Este verano, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático publicó su último informe y la parte que da más miedo es lo poco sorprendente que es su contenido. El informe dejó claro que todavía es posible evitar lo peor, pero solo si la humanidad adopta una economía de carbono neutro lo más rápido posible. “Este informe”, declaró el Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres, “debe ser una sentencia de muerte para el carbón y los combustibles fósiles antes de que destruyan nuestro planeta”.
Y, sin embargo, con el planeta en llamas, las finanzas institucionales siguen azuzando el fuego. Muchos de los actores financieros más poderosos del mundo continúan invirtiendo en la industria de los combustibles fósiles, incluso cuando sus acciones llevan previsiblemente a una disrupción económica masiva, una catástrofe ecológica y la profundización de la injusticia social. Hasta ahora, se han salido con las suyas. Pero una nueva tendencia en las leyes está obligando a los inversionistas institucionales a descarbonizar sus carteras, o a hacerse legalmente responsables.
La Universidad de Harvard es un buen ejemplo. A lo largo de una década, sus autoridades hicieron caso omiso a las presiones de estudiantes, académicos y ex alumnos para desinvertir los fondos de dotación de $53 mil millones de la universidad en la industria de combustibles fósiles.
Pero, reconociendo la realidad científica y financiera, en septiembre Harvard finalmente prometió desinvertir de las compañías cuyos modelos de negocios, al depender de la constante extracción de carbono, son incompatibles con un futuro habitable. “Dada la necesidad de descarbonizar la economía y nuestra responsabilidad como fiduciarios de hacer decisiones de inversión de largo plazo que apoyen nuestra misión de enseñanza e investigación”, escribió Larry Bacow, Presidente de la universidad, “no consideramos que tales inversiones sean prudentes” (el énfasis es añadido).
La prudencia, en el estatuto que rige los fondos de dotación de Harvard y varios otros fondos institucionales, es un concepto legal fundamental que establece el cuidado, la habilidad y la atención con que se deben administrar las inversiones de un fondo. La prudencia guía cómo se debe administrar un fondo para servir los intereses de sus beneficiarios, y hay castigos significativos por violarla. La declaración de Harvard reconoce la imposibilidad de cumplir ese deber si, al mismo tiempo, se invierte en combustibles fósiles.
Hay multitud de razones que explican por qué este podría ser el caso. Para comenzar, las compañías de combustibles fósiles enfrentan una incertidumbre existencial. Una marea de cambios de mercado, regulaciones y litigios plantea riesgos fundamentales a los intereses de esta industria, mientras muchos de los activos de carbono del cual deriva su valor se volverán imposibles de quemar y quedarán impedidos de cumplir objetivos climáticos internacionales. Además, la idea de buscar lucrar con empresas cuya dependencia de las emisiones de dióxido de carbono sirve para acelerar el cambio climático resulta repugnante para las nociones del bien público y el deber social a las que los inversionistas responsables afirman atenerse, y parecería una razón más que suficiente para buscar una amplia descarbonización.
En otras palabras, el modelo de negocios de la industria de los combustibles fósiles está ahora tan poco alineada con la realidad científica y financiera que apostar a estas compañías (o, en términos más generales, al tipo de empresas que dependen materialmente de las emisiones de CO2) no es solo inadecuado. Es negligentemente erróneo como cuestión de derecho. Más aún, el concepto de prudencia se aplica de manera similar a cualquier inversionista sujeto al estándar fiduciario, lo que en esencia resulta vinculante para todo fondo de dotación académico, fondo caritativo y fondo de pensiones público o privado. Eso significa que billones de dólares pueden quedar afectados por el reciente precedente de desinversión por parte de Harvard.
De hecho, la decisión de Harvard ya está teniendo repercusiones. En las semanas transcurridas desde el anuncio, una cantidad de otros inversionistas influyentes –que van desde los fondos de dotación de la Universidad de Boston, la Universidad de Minnesota y la Fundación MacArthur al fondo de pensiones públicas ABP de los Países Bajos (el mayor de Europa)- la han imitado, tomando medidas para alinear su dinero con las exigencias de ejercer prudencia y no dañar el clima planetario. Al hacerlo, se unen a inversionistas equivalentes a más de $39 billones, muchos de los cuales, según sugieren las evidencias de los mercados, ya están beneficiándose financieramente de desprenderse de las acciones de combustibles fósiles.
Al fundamentar la decisión de Harvard en la prudencia, Bacow bien puede haber tenido la intención de generar el amplio impacto que previsiblemente tendrá la desinversión de la universidad de los combustibles fósiles. Cuando la anunció, el fiscal general de Massachusetts estaba ponderando si actuar en base a una demanda judicial presentada por estudiantes y otros miembros de la comunidad de Harvard, junto con la organización sin fines de lucro Climate Defense Project, que afirmaba que las inversiones en combustibles fósiles de la universidad representaban una violación a sus obligaciones caritativas.
Sean cuales sean sus razones, Harvard ha dado voz a una doctrina que, respondiendo a la urgencia de la crisis climática, debería propagarse rápidamente por el mundo y acelerar decisiones de descarbonización similares por parte de fiduciarios en todo el planeta. Tomó una década para hacer que Harvard llegara a este punto, pero ahora que finalmente está adoptando medidas para estar a la altura de su reputación como líder, otros inversionistas institucionales deben seguir su huella. En una edad de crisis climática, el mandato de estos actores es abrazar el futuro o, de lo contrario, arriesgarse no solo a acabar del lado equivocado de la historia, sino también del lado equivocado de la ley.
Bevis Longstreth, ex miembro de la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. (1981-84), fue socio de Debevoise & Plimpton y enseñó derecho financiero en la Escuela de Derecho de Columbia. Connor Chung es miembro de la campaña Fossil Fuel Divest Harvard.
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