico: es obviar lo que impone un tratado internacional de derecho humanos”, apunta Palacios.
”El modelo médico de la discapacidad, centrado en la 'rehabilitación' mediante intervenciones médicas, perpetúa la estigmatización y no aborda las barreras sociales y ambientales. En contraste, el modelo social ve la discapacidad como resultado de estas barreras y promueve su eliminación y la igualdad de oportunidades”, sintetiza en un posteo de Instagram el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS). “La perspectiva rehabilitadora no se centra en la inclusión social, esperando que la persona se adapte al entorno en lugar de hacer el entorno accesible para todos”, añade.
Se necesita, entonces, abordar la discapacidad desde un enfoque holístico. “¿Cómo se vuelca esto en el ámbito de un Gobierno? Situando a la discapacidad en una secretaria o ministerio con una mirada transversal”, ahonda Palacios.
RED/ACCIÓN contactó a la ANDis para pedir precisiones sobre las implicaciones del cambio en el organigrama, pero desde la agencia no respondieron.
¿Qué puede implicar que el área de discapacidad dependa de Salud?
Palacios explica que, por un lado, las políticas públicas que se tomen en función de la inclusión de personas con discapacidad quedarían limitadas al ámbito sanitario. Pero si quisieran desarrollarse políticas públicas inclusivas en otros ámbitos, como educación, trabajo o deporte, “tendría una mirada sanitaria, propia del modelo rehabilitador”.
Celeste Fernández, abogada especialista en derechos de las personas con discapacidad y referente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) considera que la decisión del Ejecutivo de pasar la ANDIS bajo la órbita de Salud “es un retroceso hasta ahora en términos simbólicos; luego hay que ver los impactos prácticos (que todo indica que habrá): si implica reducciones presupuestarias, si eso implica que las normas tengan más perspectiva de salud”.
Para la abogada “es complejo frenar la decisión desde lo judicial, porque es una decisión de política pública”. Sin embargo, aclara que “si se traduce en cortar políticas que garantizan derechos, entonces el impacto podría cuestionarse y judicializarse”.
El traspaso de la ANDis a Salud no es la única decisión del Ejecutivo que tiene alerta al colectivo de persona con discapacidad. Hace poco, distintas organizaciones advirtieron sobre un borrador de decreto para desregular las prestaciones de discapacidad, el cual hasta ahora no avanzó. En paralelo, El Ejecutivo denunció que en los gobiernos kirchneristas se entregaron numerosas pensiones por invalidez a cambio de favores políticos y anunció una auditoría para todos los beneficiarios. Organizaciones del sector señalan que se está estigmatizando así a las personas con discapacidad.
