Una de las leyes de Murphy dice que “si algo puede salir mal, va a pasar” y ese pareciera ser el resumen de lo que por estas horas es el proyecto de Reversión del Gasoducto Norte. Una obra que, de no estar lista para este invierno, pone no solo en riesgo el abastecimiento de gas a siete provincias, sino que también promete complicar el sistema eléctrico nacional y, de buscar evitarse esos males, derivará en una sangría de divisas para el Estado.
Para llegar al resumen de la Ley de Murphy debemos comenzar por el principio, por la crisis de abastecimiento de gas en el norte del país que no es nueva ni desconocida.
Desde el 2006, cuando la producción nacional de gas se vino a pique, Argentina selló un contrato de importación con Bolivia a 20 años. El enorme Gasoducto Norte va desde el límite con el vecino país hasta el centro argentino, en Córdoba.
Pero así como le pasó a Argentina antes de Vaca Muerta, la producción de Bolivia cayó y cayó, a tal punto que del contrato original por el que desde YPFB se iban a enviar 27 millones de metros cúbicos de gas por día, se llegó al punto de que el vecino país asegurara que para el invierno que viene ya no tienen más gas que enviar, y mandarán lo que en la industria se define como “interrumpible” y que en términos de almacenero de barrio implica “lo que haya, si es que hay”.
Con ese escenario planteado desde principios de este año, el gobierno avanzó con un plan en teoría simple: la Reversión del Gasoducto Norte. El programa consiste en revertir el sentido de circulación del fluido con una serie de obras en cuatro plantas compresoras, una ampliación en un tramo que necesitará más gas y un nuevo gasoducto, de 120 kilómetros que permitirá que el enorme Gasoducto Norte reciba el gas de Vaca Muerta y lo pueda transportar hacia las provincias.
Desde la estatal Enarsa se consiguieron dos fondos para cubrir el presupuesto que habían estimado de 712 millones de dólares. Por un lado, un crédito de la CAF por 540 millones de dólares, y por el otro lado el dinero que reunió la Compañía Administradora Mayorista del Mercado Eléctrico (Cammesa) por la exportación de energía.
Con esos fondos licitó la obra en agosto, confiados en que lo ajustado del plazo no sería un problema luego de la experiencia ganada en la obra del gasoducto Néstor Kirchner. Pero la macroeconomía metió la cola en un presupuesto que, contrario al sentido común, ya tenía olor a naftalina pues se lo había realizado en marzo.
Las dos empresas que pasaron el primer filtro (BTU y la UTE formada por Techint – Sacde) presentaron sus propuestas pero excediendo el presupuesto oficial en nada menos que un 140%. Y todo esto fue en la víspera de las elecciones presidenciales.
El dato
500 millones de dólares es lo que se estima que falta sobre el presupuesto original para poder realizar la obra, tal como fue licitada.
Nadie se animó a “ponerle el gancho” a aceptar un sobrecosto de tal tamaño, estimado en unos 500 millones de dólares para toda la obra, ya que en realidad ni se terminaron de abrir los sobres.
Así se llegó al cambio de gestión en donde la primera frase del ministro de Economía, Luis Caputo, fue que “toda obra pública que no haya comenzado, no se va a hacer”.
En la volteada cayó inicialmente esta obra, y dejó tecleando a siete provincias y sus 6 millones de habitantes, pero, como en la Ley de Murphy, eso no fue todo.
Gas más caro, por dónde venga
Antes de la finalización del gobierno de Alberto Fernández, desde la presidencia de Enarsa que encabezaba Agustín Gerez, se selló la octava adenda al contrato de importación de gas de Bolivia, algo que como la tostada que cae siempre del lado del dulce, vino a ser la frutilla del postre para el dolor de cabeza del Norte Argentino.
Tal vez -en el mejor de los casos- se pecó de exceso de confianza en que la reversión estaría lista, pero en los hechos, la octava adenda al contrato marcó no sólo la aceptación de Argentina de que Bolivia deje de enviar gas desde el 1 de agosto del año que viene. Sino un problema adicional, ya que se fijó que a partir de ese día se pagará 8,50 dólares (el millón de BTU) por los envíos que Bolivia pueda hacer hasta los 3 millones de metros cúbicos diarios, y 17,32 dólares por el gas que supere esa base.
