Este artículo está siendo leído gracias a la minería. Desde un celular o una computadora, ambos dispositivos poseen litio en su interior, en sus baterías. El más liviano de todos los metales se encuentra en salares de altura y su minería requiere de la extracción de grandes cantidades de agua.
Pensemos en ese celular con componentes con litio. Escalémoslo a nivel global. En un mundo donde hay más personas con celulares que con acceso a inodoros, según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuánto litio necesitamos? ¿Cuánto litio vamos a necesitar en un futuro? ¿Está bien extraer minerales para que podamos comunicarnos, tuitear y subir fotos?
La lucha frente al cambio climático parece también requerir del litio. La necesaria transición hacia las energías renovables supone de la extracción de este mineral, base de las baterías de almacenamiento de energía. Lo mismo aplica a los vehículos eléctricos, alternativa más amigable con el ambiente que los que dependen de combustibles fósiles.
¿Qué hacemos entonces? ¿Decimos no a la minería, pero sí a actualizar nuestro teléfono cada vez que sale una nueva versión? ¿Decimos no a la minería, pero sí a más paneles solares y molinos eólicos que nos brinden energía? ¿Nos oponemos a la minería o la aceptamos ante determinados casos?
“Oro blanco”, así se lo ha llamado atractivamente al litio. ¿Qué ocurre con el otro, con ese que brilla, pero que escasamente usamos en nuestras casas?
La extracción de oro implica una actividad en gran escala. Proyectos que impactan más nocivamente en el ambiente, ¿para qué? ¿o para quiénes?
“El 14% máximo de la demanda de oro a nivel mundial se relaciona con aplicaciones tecnológicas y el 86% restante se va a reserva de valor en bodegas, a cajas fuertes de bancos internacionales para que los países lo tengan como medio de intercambio”, explica Andrés Eduardo Ángel Huertas, geólogo colombiano experto en minería y asesor científico de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
¿Estamos dañando el ambiente para hacer lingotes y guardarlos en bodegas bancarias? ¿Qué tipo de minería aceptamos? ¿Bajo qué criterios? ¿Para qué fines?
Frente a las críticas por el impacto negativo en el ambiente y la sociedad, representantes políticos y empresarios suelen defender la promoción de la actividad bajo el concepto de la minería sustentable. Pero, ¿a qué se refieren? ¿Es posible una minería sustentable?
¿Quiénes deciden qué tipo de minería hacer?
El norte argentino forma parte del llamado “Triángulo del Litio”. Junto con el norte de Chile y el sur de Bolivia poseen cerca del 80% de las reservas mundiales de litio en salmuera. La mayoría de los proyectos mineros en el país están concentrados en Salta, Jujuy y Catamarca.
Clemente Flores es miembro de la comunidad aborigen El Angosto que allí habita, más precisamente en el distrito El Moreno, en las Salinas Grandes de Jujuy. La lucha de su comunidad por cuidar su territorio ante los intereses de multinacionales se dio a conocer el año pasado a través de la presentación del anticipo del documental “En el nombre del litio”, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“No podemos matar a una comunidad para decir que vamos a salvar otra. Tenemos que cuidar el agua, la salud, a la gente, a quienes vivimos en el territorio”, expresaba en una sala de cine porteña ante los espectadores.
Sus palabras nos remiten a dos cuestiones interconectadas. Por un lado, la minería litífera supone un desequilibrio hídrico en los salares, reservas de agua dulce de vital importancia para la biodiversidad y las comunidades locales.
Por otro lado, las empresas llegan con promesas de desarrollo local, pero terminan poniendo en peligro la supervivencia de las comunidades. “Donde hay minería en el mundo, hay conflictividad social y ambiental”, opina el abogado ambientalista Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Uno de los mayores desafíos para el desarrollo minero se encuentra en que las empresas y los gobiernos locales respeten la participación ciudadana, especialmente de las comunidades indígenas. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales establece que los gobiernos “deberán consultar a los pueblos cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
En esa misma línea, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas refuerza la necesidad de garantizar su “consentimiento libre, previo e informado”. El Convenio tiene rango constitucional en nuestro país, pero escasas veces se respeta. Los proyectos de litio en el norte argentino son un ejemplo de eso.
