Como si todo lo demás fuera poco, la pandemia de COVID‑19 también ha provocado una emergencia educativa mundial. Hay más de mil millones de niños que no van a la escuela por las medidas de distanciamiento social y confinamiento, de modo que la crisis amenaza con dejar una «generación COVID» con un daño irreparable a sus perspectivas futuras. Según un estudio reciente, los niños pakistaníes a los que en 2005 un terremoto impidió ir a la escuela por apenas tres meses mostraban cuatro años después signos de haber perdido 1,5 años de educación.
Encima, la crisis profundiza desigualdades preexistentes. A diferencia de los niños más afortunados que han podido continuar su educación a través de Internet y en otros lugares, los más pobres del mundo han quedado completamente excluidos del aprendizaje, así como de la provisión de viandas escolares, una fuente crucial de nutrición sin la cual 300 millones de niños corren riesgo de padecer hambre.
Otro problema inmediato son los 30 millones de niños que, según se calcula, tal vez nunca vuelvan a la escuela. Están entre los más desfavorecidos del mundo, que a menudo tienen en la educación su única forma de salir de la pobreza. La escuela es la mejor defensa que tienen las adolescentes de este grupo contra el matrimonio a la fuerza, y es lo único que protege a muchos niños pobres de ser explotados en trabajos peligrosos.
Como la educación es un factor crucial en casi todas las áreas del desarrollo humano (desde la supervivencia infantil y la salud materna hasta la equidad de género, la creación de empleo y el crecimiento económico inclusivo) esta crisis afectará toda la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Según los últimos cálculos del Banco Mundial, la pérdida educativa que hoy está padeciendo la generación COVID puede restar un total de diez billones de dólares a sus ingresos futuros.
Quienes están en posición para prevenir que millones de jóvenes se vean privados de acceso justo a oportunidades en la vida no deben quedarse de brazos cruzados. Este es un momento para redoblar los esfuerzos internacionales en pos de lograr que todos los niños reciban una educación primaria de calidad.
Incluso antes de la pandemia, ya había 260 millones de menores no escolarizados, entre ellos muchos de los 13 millones de niños refugiados y 40 millones de desplazados internos. Además, la mitad de todos los niños en los países en desarrollo padecen «pobreza educativa», y llegan a la edad de once años con escasa o ninguna competencia básica en lectoescritura y matemática. Unos 800 millones de jóvenes abandonaron la escuela totalmente desprovistos de aptitudes para el mercado laboral.
Revertir este triste panorama será imposible si no ayudamos a los millones de niños que ya perdieron medio año de educación a ponerse al día. Se necesitan con urgencia recursos para reanudar la educación de los jóvenes y «reconstruir mejor», lo cual incluye invertir en la provisión de enseñanza virtual y personalizada, contratar más docentes cualificados, implementar transferencias condicionales de efectivo para las familias pobres y crear escuelas más seguras, entre otros desembolsos.
Para alentar la provisión de fondos a estas áreas, una coalición mundial de organizaciones lanzó hace poco una iniciativa llamada Save our Future, en respuesta al hecho de que justo cuando más se necesitan recursos adicionales, tres grandes obstáculos se alzan contra la financiación educativa.
En primer lugar, la recesión derivada de la pandemia reducirá los ingresos fiscales disponibles para financiar servicios públicos, en particular la educación. En segundo lugar, puestos a decidir cómo asignar fondos escasos, es inevitable que los gobiernos prioricen el gasto en salud pública y en la recuperación económica, descuidando una vez más la educación. Y en tercer lugar, la creciente presión fiscal sobre los gobiernos de los países en desarrollo tendrá un efecto perverso, al provocar una reducción de la ayuda internacional al desarrollo destinada a la educación, que ya está siendo relegada detrás de otras prioridades en la asignación de ayudas bilaterales y multilaterales.
De hecho, es posible que los mismos donantes multilaterales que ya invierten menos de lo necesario en educación comiencen a redirigir todavía más fondos a otras áreas. Por eso el Banco Mundial prevé que el gasto total en educación en los países de ingresos bajos y medios en 2021 puede ser entre 100 000 y 150 000 millones de dólares inferior a lo planeado.
Esta crisis de financiación no se resolverá sola. Es imprescindible que el G20, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y todos los países reconozcan la magnitud de la crisis e intervengan para ayudar a los niños que han perdido escolaridad a ponerse al día.
En primer lugar, todos los países deben comprometerse a proteger el gasto en educación y priorizar donde sea posible las necesidades de los niños más desfavorecidos, lo cual incluye alentar la asistencia a clases mediante el uso de transferencias de efectivo condicionales y no condicionales.
En segundo lugar, la comunidad internacional debe incrementar el volumen de las ayudas para la educación, en particular para los destinatarios más vulnerables, incluidos pobres, niñas, menores que viven en zonas de conflicto y discapacitados. El modo más rápido de liberar recursos para la educación es el alivio de deuda. Los 76 países más pobres del mundo tienen que pagar 86 000 millones de dólares en vencimientos de deuda en los próximos dos años, de modo que es urgente dictar una suspensión de pagos para que sea posible reasignar ese dinero a la educación y a otras inversiones prioritarias para los niños.
En tercer lugar, el FMI debe emitir 1,2 billones de dólares en derechos especiales de giro (su activo internacional de reserva) y sus miembros deben acordar que estos recursos se canalizarán a los países que más los necesitan. Por su parte, el Banco Mundial debe destrabar recursos para ayudar a los países de bajos ingresos, mediante un incremento del presupuesto de la Asociación Internacional de Fomento. Y todas las economías avanzadas deben seguir el ejemplo del Reino Unido y de Países Bajos, que juntos se han comprometido a aportar 600 millones de dólares a la nueva Facilidad Financiera Internacional para la Educación, un mecanismo que multiplicará esas donaciones en la forma de subvenciones y garantías.
Todas estas nuevas fuentes de financiación deben ser adicionales a la renovación en los próximos dos años de los fondos para la Alianza Mundial para la Educación y para la iniciativa «La educación no puede esperar». Y obviamente, todos los gobiernos deben seguir dando apoyo a la UNESCO, UNICEF y otras agencias de Naciones Unidas que trabajan en la provisión de educación a todos los niños del mundo.
No hay duda de que los desafíos que plantea la COVID‑19 son inmensos. Pero también son una ocasión de redoblar nuestros esfuerzos en pos de lograr el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible: educación de calidad para todos. Los niños de la generación COVID se merecen nada menos que la oportunidad de hacer realidad todo su potencial.
Ban Ki-moon, vicepresidente de The Elders, fue secretario general de las Naciones Unidas y ministro de asuntos exteriores de Corea del Sur. Mary Robinson, expresidenta de Irlanda, es la presidenta de The Elders. Graça Machel, fundadora del Graça Machel Trust, es vicepresidenta de The Elders.
Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda, fue administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Gordon Brown, ex primer ministro del Reino Unido, es enviado especial de las Naciones Unidas para la educación mundial y presidente de la Comisión Internacional para el Financiamiento de Oportunidades Educativas Globales.