Para tener una referencia, el gas producido en Argentina se paga entre 3,60 y 4,50 dólares (es más caro en invierno) y el gas natural licuado (GNL) que se importó el año pasado se pagó en los últimos envíos a 12 dólares, por lo cual los precios preacordados con Bolivia marcan dos problemas de cálculo.
El primero es que con 3 millones de metros cúbicos no se cubre la demanda de las siete provincias del norte, mínimamente se necesitan unos 5 a 6 millones de metros cúbicos diarios, es decir, el doble.
Y lo segundo, es que el precio del excedente ya pautado es realmente alto por tratarse de gas natural por gasoducto, de hecho desde hace algunas semanas las exportaciones de gas de Argentina a Chile cayeron significamente a raíz de que el precio de base para exportar a Chile, que quedó fijado de la anterior gestión, es de 7,14 dólares.
Con este escenario por delante, no es nada extraño que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz haya reclamado desde su mismo acto de asunción que se realice la obra de forma urgente. “Si la obra no avanza, en junio nos quedamos sin gas. Nosotros le vamos a vender gas a Brasil, pero no vamos a tener gas los argentinos, es una locura parar la obra”, planteó.
Pero lo cierto es que las obras no se hacen con buenas esperanzas, y el plazo para que los trabajos puedan estar listos antes del 1 de agosto, cuando Bolivia cierre el grifo, no da pues las obras deberían haber comenzado esta semana. De llegarse, se llegará tarde.
Como muestra de esto se puede ver lo que sucede en Tenaris, la firma del Grupo Techint que está a cargo de fabricar los caños para esta obra. La compañía recibió la orden de realizarlos hace un poco más de dos meses, puso en funcionamiento sus máquinas y comenzó a armar los ductos a la medida.
Pero esos trabajos se frenaron hace un tiempo, cuando el depósito de la firma se llenó y sin novedades del inicio de la obra, los operarios hicieron lo que se haría en cualquier empresa: se guardaron los caños hechos y se empezó a trabajar en el siguiente pedido, ductos para Oldelval.
Desde la nueva gestión del gobierno nacional se tomó nota del reclamo de los gobernadores del Norte y se incluyó la obra en la audiencia pública por la tarifa del gas que se debatirá el próximo 8 de enero. Una incorporación que disparó versiones sobre la posibilidad de que se le exijan a las transportistas fondos que en la última Revisión Tarifaria Integral -durante el macrismo- se sumaron a las tarifas para realizar obras, como precisamente ésta.
Y es que en este punto el gobierno deberá apelar a su ya renombrado pragmatismo sobre su premisa de no hacer obras públicas, pues por un lado el crédito de 540 millones de dólares con la CAF ya se empezó a usar y deberá ser pagado. Pero además, no realizar la reversión del Gasoducto Norte multiplicará la sangría de los dólares que tanto faltan en el Estado y no solo en el invierno sino hasta tanto la obra pueda estar en funcionamiento, ya sea hecha por el Estado o por privados.
Efectos en el sistema eléctrico nacional
El temporal que la semana pasada azotó a buena parte del país, pero en especial a la provincia de Buenos Aires, forzó a la importación de energía eléctrica desde Brasil, algo que también tiene vinculación directa con el Gasoducto Norte.
Entre Tucumán y Salta existe un parque de generación de energía eléctrica de más de 3.500 MW de potencia instalada, que representa cerca del 10% de toda la energía del país.
De estas centrales térmicas, muchas ya están fuera de servicio por la crisis del gas, pero el panorama podría ser mucho más complejo para todo el sistema eléctrico argentino, ya que los más de 1.000 MW que hoy están en funcionamiento no están preparados, como sucede en la provincia de Buenos Aires, para trabajar con gasoil, y si no reciben gas, deberán ser apagados.
Esta es la ecuación que el actual gobierno de Javier Milei deberá resolver con los plazos ya en su contra, y con los seis millones de habitantes de Tucumán, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy esperando que, esta vez, la Ley de Murphy no se cumpla.
Este contenido fue originalmente publicado en RÍO NEGRO y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.
