“No es lo mismo ser hombre que ser mujer, que ser mujer negra, que ser mujer pobre. No es lo mismo ser pobre y rubio que pobre y morocho. No es lo mismo ser gay pobre que rico. Y sumale a eso tener algún tipo de consumo problemático o ser una persona con discapacidad o alguien que porta VIH. Si estás en la cola para solicitar un trabajo no es lo mismo ser negro que ser blanco, ser hombre que ser mujer, tener hijos o no, vivir en la Villa 31 o en Recoleta. Tampoco es lo mismo ser migrante europeo que ser boliviano, paraguayo, venezolano. Y deconstruir eso implica nombrarlo. Porque creemos que lo que no se nombra, no se visibiliza, no existe”.
Lorena González es la jefa de gabinete del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo que comenzó el proceso de construcción de un nuevo Plan Nacional contra la Discriminación. Se trata de un objetivo que se pusieron desde el inicio de la gestión, en diciembre de 2019. Ella repasa y nombra sin tapujos las realidades de diferentes comunidades que, pese a los numerosos avances y conquistas, siguen quedando excluidas y a las que se les siguen negando derechos.
El antecedente
El Plan Nacional contra la Discriminación es “un compromiso del Estado nacional de generar una cierta cantidad de políticas públicas para erradicar diversas formas de discriminación, racismo y xenofobia”, define Ignacio Muruaga, Coordinador de Comunicación Estratégica del INADI. Él señala la importancia del antecedente sobre el que se trabajará el nuevo documento: el Primer Plan Nacional, elaborado en 2005 como consecuencia de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia que tuvo lugar en Durban, Sudáfrica, en 2001.
“El plan anterior en su momento fue muy vanguardista. Generó una serie de compromisos estatales y, sobre todo, una serie de cambios de visiones que el Estado tenía sobre muchos grupos vulnerables, que en ese momento fueron casi revolucionarios. Es un plan que tiene, incluso, una perspectiva de género y que se expresa sobre la diversidad, sobre el racismo y otros grupos vulnerados de maneras en que el Estado nunca antes se había expresado. Con lo cual, para nosotros, el plan original fue un hito histórico en este país”, dice Muruaga.
El funcionario recuerda que ese primer documento permitió comenzar a elaborar nuevos conceptos y miradas respecto a las políticas que el Estado lleva adelante a diario. Allí se empezó a reconocer, desde lo estatal, a la comunidad LGBTIQ+, una deuda pendiente antes de eso. Lo que allanó el terreno para que después fuera el mismo Estado, junto a la lucha de las organizaciones sociales, el que sancionara la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género.
Hoy, 15 años después, surge la necesidad de actualizarlo: realizar un nuevo diagnóstico, repensar los debates, evaluar qué compromisos asumidos en ese primer plan se cumplieron, cuáles no, recoger las demandas pendientes de los colectivos ya existentes por entonces y las de aquellos que emergieron en esta década y media.
El camino a un nuevo plan
El primer paso para la elaboración del nuevo plan consiste en escuchar a las organizaciones de la sociedad civil que luchan a diario, en todo el país, por la defensa de los derechos de los diferentes colectivos vulnerados o afectados por la discriminación, el racismo o la xenofobia, en alguna de sus formas. Para eso convocaron una serie de foros regionales, que se transmiten en vivo a través de la cuenta de Facebook del INADI, en los que cada una de las agrupaciones tiene cinco minutos para exponer su situación y lo que les gustaría que contemple el documento. Además, cada ciudadano que lo desee puede dejar sus comentarios y aportes en la cuenta. Las organizaciones también pueden ampliar sus demandas y deseos mediante formularios de Google que el INADI les envía para que puedan explayarse y completar la exposición oral. Hasta el cierre de esta nota se realizaron los foros de la región Patagonia, Cuyo y NOA.
“Lo que estamos haciendo es generar un mecanismo para debatir sobre las nuevas formas de discriminación y las visiones de las organizaciones con respecto a cómo debería reconocerlas el Estado y cómo debería trabajar, a través de políticas públicas, para erradicarlas o generar concientización alrededor de las mismas”, dice Muruaga.
Y la convocatoria viene siendo un éxito: hasta el momento, cuenta, se anotaron para participar más de mil organizaciones en todo el país.
Desde aquellas que trabajan o militan por la diversidad sexual, los derechos de los pueblos originarios, las personas con discapacidad, hasta clubes deportivos, funcionarios, autoridades locales, bibliotecas populares. Todas tienen su espacio en estos foros que la pandemia no permitió que se realicen de manera presencial pero favoreció, con las posibilidades de la virtualidad, la presencia de pueblos y comunidades del interior del país que de hacerse de otra manera probablemente no hubieran podido participar.
