Este martes 26 de octubre, la cámara de Diputados sesionará desde el mediodía con un temario consensuado. El plato fuerte del menú en la Cámara baja será votar el proyecto de Ley de Promoción de la Alimentación Salud, que se conoce como Ley de Etiquetado Frontal y que cuenta desde octubre de 2020 con media sanción del Senado. Una instancia que asoma como una de las últimas oportunidades de tratar la iniciativa antes de que pierda estado parlamentario (lo que ocurriría a fin de año).
La votación se dará luego de que el último 5 de octubre se cayera una sesión en la cual el oficialismo buscaba aprobar el proyecto. La oposición se ausentó y no dio quórum, alegando que el temario no había sido consensuado y que se había avisado de la sesión a última hora. Uno de los argumentos que se esgrimieron desde parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio, y que replicaron muchos usuarios de redes sociales, fue que el tratamiento de esta ley no es prioritario en un contexto de elevada pobreza, que alcanza a 4 de cada diez personas en el país.
Más allá de prioridades legislativas y disputas políticas, lo que ocurrió instaló una pregunta: ¿es el etiquetado frontal una medida poco relevante para sectores socioeconómicos más bajos?
Para responderla, es necesario analizar el problema de la malnutrición hoy en Argentina y cómo la ley apunta a combatirlo. Y, a su vez, poner la lupa sobre las experiencias de otros países de América Latina en donde se implementaron medidas similares también echa luz sobre la cuestión.
El etiquetado frontal y el problema de la malnutrición
“En Argentina, la forma de malnutrición más prevalente es el exceso de peso, que va en aumento y se da en todos los grupos etarios y socioeconómicos. Sin embargo, dos encuestas a nivel nacional dan cuenta de que a menores niveles de educación y de ingresos hay más niveles de prevalencia y obesidad”, explica Victoria Tiscornia, nutricionista y parte de la sede Argentina de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), una de las organizaciones que impulsa la ley de etiquetado frontal.
Tiscornia explica que tanto la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) como la 4ta Encuesta nacional de Factores de Riesgo (ambas de 2019) “dan cuenta de que a menos nivel de educación e ingresos hay más prevalencia de obesidad”.
“Los grupos sociales de menores ingresos evidenciaron mayores índices de exceso de peso a expensas de mayor prevalencia de obesidad, que fue un 21% mayor en el quintil de ingresos más bajos respecto del más alto”, se lee en el primero de estos informes. En síntesis: el problema de la malnutrición es de todos los sectores socioeconómicos.
“Creemos que esta ley protege a toda la población incluidos los sectores socioeconómicos más vulnerables y también a las infancias y adolescencias”, remarca en este contexto Tiscornia.
El artículo 4 del proyecto de ley contempla incluir sellos en el frente del paquete con advertencias de alimentos que contienen excesos de azúcar, grasas saturadas, grasas trans, calorías o sodio.
“El objetivo es informarnos, porque estos nutrientes críticos generan malnutrición, que es justamente prevalente en sectores de menores recursos. El consumo en exceso de nutrientes y excesos de calorías es lo que genera las enfermedades crónicas no transmisibles, la primera causa de muerte en Argentina y el mundo”, afirma.
La nutricionista explica que, según estándares internacionales, lo que se recomienda para solucionar el problema de la malnutrición es un paquete de medidas en conjunto. Y que para la Organización Mundial de la Salud el etiquetado frontal es “la puerta de entrada”.
Este paquete de medidas incluye los siguientes puntos:
- El etiquetado en productos alimenticios, con sellos que adviertan sobre excesos de nutrientes críticos.
- La prohibición de publicidad de estos productos, especialmente la destinada al público infantil.
- La promoción y educación de alimentación saludable en escuelas.
- La prohibición de que estos productos se vendan en escuelas.
- Evitar que el Estado compre productos de mala calidad nutricional.
- Políticas fiscales como la suba de impuestos a los productos con sellos.
De estas seis medidas, las cinco primeras están contempladas en el proyecto que se encuentra en el Congreso.
“El proyecto protege a las infancias no solo porque prohíbe la publicidad dirigida a ellas, sino que también porque prohíbe la venta de estos productos en las escuelas. Pero, además, mejora la calidad nutricional de comedores y merenderos, porque insta al Estado a evitar productos sin sellos”, analiza Tiscornia. Y agrega: “Lo que hoy se da en comedores son alimentos que perpetúan la malnutrición”.
