“Es crucial que el Gobierno nacional garantice la continuidad de esta política de Estado, que ha trascendido a distintas gestiones y que ha logrado un gran consenso nacional ante una de las mayores deudas de la democracia”, señala un spot de TECHO Argentina. La organización hace referencia a la política de integración sociourbana, que en los últimos cinco años ayudó a que comenzaran a mejorar las condiciones de las personas que viven en barrios popuares y cuya continuidad, a raíz de un profundo desfinanciamiento, está en duda.
En la Argentina hay al menos 6.467 villas y asentamientos, lo que conocemos como barrios populares, según el último relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), del año pasado. El ente surgió en 2016 gracias al impulso de TECHO Argentina con la colaboración de otras organizaciones de la sociedad civil, instituciones religiosas y el Estado Nacional.
Se trató de un hito, porque el Estado comenzó entonces a reconocer la cantidad de personas que viven en asentamientos informales: aproximadamente una de cada diez en la Argentina. Además, fue el puntapié inicial para comenzar a trabajar por la situación deinfraestructura en estos barrios, muchos de ellos con calles de barro y sin acceso a servicios como saneamiento, agua potable o gas.
Como continuidad de esa política, en 2018 el Congreso aprobó por unanimidad la Ley 27.453, que marcó otro avance y permitió, tres años después, asegurar el financiamiento de la política a través del Fideicomiso de Integración Sociourbana (FISU), que proveyó fondos para obras necesarias en los barrios. Todo esto a partir de un trabajo articulado con referentes de los barrios, quienes fueron escuchados.
Según TECHO, la política de integración sociourbana de los últimos años benefició a 1,3 millones de personas, permitiendo construir cloacas, redes de agua, calles, veredas, plazas y viviendas donde antes había barro, tosca, inundaciones y baldes que funcionaban como inodoros.
A fines de febrero, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 93, que, entre otros aspectos, reduce fondos del impuesto PAIS al FISU, disminuyendo del 30 al 0.3 %.
“Si no tiene financiamiento, esta política está en riesgo. Y así es muy difícil trabajar en barrios populares”, cuenta a RED/ACCIÓN Araceli Ledesma, referenta comunitaria del barrio Lagomarsino, Pilar (provincia de Buenos Aires) e integrante de la Mesa Nacional de Barrios Populares. “Que estos proyectos queden desfinanciados es algo muy triste: lo sentimos como un retroceso justo cuando empezábamos a ver los cambios necesarios. La creación del fideicomiso había generado esperanza de ver a nuestros barrios crecer”, agrega.
A su vez, Ledesma señala la necesidad de que el actual Gobierno siga escuchando a los habitantes de barrios populares: “Se nos ha preguntado, junto con organizaciones sociales y especialistas en el tema habitacional, qué problemas enfrentábamos en los barrios y las mejores maneras de solucionarlos. Esta política debe ser trasversal a cualquier Gobierno de turno”.