“El INADI no es un instituto que representa a las minorías si no a las mayorías —aseguró Victoria Donda, titular del organismo, en la apertura de los foros—. Si nos fijamos en la sociedad que tenemos, una sociedad patriarcal, somos las mujeres y quienes no tienen una forma binaria de vivir nuestra vida, nuestra sexualidad, les discriminades; si vemos la sociedad desde el capitalismo, está la cuestión de clase, por eso son los pobres a quienes más se discrimina; y si vemos esta sociedad colonizada, que es parte de esta América Latina colonizada, lo que oprime es la mirada racista de que quienes tienen que venir a poblar la Argentina son los europeos blancos. Entonces, si vemos que los negros, los no blancos, los pobres, las mujeres, las disidencias, las diversidades, somos les discriminades, nos vamos a dar cuenta que a quienes se nos discrimina somos mayoría, por eso estos foros son fundamentales para poder modificar las cosas”.
Las demandas de las diferentes provincias del país son un reflejo de lo que afirma Donda: el abanico de problemáticas, algunas con puntos en común y otras con particularidades propias de cada región, da cuenta de que las situaciones discriminatorias y la carencia de derechos no es una cuestión de minorías.
Una pequeña muestra de esa diversidad
En el foro Patagonia, Victoria Castro, de la organización 100% Diversidad y Derecho de Tierra del Fuego, habló de la deuda pendiente con la comunidad travesti-trans: “Hay compañeras y compañeros que siguen muriendo. Sigue siendo difícil que se les respete su identidad autopercibida, sigue siendo el ámbito prostibulario la única opción para muchas integrantes de este colectivo”, dijo. Y pidió con urgencia la ley de cupo laboral trans: “Es momento de que nos den la posibilidad de tener acceso a un trabajo y que podamos mostrar nuestras habilidades como cualquier otra persona”.
En el mismo foro, María Laura Nahuel Xalkan, de la agrupación Lof Nehuen Mapu, de la comunidad mapuche de Neuquén, contó que comenzaron a trabajar con el INADI para denunciar la discriminación y estigmatización a su pueblo desde un material educativo donde además se lo mencionaba como extinto. “Creemos que algo que no debe faltar en este nuevo plan es la visibilización de la lucha de nuestro pueblo y para eso necesitamos también articular con otras instituciones como el INDEC. Este año se iba a hacer el censo nacional de población, necesitamos que se sigan incorporando variables, que se contemplen aquellas sobre nuestros pueblos originarios”, afirmó.
En el foro de Cuyo, Belén Mansilla, de Marea y Barrios de Pie, de la provincia de La Rioja, contó que habían abierto talleres de lengua de señas “para ampliar la inclusión en los territorios”. En la misma región Laura Verón de Somos, de Casa del Encuentro, Mendoza, habló de la discriminación de los barrios populares y de su situación en el contexto de la pandemia: “La consigna ‘quedate en casa’ para unos significa estar resguardados y protegidos pero en los barrios populares eso no existe: la mayoría de las personas tiene que salir a trabajar día a día para llevar el plato de comida a sus hijos, y eso genera discriminación y racismo hacia los negros. Porque somos negros los que vivimos en esos barrios, somos los pobres. Entonces eran ‘los negros que no hacían caso, que no cumplían con las pautas que daba la sociedad’”.
Barrios populares: cómo se organizan, administran la ayuda y qué necesitan con más urgencia
En el foro del NOA Cristina Garat, integrante de Las muchachas peronistas, de Tucumán, contó que trabajan por los derechos políticos de las mujeres y las disidencias. Sugirió llevar a cabo acciones de discriminación positiva (que favorezcan a las mujeres y las disidencias) para que la participación de estos colectivos y su representación política esté asegurada. Y dijo que una de sus metas era conseguir la paridad de género en su provincia. “Consideramos que ese tiene que ser un desafío que asuman todas las expresiones políticas en todas las provincias”, agregó.
El abogado Hernán Mascietti, del Grupo Techo y Tierra, de Salta, trabaja en la defensa de las comunidades indígenas y sus asentamientos. Y expuso sobre la urgencia de asistirlas: “En la Ruta 86 están muriendo en sus casas porque tienen un grave problema de discriminación médica. A tal punto que el año pasado un médico, que fue grabado, dijo que a los wichis que atendía los dejaba morir, les daba placebo para que se murieran. Imagínense el estado de discriminación ahora con esta pandemia”.