“La idea —sigue Tiscornia— es que luego se apliquen impuestos a todos los alimentos con sellos y desgravar un impuesto en los que no tienen sellos. Esto ayudará a que el entorno alimentario vaya cambiando, que haya ofertas más saludables”.
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Al mismo tiempo, la especialista señala una encuesta realizada por FIC y publicada en abril de este año, en donde se pregunta a la población por su nivel de apoyo a la ley de etiquetado. En la encuesta, el 87% de las personas de grupos socioeconómicos más bajos se mostró a favor de la medida y el 89% coincidió con la siguiente afirmación: “Los sellos negros presentarán la información nutricional de manera clara y simple”.
“Todos tenemos derecho a saber lo que estamos consumiendo, sea de nivel educativo alto o bajo”, enfatiza Tiscornia.
En la misma línea, UNICEF aclaró recientemente que el etiquetado frontal "no es una ley para ricos".
Etiquetado frontal en Chile
En 2016, Chile comenzó a implementar, paulatinamente una ley de promoción de la alimentación saludable muy similar a la que se busca aprobar en Argentina. Una de las especialistas que trabajó en el diseño de la ley es Camila Corvalán, médica y directora del Centro de Investigación del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile. Ella destaca que en su país “la ley se lanzó o implementó para favorecer a personas de menores ingresos”.
Corvalán coincide con Tiscornia en que "la prevalencia de obesidad ha aumentado en general, pero aumenta más en segmentos con menores niveles educación e ingresos". Y señala que “aunque se habían hecho muchas acciones que estaban dirigidas a que las personas tomaran decisiones, la brecha aumentaba”.
“Tenemos dos grandes evidencias que demuestran que esta ha sido una política que ha logrado penetrar a personas de menores ingresos (tanto cuanti como cualitativamente)”, explica Corvalán.
Por un lado, el equipo de investigación del que forma parte realizó durante 2018 distintos focus group, en los que se preguntó a las personas sobre su percepción de la ley.
“Las madres de nivel socioeconómico medio y bajo eran las que más valoraban la implementación, las que decían saber menos y que el uso de este sello tan sencillo les había abierto los ojos. Decían que dejaron de darles a sus hijos alimentos que creían sanos pero que aprendieron que no lo eran, como lácteos o cereales con mucha azúcar”, cuenta Corvalán. Y agrega: “Nos contaban que en los colegios los profesores les enseñaron a los niños cómo leer las etiquetas. Y que ellos han llevado esta información a los hogares y se han vuelto motores de cambio”.
Por otro lado, Corvalán señala una base de datos con representación nacional urbana en la que se puede advertir la evolución de la compra de productos alimenticios con y sin sellos. “Ha habido disminución de compra de alimentos que llevan sello, sobre todo bebidas o snacks dulces”, cuenta. Y detalla: “Cuando los analizamos según el nivel educativo del jefe de hogar y un índice económico, vemos que no hay diferencias que sean estadísticamente significativas. Esto muestra que la ley está cumpliendo el objetivo de generar un entorno más saludable, sobre todo para quienes más lo necesitan, quienes tienen menos recursos”.
A cinco años de la sanción de la ley, un próximo paso en Chile es desalentar la producción de productos alimenticios poco saludables mediante políticas impositivas. Esto, cuenta Corvalán, se ha discutido paralelamente a la implementación de la ley.
Etiquetado frontal en México
En México, la ley de etiquetado frontal se aprobó hace dos años, con el mismo sistema de sellos octogonales que en Chile y que contempla el proyecto argentino.
“A la par de la implementación del etiquetado frontal de advertencias, se realizó el diplomado para profesores de educación básica de la materia Vida Saludable que incluye contenidos sobre alimentación saludable y sostenible, higiene del sueño, actividad física, entre otros temas”, cuenta Alejandra Contreras Manzano, investigadora en nutrición poblacional de dicho país. También destaca que “se encuentran en modificación otras normas oficiales como la de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos, la Ley General de Educación y la Ley General de Salud, así como diversas iniciativas para regular la publicidad dirigida a niños”.
Contreras menciona que según un estudio de 2019 el actual sistema de sellos permitió "a los consumidores de ingresos bajos y medianos tomar decisiones alimentarias con mayor rapidez y fomentó elecciones de alimentos más saludables en los grupos más vulnerables de México”, en comparación al anterior sistema de etiquetado, que regía hasta la sanción de la ley.
Según el estudio, las personas reportaron entender rápidamente que, mientras más sellos, menos saludable era el producto.
