El pasado viernes, el Gobierno volvió a poner sobre la mesa el tema de las pensiones por discapacidad. En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni denunció irregularidades en la entrega de las pensiones durante los Gobiernos kirchneristas y estimó un fraude que asciende a 3.400 millones de dólares.
Los dichos de Adorni se multiplicaron en redes, especialmente porque ilustró con casos extremos estas supuestas irregularidades. Por ejemplo, la radiografía de un perro que fue usada en Corrientes para justificar una incapacidad laboral. Fernando Galarraga, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) durante el Gobierno de Alberto Fernández, cruzó a Adorni en X y dijo que aquel expendiente fue “frenado, denunciado y archivado”.
Pero al margen de situaciones como esa, no fue la primera vez en la cual desde el Ejecutivo señalan que muchos beneficiarios en realidad no cumplen los criterios para acceder a la pensión y que la obtuvieron a cambio de favores políticos. Ya Guillermo Francos había denunciado en junio que en una auditoría hecha por la ANDIs, con una muestra al azar de 3.000 beneficiarios, solo el 20 % cumplía con los criterios mínimos para acceder a la pensión.
Qué es la pensión por discapacidad
Aunque se la conoce popularmente como pensión por discapacidad, su nombre oficial es pensión por invalidez (un nombre por demás estigmatizante y que poco tiene que ver con un modelo inclusivo, pero eso es otra historia). Se trata del 70 % de la jubilación mínima, lo que al día de hoy equivale a 216.000 pesos.
Las pensiones por invalidez fueron establecidas en la ley 13.478 en 1948, destinadas a “personas imposibilitadas, en virtud de su condición de salud y vulnerabilidad social, para la plena inclusión”. Recién en 1997, mediante el decreto 432/97, se establecieron una serie de requisitos para cobrar esta pensión.
Entre ellos se encontraba “encontrarse incapacitado en forma total y permanente”, lo que se establecía cuando había una disminución del 76 % en la capacidad laboral.
También se incluían otras restricciones como “no tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos” o “no poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia”. En el caso de extranjeros, se les exigía vivir hace 20 años en el país.
Celeste Fernández, abogada y especialista en derechos de las personas con discapacidad, señala que muchas de las restricciones de aquel decreto no eran adecuadas. “El Gobierno consideraba que tener un auto era un bien para tu subsistencia. Muchas personas lo tenían porque el transporte púbico no es accesible y necesitaban un auto para transportarse. O que las personas no tenían que tener parientes obligados a brindarles alimentos, lo cual conspira contra el derecho a una vida independiente”, ejemplifica en diálogo con RED/ACCIÓN.
Luego, distintas resoluciones y decretos flexibilizaron los criterios. Por ejemplo, el decreto 7/23 de enero del 2023, que establecía que la ANDis “será la encargada de establecer el formulario y la modalidad de confección por parte del profesional médico o de la profesional médica que se utilizará para la acreditación en cada jurisdicción”. O que señalaba que la Agencia sería la encargada de establecer si la persona contaba con “recursos que permitan la subsistencia”. También se bajaba a 10 la cantidad de años exigidos para extranjeros o se establecía que solo se aplicaría a menores de edad la condición de no tener parientes obligados a mantenerlos.
También el año pasado, en plena campaña electoral, el ministro de Economía Sergio Massa impulsó un decreto para que las pensiones por invalidez dejen de ser incompatibles con el trabajo en blanco.
Cómo aumentaron las pensiones por discapacidad en este siglo
En las últimas semanas, el Gobierno alertó por el aumento de pensiones por invalidez otorgadas por el kirchnerismo. Según datos oficiales, durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la cantidad de pensiones pasó de 78.585 a 1.034.743, lo que equivale a un incremento de 1.217 %.
Durante el macrismo, las pensiones aumentaron hasta 1.048.092, pero luego cayeron a 1.034.599 para el final del mandato del líder del Pro. En este período hubo mucha polémica cuando el Ejecutivo decidió dar de baja 93.179 pensiones que consideraban no cumplían los requisitos. Casi la mitad (43.150) fueron reestablecidas tras demandas judiciales.
En la gestión de Alberto Fernández volvió a crecer la cantidad de pensiones hasta alcanzar 1.223.864 beneficiarios. “Ni a un país que haya sufrido una guerra o una catástrofe tiene semejante cantidad”, denunció Adorni en su conferencia del último viernes.
Aunque tener una discapacidad no es sinónomo de tener que cobrar una pensión, vale recordar que la población con discapacidad en la Argentina es de más del 10 %, por lo menos de 4,5 millones de personas.
Qué hará ahora el Gobierno: denuncia y auditoría
Las declaraciones del Ejecutivo van en línea con una denuncia penal por fraude realizada semanas atrás por el fiscal Guillermo Marijuán, basado en una pequeña muestra inicial. “Sobre los 2.559 casos auditados médicamente hasta el momento, solo el 7 % (185) cumplen con los requisitos establecidos”, destaca la denuncia judicial. Según el fiscal, Alberto Fernández y funcionarios de la ANDis confeccionaron un “plan sistemático” entre 2020 y 2023 para “flexibilizar el proceso de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez” y usarlas a cambio de favores políticos.
Por su parte, la actual conducción de la ANDis dijo que, entre esas flexibilizaciones, “en enero de 2023 se eliminaron la condición de invalidez laboral y lo reemplazaron por algo muy subjetivo”.
Organizaciones de la sociedad civil alertan
“Sabemos que hay casos sueltos y hay que corregirlos, pero pedimos que no se haga una campaña de desprestigio hacia las pensiones en general, eso ya se hizo para justificar la baja de pensiones de forma masiva”, cuentan a RED/ACCIÓN desde el Foro Permanente de Discapacidad en alusión a lo ocurrido durante el Gobierno de Cambiemos.
“Nos preocupa que haya funcionarios gubernamentales que quieran llevar adelante una campaña que desacredite a las personas que cuentan con una pensión y de quienes les brindan servicios”, señalaron desde la organización en un comunicado.
Además de alertar por la estimgatización que estas denuncias pueden generar, hay una cuestión de fondo que preocupa a organizaciones civiles vinculadas a la inclusión. Distintos activistas reclaman que debería haber una pensión universal por discapacidad hasta tanto se quiten las barreras que impiden la inclusión laboral del colectivo.
