Las personas con discapacidad constituyen, según el INDEC, un 10% de la población argentina. Se trata de un grupo sumamente heterogéneo, pero atravesado por muchos de los mismos problemas: sobre ellas recaen prejuicios, desconocimiento e innumerables barreras.
Fernando Galarraga, entrerriano de 49 años, licenciado en Comunicación Audiovisual y periodista, sabe bien de todo ello. El director interino de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) no solo cuenta con una amplia experiencia de militancia en temas de discapacidad: él es ciego y la primera persona con discapacidad que ocupa el cargo, desde la creación de la agencia en 2017.
—¿Qué creés que significa que una persona con discapacidad esté hoy en el cargo de director de la Agencia Nacional de Discapacidad?
—Se relaciona con la decisión política del presidente y del secretario general de darle prioridad a la discapacidad e incorporar la temática a la agenda pública. Se puede leer un reconocimiento a la lucha de muchos sectores vinculados a la discapacidad, que en el gobierno pasado llevamos a cabo una clara resistencia a políticas de ajuste, de estigmatización a las personas con discapacidad. Esto involucra a otras personas con discapacidad que hay en la gestión de la ANDis. Entendemos que es muy significativo que las personas con discapacidad ocupen roles de relevancia, pero no solo por ser alguien con discapacidad, sino por además reunir otras características ligadas a la participación en movimientos sociales, las tareas y actividades desarrolladas para luchar por los derechos de las personas con discapacidad.
—Por eso solés enfatizar el “nada acerca de nosotros sin nosotros”…
—Ese lema para mí es una definición política muy contundente de lo que queremos las personas con discapacidad: ser protagonistas del diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas.
—En esa línea, ¿qué visión tenés en relación al trabajo coordinado con organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad? Algo que nos comentó una lectora es que, por ejemplo, no cayó muy bien que no se consultara a la Confederación Argentina de Sordos (CAS) para las licitaciones de intérpretes.
—El diálogo con la sociedad civil es imprescindible. La agencia ya tiene muchos espacios en los cuales la sociedad civil participa, como el comité asesor o la parte de sociedad civil que forma parte del Consejo Federal de Discapacidad. Tenemos un diálogo permanente, pero creemos que hace falta ir más allá. Lo importante es escuchar y dialogar y conocer sus inquietudes. Por eso tuve muchas reuniones este año con la CAS. Cada uno poniendo sobre la mesa todos los temas y con la posibilidad de disentir a partir de las diferencias.
—¿Cómo piensan desde la agencia el trabajo con otros sectores del Estado?
—Es uno de nuestros ejes clave, junto con el trabajo con la sociedad civil y el fortalecimiento interno. La agencia debe tener un rol clave acompañando a los demás organismos públicos en el diseño de políticas públicas: es mejor armar un edificio con rampa desde el principio que luego tener que romper la escalinata para hacer una rampa. Con las políticas públicas es exactamente lo mismo: si incorporamos la perspectiva de la discapacidad dese el principio vamos a tener una mayor cobertura. Por eso, además de fortalecernos internamente (porque somos un organismo nuevo) y dialogar con la sociedad, tenemos que trabajar con los distintos ministerios y organizaciones estatales de las distintas jurisdicciones.
—¿Qué prejuicios ves hoy todavía en relación a las personas con discapacidad? ¿Cuáles son los pasos inmediatos a dar en relación a erradicarlos?
—Si bien ha habido un avance innegable a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad a nivel de políticas públicas, sobre todo hasta 2015, y en cuanto a la conformación de muchas organizaciones y sectores que ayudan a visibilizar la discapacidad, a nivel general, en la sociedad todavía la desinformación es muy grande y esto lleva a la multiplicación de estigmas y prejuicios. Aún está muy arraigada esta mirada de la discapacidad asociada a la enfermedad, inviabilidad permanente, a capacidades especiales, a pensar en mundos diferentes: el de las personas con discapacidad y de las personas normales. El Estado tiene que impulsar la visibilidad de la discapacidad. Tenemos que derribar las sólidas paredes del modelo médico hegemónico en relación a la discapacidad y esto no es algo que se haga de hoy para mañana. Lo importante es que el camino ya fue iniciado y que la ANDis tiene una política clara en ese sentido, desde el modelo social: una mirada ideológica y política desde la cual dialogamos con el resto de organismos públicos y la sociedad en general.
—¿Y qué hay que hacer para combatir el modelo que aún impera en gran parte de la sociedad?