Otra investigación, explica Contreras, señala que la población “percibía barreras para el uso y comprensión de la información nutricional según el sistema de etiquetado vigente previo a la ley. Barreras como términos técnicos utilizados, fuente pequeña y porcentajes numéricos”. En otras palabras, el nuevo etiquetado es una forma de hacer más accesible la información para todos los sectores socioeconómicos.
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Etiquetado frontal en Perú
En Perú, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes se aprobó en 2013 y entró en vigencia cuatro años más tarde. El etiquetado, en este país, debe usarse tanto en los paquetes de alimentos como en cualquier anuncio publicitario (televisivos o en la web). La ley también contempla la promoción de la educación nutricional y la actividad física, y la creación de un Observatorio de Nutrición y estudio del Sobrepeso y obesidad y regulación de la publicidad.
"Aún son pocos los datos que se tienen sobre el impacto de la ley”, sostiene Lorena Saavedra Garcia, nutricionista y coordinadora de proyectos de CRONICAS Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Por otra parte, amplía: “en el 2019 se vio una reducción en la venta de algunas categorías de alimentos. Esto fue más notorio en hogares con niños”. También cuenta que un estudio de CRÓNICAS realizado en escuelas encontró que a pesar que la norma prohibía la venta de alimentos con octógonos en estos establecimientos, todavía se comercializaban a fines de 2019. “Estos resultados fueron tanto en escuelas públicas como privadas, lo que evidencia que personas de niveles socioeconómicos altos, medios y bajos están expuestos a estos alimentos”, aclara.
Saavedra cierra con esta visión: “En Perú también se argumentó en contra de la ley al decir que no era relevante para personas de menores recursos económicos. Los productos alimenticios altos en nutrientes como azúcar, grasas o sodio suelen ser de bajo costo, lo que los hace accesibles a la población de menores ingresos, y se los suele escoger por sobre alimentos más saludables. Precisamente por ello es importante que se implementen políticas que aborden el problema del consumo de alimentos ultraprocesados”.
Etiquetado frontal en Uruguay
Aunque en Uruguay los productos con exceso de nutrientes críticos deben advertirlo en el frente del envase, esto no obedece a ninguna ley, sino a un decreto.
Esto es un problema, ya que al decreto “lo van cambiando por presión de la industria”. Así lo explica Diego Rodríguez, sociólogo e investigador del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET) que integra la alianza de enfermedades no transmisibles y ha acompañado la campaña por una ley de etiquetado frontal. “La industria ha interferido para que se vaya flexibilizando el perfil de nutrientes que se considera para determinar cuándo hay excesos. El decreto original es de 2018 pero ya se cambió dos veces (el vigente es de febrero de 2021). Por eso, a pesar de que tenemos en Uruguay etiquetado frontal, el país no ha seguido las recomendaciones de Organización Panamericana de la Salud en la materia”, remarca.
Además, Rodríguez critica que no se fiscaliza la medida, como tampoco otros decretos que también apuntan a una alimentación saludable (como los inherentes a regular el marketing).
“Antes de que el actual gobierno cambiara la primera normativa que habíamos definido como etiquetado, en un período corto de aplicación se hizo UNICEF hizo una investigación que mostraba que 89% de la población entendía el etiquetado y consideraba que lo ayudaba a mejorar la calidad de su alimentación. A la gente le resultaba fácil de entender. Además, este año hicimos un relevamiento desde el CIET que indica un porcentaje similar”, dice.
“Cuando vemos por nivel educativo o socioeconómico —profundiza el investigador— las diferencias no son significativas. Todos entienden el octógono. Y la población en situación de vulnerabilidad son quienes principalmente acuden a estos productos chatarra porque lo tienen al alcance de la mano, en el negocio a la vuelta de la esquina y son más baratos”.
“El octógono es una medida educativa que beneficia principalmente a quienes tienen menos formación. El relevamiento que realizamos desde el CIET este año mostró que la información nutricional era menos leída por personas de nivel educativo o socioeconómico más bajo. Si facilito la lectura, impacto más en quienes menos suelen leer”, concluye.
Al mismo tiempo, Rodríguez considera que tanto los sellos en los productos como impuestos a estos ultraprocesados llevaría a las empresas a reducir sus niveles de nutrientes críticos. “Van a seguir siendo malos productos, pero al menos va a mejorar la calidad de lo que consumen, sobre todo, quienes menos recursos económicos tienen”, explica.
