Hoy, el Senado buscará convertir en ley el proyecto de emergencia alimentaria que establece un "incremento de emergencia como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".
Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición?
Una gran parte tiene que ver con comedores. Según datos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, presentados por Marcos Peña en el informe a Diputados N°118, actualmente hay 1.270 comedores comunitarios y 19.036 comedores escolares en todo el país, a los que asisten casi 3 millones de personas. Es un número que creció por más de un millón de personas entre 2016 y 2017 y desde entonces se ha mantenido estable.
La Provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de personas que se alimentan en comedores: 1.8 millones. La gran mayoría son niños, niñas y adolescentes que dependen de la comida que reciben en sus escuelas como fuente principal de alimentación. Según un reciente estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes del Gran Buenos Aires comen en estos comedores. Es un número que se duplicó desde 2010.
La inseguridad alimentaria, en aumento
Una de las principales causas del incremento en el número de personas que dependen de comedores comunitarios y escolares es la creciente inseguridad alimentaria en el país, la cual llegó a un pico histórico en 2018.
Hoy en día, el 29% de los niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años vive en un hogar en el que sufren de inseguridad alimentaria, según datos de la UCA. Es decir, casi uno de cada tres hogares tuvo que bajar la calidad y cantidad de alimentos por problemas económicos. Además, en algunos casos, los adultos tuvieron que omitir alguna de las comidas para que puedan comer los más chicos.
La situación empeora aún más dentro de ciertos estratos socioeconómicos. Para familias que viven en barrios populares o que pertenecen al estrato de trabajador marginal, la inseguridad alimentaria aumenta a un 45%.
Paradójicamente, el alcance de programas de alimentación gratuita también creció en los últimos años. Actualmente el 34,6% de la población recibe algún tipo de alimentación gratuita. Según Agustín Salvia, el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, esto indica que las medidas asistenciales implementadas hasta hoy en día no son estructurales, por lo que no han permitido que baje la inseguridad alimentaria en el país.
En conversación con Infobae, Salvia destacó que “una emergencia alimentaria exige movilización de recursos para lograr no solo mejoras en materia de atención alimentaria sino en salud. Tomar medidas más estratégicas e inteligentes significa no solo invertir en recursos sino generar acuerdos con sectores sociales, académicos y técnicos”.
Cómo podría impactar la Ley de Emergencia Alimentaria
Aunque la mayoría de los comedores escolares y comunitarios dependen de los gobiernos provinciales (al igual que las escuelas), también reciben apoyo nacional. A través del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que existe desde 2003, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Nación brinda aportes monetarios para los comedores en las distintas provincias.
Según los datos presupuestarios del gobierno nacional, el dinero total destinado a políticas alimentarias se incrementó sostenidamente desde 2015, casi siempre por encima de la inflación. Sin embargo, un análisis de Chequeado demuestra que los fondos destinados específicamente a comedores escolares y comunitarios sufrieron mucha variación en los últimos años. Mientras que en 2016 los fondos ejecutados para comedores escolares crecieron un 65% y para comedores comunitarios un 85%, en 2019 hay una baja en ambos.
A través de la Ley de Emergencia Alimentaria, se busca que este presupuesto aumente en por lo menos un 50% y que las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición tengan una actualización trimestral.