—Siempre fui impulsor de que hablemos de discapacidad, pero en ámbitos en donde no es habitual hacerlo. Cuando trabajaba de periodista trataba de tener columnas de discapacidad en programas que no son de discapacidad, porque así me escucharía gente que no conoce de la temática. Ayer, por ejemplo, nos reuníamos con áreas relacionadas a la discapacidad de ministerios y organismos legislativos y yo decía: “No nos limitemos a eso: hablemos con las demás comisiones, con los legisladores que no tienen su agenda la discapacidad”. Obviamente es importante hablar con quienes van a ser nuestros aliados y nos van a dar una mano enorme para impulsar proyectos. Pero también tenemos que sentarnos en comisiones donde la discapacidad no es una temática habitual o no se prioriza. Tanto nosotros como Estado como el resto de la sociedad tenemos que ir mucho más allá de las áreas de discapacidad. Tenemos que sacar la discapacidad de un entorno reducido y llevarlo a todos los sectores gubernamentales y sociales.
—Suena a una tarea muy grande…
—Uno puede pensar que es complicado trasladar todo lo que hay que saber y conocer de discapacidad. Yo siempre pongo el énfasis en que quisiera que la gente no sea experta en la Convención [de los Derechos de Personas con Discapacidad], tratados o leyes, sino que pueda vivenciar la discapacidad en lo concreto, a partir de las barreras que vivimos y cómo las superamos. Y cómo cada persona puede hacer su aporte para superarlas en conjunto, para que esa no sea una tarea solo de las personas con discapacidad y sus familias. Si llevamos información, claridad y formación incluso de cuestiones prácticas vamos a lograr instalar en mayor medida la temática en distintos sectores. Es uno de los grandes retos de este tiempo.
—Una de nuestras lectoras, Lorena, preguntó: “¿Qué porcentaje de personas con discapacidad tienen empleo formal? ¿Cuál ha sido la efectividad de los incentivos fiscales u otros en ese sentido? ¿Qué políticas públicas son a su criterio las que podrían impactar positivamente en la inserción laboral de personas con discapacidad?”
—No podría evaluar los programas de incentivos, dependen del Ministerio de Trabajo, están fuera del área de nuestra competencia. Sin embargo, sabemos que la situación del desempleo de las personas con discapacidad es dramática, no solo en Argentina, sino en el mundo. En este escenario de grave crisis económica, además, obviamente se van a multiplicar las situaciones adversas. Creemos que el Estado debe estar a la altura de este desafío, al igual que acompaña a la sociedad con políticas públicas como el IFE, ATP. Nosotros acompañamos y asistimos a cada ministerio que tiene a cargo temas de discapacidad. Estamos trabajando con distintos sectores gubernamentales para tratar de potenciar el cumplimiento del cupo laboral del Estado. Estamos articulando con el Ministerio de Trabajo para ver cómo juntos articulamos lo que tiene que ver con los registros y cómo apoyamos a las personas con discapacidad a llegar al mercado laboral, tanto público como privado. También preparamos un convenio con la Secretaría de Acción y Empleo Público.
—Otra de las dificultades de las personas con discapacidad es la falta de accesibilidad digital. Mauro, otro de nuestros lectores, preguntó si se tienen pensada líneas de acción concreta para mejorar la accesibilidad web de personas con discapacidad.
—Claramente que sí. Ya brindamos una formación y estamos trabajando en línea con la Jefatura de Gabinete de Ministros, de la cual dependen las plataformas de trámites del Estado, como Mi Argentina o Trámites a distancia. Trabajamos desde la formación, propuestas y un trabajo articulado para mejorar los niveles de accesibilidad en herramientas que son clave. Pero hay otros temas de la accesibilidad que tienen que ver con otras jurisdicciones y el ámbito privado. Hoy hay bajos niveles de accesibilidad, que creo que tienen que ver con el desconocimiento y la falta de información. Y con esta creencia de que accesibilidad está divorciada de algo más lindo o con un diseño moderno.
—¿Qué planes tiene la agencia en cuanto a la educación inclusiva?
—Creo que la inclusión educativa es un proceso al que vamos a llegar indefectiblemente y cómo se va a lograr es un trabajo que tenemos que hacer los sectores involucrados, fundamentalmente el Ministerio de Educación. Nosotros vamos a acompañar e impulsar todo lo que podamos aportar desde nuestro rol. Y sin duda los docentes, instituciones educativas de formación docente, el sector actual de educación especial, los estudiantes, los familiares también serán parte. Es un debate que debe ser muy amplio y participativo, con consensos. Y del proceso nos vamos a enriquecer todos y todas, vamos a lograr mejorar la educación para niños y niñas con o sin discapacidad. La diversidad es algo que enriquece y contribuye a la formación humana en todo sentido.