“Las comunidades indígenas tienen mucho para decir y son las primeras que nadie escucha”, manifiesta Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, y agrega: “En la medida en que los proyectos mineros sigan solamente dirimidos entre los empresarios mineros y los gobiernos provinciales, van a tener un destino bastante azaroso”.
El agua, la minería y la gente fueron recientemente protagonistas en Mendoza, donde miles de personas salieron a las calles ante un intento del gobierno provincial por modificar la Ley 7722 en favor del uso de sustancias químicas en la actividad. La demanda y la presión social fue tal que las autoridades tuvieron que dar marcha atrás con el decreto modificatorio.
Situación similar se vive en la provincia históricamente pionera en defender el ambiente ante el desarrollo minero: Chubut. Allí, la gente se moviliza para que la primera de las leyes que ha buscado regular la actividad en el país -la Ley 5001- no sufra modificaciones que habiliten el desarrollo de la megaminería.
¿Es la conflictividad social un problema universal de la minería?
¿Cuál es la mirada del sector sobre la participación ciudadana? “Consideramos fundamental que se generen instancias de diálogo con miras a lograr acuerdos. Donde haya lugar y voluntad para informarse a partir de datos científicos y comprobables, y que se opine con responsabilidad”, responde Alberto Carlocchia, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM).
¿Es la conflictividad social un problema sólo de la minería en la Argentina? Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de 2018, América Latina y el Caribe es la región con más conflictos socio-ambientales de explotación minera. La cifra de conflictos registrados ha aumentado en aquellos países con mayor desarrollo de la actividad.
Al norte del continente, la contaminación de la megaminería y la conflictividad social con los pueblos indígenas locales ha sido una constante en países como Canadá.
En medio de las movilizaciones juveniles climáticas de septiembre de 2019 en Nueva York, la activista canadiense de 15 años Autumn Peltier, perteneciente a la Primera Nación Wiikwemkoong y defensora del agua, nos daba su mensaje a los líderes: “Deben actuar ahora y no hablar sobre lo que está sucediendo en el mundo. Necesitamos encontrar soluciones. Necesitamos actuar ahora, no mañana, no el próximo mes, no el próximo año, hoy”.
¿Qué minerales necesitamos para el desarrollo del país?
14% para aplicaciones tecnológicas. 86% para reserva de valor en bodegas bancarias. Las cifras sobre el oro que mencionaba Huertas al inicio de esta nota son contundentes. Entre múltiples interrogantes que supone el desarrollo de la minería, esas cifras nos conducen a otro, tan necesario para la región como para la Argentina: ¿qué minerales necesitamos para el desarrollo del país?
En la Argentina, el oro es el principal mineral extraído de la actividad metalífera, aportando el 47% del valor de la producción minera y el 65% de las exportaciones del sector, según los Informes de Cadenas de Valor del Ministerio de Hacienda del año pasado.
Veladero en San Juan, y Cerro Negro y Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, aportan más del 70% de la producción argentina de oro. La mina a cielo abierto Veladero, perteneciente a la canadiense Barrick Gold, se ubica entre las 10 minas de oro más grandes del mundo. En los últimos años fue noticia por sus derrames de cianuro.
La pregunta por los minerales necesarios parece implicar otra vinculada al desarrollo posterior de la actividad. Hoy la Argentina exporta carbonato de litio para que se produzcan las baterías de iones de litio que luego usamos.
Viale considera que, “siempre que primero se garantice la participación de las comunidades, el otro desafío para la minería de litio sería modificar la legislación para que el Estado pueda participar y se agregue valor. Es decir, en lugar de exportar ese carbonato de litio, generar las baterías de litio en el país”.
