A los 59 años, Sergio Lazarovich, un empleado de la sección salteña de la AFIP, cambió de género y se convirtió en Sergia. Fue en 2017, y cuando el 18 de enero siguiente cumplió 60, inició, como cualquier mujer de esa edad, los trámites de jubilación. Si se hubiera jubilado bajo la categoría de varón, tendría que haber esperado a los 65 años.
“Lo hice porque estoy convencida, las motivaciones son mías y no tengo que explicarle nada a nadie”, dijo Sergia cuando fue acusada de hacer el cambio para dejar de ir a trabajar. Su caso motivó una discusión en torno a los desafíos que los asuntos de género proponen a la administración pública y privada.
La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), en su circular número 18 del año 2012, ya había tratado el tema de la modificación de datos filiatorios: “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género”, se lee allí. Y, según la Ley de Identidad de Género, “ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso al mismo”.
Una propuesta de algunos abogados previsionalistas para casos como el de Sergio/Sergia Lazarovich es que la jubilación sea compuesta y proporcional a los años trabajados bajo cada género. De esta manera, una persona que cambia de género podría retirarse, quizás, no a los 60 ni a los 65, sino a los 63 años.
“La Ley de Identidad de Género es muy reciente y querer solucionar todos estos temas en pocos años es una locura”, dice Adrián Frascino, un abogado que cuenta en su haber con más de 4.000 jubilaciones iniciadas. “A la administración pública hay que darle tiempo: sus tiempos nunca son los tiempos de la gente. Lo que debemos hacer mientras tanto es resolver en favor de los derechos previsionales de la gente”.
Desde la aprobación de la Ley de Identidad de Género, casi 7.000 personas cambiaron su documento. Y el 2 de noviembre pasado, María Carolina González Devesa, de 32 años, se convirtió oficialmente en Carolina Gerónimo González Devesa: en su DNI y en su partida de nacimiento ahora figura la categoría indefinida de sexo. Es el primer caso de sexo indefinido en el mundo.
Todo esto genera algunas confusiones no resueltas.
Por ejemplo, en el registro de músicos del Instituto Nacional de la Música (INAMU). Allí hay casi 50 mil personas: el 18% llevan sexo femenino y el 82%, masculino, pero unos pocos casos, menos de cinco, se registraron sin un género determinado. Y eso trae una pregunta puertas adentro del Instituto: ¿cómo otorgar un subsidio a una persona sin género preciso cuando el sistema pide uno?
Incluso el sistema de administración de viajes de una aerolínea puede entorpecerse. A mediados de noviembre, Alessandra Fernandes, una chica trans de 25 años, quiso cargar unas millas que tenía pendientes de dos vuelos que había hecho antes de iniciar un trámite de cambio de género. Es decir, cuando todavía usaba un documento donde figuraba un nombre masculino diferente a “Alessandra”.
“No podía subirlas al sistema con mi nombre actual: me indicaba error”, dice. “Me comuniqué con la empresa y me respondieron que no podían acreditarme las millas porque yo había volado con mi nombre anterior”.
Entonces Alessandra lanzó un tweet, y cuando la historia se hizo viral, la compañía le acreditó las millas. “Respondieron de manera rápida”, dice. “No me molestó el error, pero sí la forma en que se comunicaron. Sentí que se invisibilizaba a las personas que el sistema no considera”.
Dos diputadas nacionales (Silvia Horne y Lucila de Ponti, del Movimiento Evita) presentaron un proyecto para eliminar la categoría “sexo”de todos los documentos de identidad y papeles oficiales. “El Estado debe respetar el género autopercibido de acuerdo a cómo lo siente cada persona”, se lee en el texto. Y la diputada de la provincia de Buenos Aires Alejandra Lordén (UCR) elevó un proyecto para que esa cámara de diputados se dirija a la Nación y pida a la ANSES que altere el prefijo del CUIL de las personas que han cambiado su género.
El asunto es que el prefijo identifica al género: “20” para los varones y “27” para las mujeres. También se usa un número indefinido (“23”), pero su número final indica, de nuevo, género masculino (“9”) o femenino (“4”). Por lo tanto, si una persona trans quiere obtener una constancia de CUIL, aparece su género original. “Modificar este trámite en la ANSES se corresponde a los derechos adquiridos por las personas transgénero”, se lee en el proyecto de la diputada Lordén, “y que han quedado plasmados en la Ley 26.743 [de Identidad de Género]”.
El sistema del CUIL es un sistema rector de la identidad que luego es replicado en muchos otros sistemas. “Creemos que el CUIL, así como está hoy, puede ser fuente de discriminación laboral en el futuro para una persona trans”, dice Mauro, un técnico en informática cuyo hijo es un varón trans de 14 años llamado Gonzalo (prefiere no dar su apellido). “En la obra social a la que estamos afiliados, por ejemplo, duplicaron el registro de Gonzalo por error, manteniendo en ambos casos el mismo número de CUIL, y cuando íbamos a la farmacia su credencial a veces estaba dada de baja”.
La administración de las obras sociales no siempre funciona perfectamente con las personas trans: las prestaciones están separadas por género y no es usual que un varón trans (o sea, alguien nacido mujer) pueda hacerse cada año un checkeo ginecológico; por ejemplo, una prueba de Papanicolaou. “Este tipo de cosas, y la falta de profesionales amigables, genera que muchísimas personas trans no vayan al médico ni para un checkeo”, dice Mauro, el padre de Gonzalo.
“Poco a poco se podrá ir demostrando que la categoría legal del sexo carece de sustento jurídico”, dice Eleonora Lamm, la subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, que acompañó a la persona que protagonizó el primer caso de género indefinido. “Porque la categoría sexual no se corresponde con la Ley de Identidad de Género, que habla de ‘género’ y no de ‘sexo’. Por ende, no hay inconveniente en otorgar derechos sobre la base de otras pautas, o de ninguna pauta, o sin tener en cuenta el sexo”.