—Pareciéramos estar lejos hoy…
—Obviamente, para llegar a eso debemos dar muchos pasos que van desde la estructura edilicia de establecimientos, formación docente, preparación de contenidos, sistemas y prácticas educativas, establecer mecanismos de apoyo y seguimiento a los estudiantes y equipos disciplinarios que trabajen.
—Algo sobre lo cual muchos lectores, lectoras y miembros co-responsables manifestaron preocupación fue sobre los trámites que implica la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si bien por la pandemia se prorrogaron los vencmientos de este año hasta fines del 2021, quienes tienen el CUD por vencerse a principios de 2021 no saben si podrán hacerlo en este contexto de pandemia…
—La burocracia no siempre implica algo negativo, es algo que el Estado necesita para certificar la condición de discapacidad en la medida que corresponda en cada caso. La tramitación del CUD está descentralizada. Pero es cierto que debemos lograr que haya más juntas evaluadoras en todo el país. Las provincias están haciendo un esfuerzo y acompañamiento para para que la gente pueda tramitar los certificados más cerca de donde viven. También estamos pensando en usar herramientas que la tecnología nos permite, para acercar el certificado a la gente. En cuanto a los vencimientos de 2021, en las próximas semanas vamos a emitir una resolución en este sentido para transmitir tranquilidad, evitar saturar los sistemas y que la gente no deba correr tras estas cuestiones que un contexto complicado.
[Luego de la entrevista, la ANDis publicó un decreto que establece que los certificados previos al CUD seguirán vigentes luego del 24 de mayo de 2021 para acceder a las prestaciones que otorga el Estado].
—En cuanto a las renovaciones, también hay quienes preguntan por qué son necesarias en casos de enfermedades crónicas o de, por ejemplo, personas trasplantadas.
—Entendemos la discapacidad como una cuestión dinámica. Si solo evaluáramos el factor médico, el déficit, como en mi caso el visual, sabemos que eso no se recupera. Pero se evalúan factores biopsicosociales que se evalúan en el momento de dictaminar la discapacidad, por eso el CUD tiene vencimiento y por eso se tiene la posibilidad de hacer una evaluación en la que participan el médico y otros profesionales. Si no lo hiciéramos así reduciríamos la discapacidad a algo meramente de salud física y no es la mirada que nosotros tenemos.
—Otra de las cuestiones que preocupa a nuestra comunidad de RED/ACCIÓN es que los nomencladores, que fijan los valores que se pagan por las prestaciones, llevan casi un año sin actualizarse.
—Ni los prestadores ni los organismos involucrados desconocen que la situación económica es muy complicada, porque la recaudación del Estado, obras sociales y muchos sectores ha decaído drásticamente este año. Pero es algo que está en agenda: estamos trabajando para llevar la respuesta sobre aranceles en el menor tiempo posible.
—¿Les preocupan las críticas por el mal funcionamiento de Incluir Salud?
—Incluir Salud es un programa que involucra nuestra agencia, pero también a las 24 jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros financiamos una parte del programa con fondos del tesoro nacional, otra parte con el descuento que se les hace a las personas que reciben pensiones no contributivas y la otra parte la aportan los gobiernos provinciales y la CABA. Es una preocupación permanente que este sistema complejo funcione lo más armónicamente posible, teniendo en cuenta la cantidad de actores. Nosotros estamos bastante al día con las transferencias a las provincias y hemos reducido los tiempos de envío de medicamentos de meses a unos 10 días desde que recibimos la solicitud. Esto ha logrado una mejora sustancial, pero tenemos que seguir trabajando con las administraciones provinciales para que el programa funcione más armónicamente.
—Muchas personas con discapacidad desconocen cómo comunicarse para hacer valer sus derechos y los trámites a veces son engorrosos. ¿Coincidís? ¿Cuáles son las vías de reclamo de las ANDis?
—Sí, creo que hay que clarificar mucho los trámites. No queremos que alguien, por tener discapacidad, tenga que vivir presentando papeles, estudios, encuestas sociales para garantizar el ejercicio de sus derechos. Estamos haciendo las evaluaciones necesarias para simplificar los trámites y facilitarle la vida a la gente. Y parte de esto es clarificar la información y la difusión.