Qué necesitamos, bajo qué desarrollo, y cómo responder a la demanda. Huertas destaca que hay que considerar no sólo la escala de los proyectos mineros sino también del consumo. Fórmula matemática: a más demanda de celulares, más necesidad de baterías, más extracción de litio. “Hoy en el mundo se producen 200.000 toneladas de litio al año, y para 2050 se estima que demandaremos cinco millones de toneladas”, cuantifica.
¿Cómo se responderá a esa demanda? ¿Cómo se considerará la voz de las comunidades locales para ello? ¿Se la considerará?
Proyectos a gran escala y todas las preguntas que plantea la megaminería
Qué minerales necesitamos para el desarrollo del país y cómo responder a la demanda existente, supone una cuestión no menos importante: el tipo de actividad minera. Ahí la megaminería abre un abanico de interrogantes que parecen conducir a dos caminos antagónicos: sí o no.
La Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut define la megaminería como “una minería metalífera transnacional a gran escala, es decir, una explotación realizada por empresas multinacionales que ocupan enormes territorios para su desarrollo”.
“Todo el proceso para la extracción del mineral es altamente destructivo: se vuelan montañas y cerros enteros con explosivos, se necesita mucha agua, se emplean muchos químicos como cianuro, mercurio o ácido sulfúrico, se consume gran cantidad de energía -argumenta Viale-. No es una cuestión de que haya mayor control, sino que, por las características de explotación, no hay forma de hacerla sustentable”.
Nápoli coincide: para él, la megaminería no debería desarrollarse. Sus argumentos consideran también las variables económicas: “Es una minería de exportación, las regalías son bajas, hay pequeños sectores beneficiados y grandes perjudicados, y deja apenas algunos ingresos fiscales a las provincias”.
¿Puede haber un impacto ambiental perpétuo?
Huertas suma otro aspecto poco considerado en los estudios de impacto ambiental de los proyectos y a la hora de repensar el destino de aquellos metalíferos a gran escala: los impactos a perpetuidad. ¿De qué se trata? Son aquellos impactos que, tras el cierre de las minas, pueden persistir por siglos o milenios. Por ejemplo, actividades que pueden contaminar el agua, no al largo plazo sino “para siempre”.
¿Suena lógico incentivar un proyecto de extracción de un recurso no renovable cuyas consecuencias pagarán las generaciones futuras?
Al Estado minero de Colorado, en Estados Unidos, no le pareció tanto y el año pasado aprobó una normativa que prohíbe la realización de todo proyecto minero que no pueda probar que no generará impactos a perpetuidad.
Es decir, todo proyecto minero debe demostrar una fecha previsible en la que terminará de saldar la remediación de su impacto (especialmente en lo referido al agua). Además: debe garantizar poseer el financiamiento para hacerlo.
La ley 5001 que recientemente volvió al debate en Chubut, surgió en 2003 tras el reclamo activo de la ciudadanía. El 81% de la población de Esquel rechazó la explotación de una mina de oro y plata, y hoy esa normativa prohíbe toda actividad metalífera a cielo abierto y con uso de cianuro en la provincia. Hoy hay quienes desde el poder político quieren modificarla para favorecer a la industria.
Ante el reciente caso en Mendoza -donde el intencionado cambio en la ley, era un paso en favor del desarrollo de la megaminería- el flamante secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, expresó en el programa radial Sábado Verde: “La minería era una responsabilidad de los mendocinos por sí o por no, pero el agua es un tema de todos, porque es interjurisdiccional y porque además la nación tiene responsabilidad a partir de, por ejemplo, la Ley de Glaciares”.
Sobre eso, Nápoli opina: “Es claro que la explotación de los recursos naturales corresponde a las provincias, pero hay que rediscutir el alcance y la responsabilidad. No puede ser que las provincias sean absolutamente dueñas de todo y decidan sobre el futuro de la minería. Los recursos naturales son de la provincia, pero el impacto de las actividades es en el resto del país”. ¿Cómo considera que se puede mejorar esto? Rediscutirlo a nivel constitucional o con políticas ambientales desde el gobierno nacional.
