DESDE PUERTO PRÍNCIPE - Cuando Abel Raúl Velázquez llegó a Haití en diciembre de 2017, se encontró con un país desconocido. Velázquez, un comandante de la Gendarmería Nacional Argentina, había estado por primera vez en el país en 2011, un año después de que un terremoto de magnitud 7 haya destrozado la ciudad de Puerto Príncipe, dejando más de 300 mil personas fallecidas y 1 millón y medio de personas sin hogar.
“En ese entonces, había campos de desplazados por todos lados, era un caos”, recuerda Velázquez, quien había sido asignado para participar de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH) para asistir con la recuperación del fatal terremoto.
Seis años más tarde, algunas calles de Puerto Príncipe están asfaltadas y las familias que habían sido desplazadas ahora están reubicadas en nuevas viviendas, aunque muchos problemas de infraestructura persisten. La MINUSTAH (que llegó a contar con más de 5.000 oficiales y militares de todo el mundo entre 2004 y 2017) fue reemplazada por una misión más chica (de 1.200 oficiales), la Misión de las Naciones Unidas para el Apoyo de la Justicia en Haití (MINUJUSTH).
Pero ahora el desafío es otro. El trabajo que lo trae a Velázquez a Haití por segunda vez ya no es uno operativo, de patrullaje en las calles como lo había sido en 2011, sino uno de alguna manera más desafiante: el de lograr un cambio institucional en la seguridad haitiana.
“Es un desafío muy grande porque hay cosas básicas que no se hacen, como por ejemplo tener un plan de evacuación en las cárceles, o asegurarse de que las personas detenidas reciban cuidados básicos”, cuenta Velázquez a RED/ACCIÓN desde su oficina en Jacmel, un pequeño pueblo en la costa sur de Haití. “Pero los gendarmes argentinos, gracias a nuestro entrenamiento, estamos particularmente capacitados para afrontar este desafío”.
Velázquez es uno de los 9 gendarmes argentinos (más un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria) que hoy en día se encuentran trabajando en Haití como cascos azules (como se conocen las fuerzas de paz de la ONU) de la MINUJUSTH, una misión que tiene mandato hasta abril de 2019. Están desplegados por todo el país y cumplen variadas funciones, desde jefes de distintas áreas de la misión, hasta consejeros de diversos grupos dentro de la Policía Nacional Haitiana. Además, hay 12 gendarmes argentinos que forman parte de la fuerza de seguridad del embajador argentino en el país, Pedro Von Eyken.
A diferencia de los cascos azules desplegados durante la MINUSTAH, los oficiales de esta nueva misión no trabajan directamente en las comunidades, sino que tienen un rol administrativo en el cual el objetivo es “reforzar el estado de derecho, desarrollar la Policía Nacional Haitiana, y proteger y promover los derechos humanos”.
“En el terremoto del 2010 murieron más de 2.500 policías haitianos. Prácticamente quedó desmembrada la fuerza de seguridad”, explica el comandante Francisco Montero, jefe de misión del departamento de Nippes, en la región sur de Haití. “Nuestro objetivo es darles asesoramiento en distintos temas, para que eventualmente ya no se necesite más la presencia de los cascos azules en el país”.
Para lograr este objetivo, Montero y sus demás colegas argentinos desplegados en el país se juntan todos los días con un contraparte asignado de la Policía Nacional Haitiana para asesorar y aconsejar en distintas situaciones de seguridad y derechos humanos.
“La idea es controlar que no haya violaciones de derechos humanos, que no haya detenciones arbitrarias ni uso de armas letales en situaciones como cortes de ruta, que acá es muy común”, explica Montero. De hecho, un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo reveló que el 79% de las personas encarceladas en Haití entre 1999 y 2017 fueron detenidas sin una sentencia de un juez.
Además de asesorar situaciones de seguridad cotidianas, parte del objetivo de los cascos azules es brindar mecanismos de trabajo a la Policía Nacional Haitiana para reforzar su calidad institucional.
Este es el trabajo al que se avoca Denise Amarillo, la única mujer del grupo de gendarmes. Como consejera en temas de logística, logró que el departamento donde trabaja cree una base de datos del personal de seguridad, una iniciativa que ahora se está replicando a nivel nacional.
“Fue difícil al principio, hubo muchas barreras, especialmente lingüísticas”, dice Amarillo. “Pero de a poco nos fuimos entendiendo y viendo que los gendarmes acá podemos hacer mucho. Venimos con una formación de derechos humanos muy fuerte y acá hay muchas violaciones de los derechos de las personas”.
La herencia de la MINUSTAH
Uno de los desafíos más grandes para los oficiales que forman parte de esta nueva misión de las Naciones Unidas es lidiar con el legado controversial de la MINUSTAH. A pesar de que a la misión se le reconoce el haber restablecido cierto orden político en Haití, algunos oficiales de la MINUSTAH también han sido acusados de traer la enfermedad del cólera en el 2010 (causando un brote que dejó más de 9.000 muertes), y otros de estar involucrados en cientos de casos de abuso sexual.
“La gente está muy enojada, quieren que las Naciones Unidas se vayan del país”, dice Mario Joseph, un abogado de derechos humanos que representa a las víctimas del cólera y abuso sexual. “La ONU dice que viene a promover los derechos humanos, pero ni sus propios cascos azules respetan los derechos de nuestra gente”.
Esta desconfianza se ve reflejada en las dinámicas de trabajo entre los gendarmes argentinos y sus respectivos contrapartes.
“Ganar la confianza de los policías haitianos ha sido uno de los más grandes desafíos”, dice Velázquez. “Es difícil que entiendan que no vinimos a imponer, que no estamos acá para darles órdenes, sino para acompañar”.
En relación a los casos de abuso sexual, Montero reconoce que uno de los cambios más importantes que se implementaron con la nueva misión fue el de tener una política mucho más estricta en la no tolerancia e investigación de casos de abuso sexual.
“Durante los ocho días de entrenamiento que recibimos al llegar al país, hubo mucho hincapié en el abuso sexual, en no utilizar el cargo que uno tiene, su inmunidad y sueldo para aprovecharse”, dice Montero. “Ahora hay una política de repatriación inmediata para el oficial que esté involucrado en un caso de este tipo. Además, se le prohíbe participar de otras misiones de la ONU en el futuro, y se hace un seguimiento de la investigación”.
Cuando uno maneja por las calles de Puerto Príncipe, es común ver banderas de Argentina colgadas en edificios, o las caras de Messi y Maradona pintadas en tap taps, el transporte público local.
“Nos reconocen por Argentina, por nuestro equipo de fútbol”, cuenta Montero con una sonrisa. “Y gracias a eso, es mucho más fácil crear un vínculo con la gente, y evitar que haya problemas si la gente reacciona mal hacia los cascos azules”.
Además del impacto que este reconocimiento tiene en su trabajo día a día, Montero y sus colegas reconocen que su entrenamiento como oficiales de la Gendarmería Nacional Argentina les otorga una particular ventaja en la MINUJUSTH.
“El gendarme, a comparación de otros policías internacionales, está en capacidad de hacer lo que sea. La gendarmería te enseña un poco de todo, y acá en las Naciones Unidas eso es mucho”, dice Velázquez. “De a poco, estamos viendo que se genera una confianza y que los consejos que damos se empiezan a aplicar. Para mi, eso es lo importante de esta misión: irnos sabiendo que dejamos nuestro pequeño grano de arena para que este país salga a flote”.