Una vez que los foros regionales finalicen, un equipo del INADI recolectará, analizará y realizará una síntesis de todo lo dicho, sumado a los aportes enviados por formulario y a los comentarios hechos en Facebook. A partir de esa información, junto a la revisión del plan anterior y el análisis sobre las demandas pendientes y las que surgieron en los últimos años, se comenzará a diseñar el nuevo plan que luego se traducirá en políticas públicas. Es un proceso del que participarán todas las áreas del Estado.
Discriminación a migrantes, gordofobia, veganismo: qué cosas se actualizarán y cuáles se agregarán al nuevo plan
“Esta gestión del INADI se propone trabajar tres ejes transversales: la cuestión de clase, la cuestión de género y la cuestión étnico-racial como atravesando todas las otras cuestiones”, dice Lorena González respecto a cómo imaginan que organizarán su trabajo. Y explica: “Creemos que estos tres ejes definen un lugar en el mundo y determinan el desigual acceso de las personas a los derechos. A esos se le suma la orientación sexual, las cuestiones de salud, tener o no alguna discapacidad, ser o no usuario de drogas, ser migrante”.
En cuanto a las nuevas causas, identidades o comunidades que debería incluir este nuevo plan, tanto González como Muruaga dicen que es algo que se definirá una vez finalizados los foros y el análisis de los aportes. De todas formas tienen en mente algunas cuestiones que emergieron en el último tiempo y otras que, aunque existían previamente, eran muy incipientes y hoy tienen demandas más fuertes que, suponen, integrarán el documento. Ejemplo de ello son “los mandatos hegemónicos respecto a las corporalidades. Algunos le llaman gordofobia, otros gordo-odio. Esto, en el documento de 2005 está planteado como ‘racismo estético’ y hay que repensarlo —dice González—. A la vez, surgieron muchas cuestiones por parte del colectivo que se denomina ‘activismo gordo’ y hay muchas nuevas demandas”.
Una de ellas es la correcta aplicación de la Ley de Talles. “Nosotros consideramos que debería tener un ente de aplicación para asegurar que se cumpla, eso quizás podría ser contemplado entre las recomendaciones de este nuevo plan”, señala.
También menciona como deuda pendiente repensar qué sucede con las personas que tienen consumos problemáticos respecto al acceso a la salud, la educación y el trabajo; ya que muchas veces son estigmatizados y expulsados por su condición de consumidores.
La ley de cupo laboral trans es la siguiente consigna fuerte de este colectivo que, si bien ganó batallas en los últimos años, sigue siendo marginado en el ámbito del trabajo y la salud. Además, dice, está la necesidad de nombrar a cada una de las nuevas identidades diversas, porque aunque la palabra “disidencias” las incluya, cree necesario visibilizarlas en sus particularidades, según como se perciban, para que la sociedad las conozca y reconozca.
Algo similar sucede con las cuestiones étnicas y con los migrantes, asegura. Es fácilmente reconocible, más en los últimos años, que tanto la inserción laboral, como el acceso a la salud y a la educación que tienen los migrantes latinoamericanos es muy distinta a la de los europeos.
Otro aspecto aún muy incipiente pero que empezaron a considerar son las nuevas tendencias alimenticias como el veganismo y cómo la adopción de este tipo de hábito afecta en diferentes ámbitos de la sociedad a quienes lo eligen. “Todavía hay que construir esa idea porque no es que de un día para el otro podés decir que usar la palabra ‘vegano’ de una manera peyorativa es discriminatorio, para poder afirmar que no hay el mismo acceso a derechos por el solo hecho de ser vegano tenés que considerar una cantidad de pruebas. Estamos trabajando el tema”, explica.
Otro de los puntos fuertes a analizar en este nuevo documento será la circulación de discursos de odio en las redes así como las prácticas discriminatorias que se dan allí, los límites delgados entre la libertad de expresión y un acto discriminatorio, cuándo es violencia y cuándo no, qué es amenaza y qué no lo es, qué es acoso y qué no en Internet.
“El INADI no quiere ser policía del pensamiento ni de lo políticamente correcto, queremos realmente aportar para construir un consenso social sobre prácticas inclusivas o buenas prácticas y erradicar las excluyentes y discriminatorias, violentas. Porque la otra cuestión que queremos poner sobre la mesa es que discriminación es violencia. Y hay que trabajar sobre esta idea”, concluye González.
La expectativa del organismo es que el nuevo plan esté listo a principios del año próximo y que, a partir de su aprobación, se comience a trabajar en la implementación de los compromisos estatales que regirán durante el período 2022-2025.
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