¿Es posible una minería sustentable entonces?
“La pregunta es clave. Hay un tema semántico que se viene manejando en América Latina que nos preocupa. Advertimos un mismo discurso pre-formateado de `minería sustentable´ ante países que tienen normativas diferentes”, asegura Huertas, que ha participado como investigador en diversos conflictos socioecológicos y procesos de defensa de territorios relacionados con neoextractivismo.
¿Qué opinan desde el sector? El presidente de la CAEM manifiesta: “La `sustentabilidad´ es un concepto poderoso, que incluye la responsabilidad y que hoy excede lo ambiental. La idea llegó para instalarse como un norte para todas las actividades productivas. Hoy la minería aprendió que, además de ser competitiva desde lo productivo, tiene que constituirse como una actividad socialmente sustentable y enlazada a la comunidad”.
¿De qué prefieren hablar desde la Cámara hoy? “Minería comprometida con un desarrollo sustentable en lo social, lo ambiental y lo económico”.
Hablando de conceptos, desde hace tres años la Argentina adhirió al programa “Hacia una minería sustentable”, creado por la Asociación Minera de Canadá (mayor país inversor en minería metálica en América Latina y el Caribe, y el mundo según CEPAL), y que hoy lo implementan en el país 17 proyectos mineros, entre los cuales se encuentra la mina Veladero.
En más de una ocasión Huertas les ha consultado a los empresarios a qué se refieren con “minería sustentable” o “responsable”, y la respuesta coincide: “Es una minería que cumple con los estándares ambientales del país”.
¿Por qué esto es preocupante? “Porque los estándares son diferentes, algunos países lo hacen mejor y a otros ni les interesa contar con una legislación. Entonces es muy fácil para una empresa hacer `minería responsable´ en un país que no tiene legislación ambiental o en donde la misma es débil”, explica.
Más que de la ciencia o la técnica, para el asesor de AIDA el concepto “minería sustentable” proviene del departamento de marketing del sector extractivo, y luego es adoptado por algunos gobiernos. Con ello coincide Viale: “Hablar de `minería sustentable´ es una contradicción en sí misma. No hay posibilidad alguna de hacer este tipo de actividad, en especial la megaminería, de manera sustentable”.
Nápoli profundiza en la contradicción del concepto: “La minería es una actividad extractiva y, por lo tanto, no es sustentable. Puede haber minería responsable si cumple con la normativa, si realiza las consultas, si cuenta con licencia social”. El abogado enfatiza: no es lo mismo megaminería que proyectos de baja escala.
Huertas añade otra diferenciación semántica: “En su discurso, las empresas hablan de 'producir', no de extraer, y así buscan quitarle el carácter de no renovable a la actividad.
En Colombia han llegado a decir 'petróleo bien hecho'”. ¿A qué se refiere? “Producir” quita toda referencia a un mineral que es finito, que es limitado, que no estará allí siempre.
“Extraer”, en cambio, recuerda que se está quitando un mineral que no estará infinitamente disponible para satisfacer nuestras demandas (o la de algunas bodegas de bancos).
Son múltiples los interrogantes que plantea el desarrollo de la minería. Las respuestas para pensar sus soluciones abren aún nuevos sobre el modelo de desarrollo de país, sobre los minerales que necesitamos, sobre cómo abastecer una demanda creciente, sobre cómo dejar de hacer oídos sordos a la voz de las comunidades originarias y de los pueblos que marchan.
Este artículo fue escrito gracias a la minería, gracias a la extracción de litio para la batería de una computadora. ¿Hacia dónde debiera ir esta actividad extractiva considerando todos estos planteos? ¿Hacia dónde terminará yendo? ¿Cuáles serán las consecuencias ambientales, sociales y económicas del camino elegido?
