Fue el filósofo Immanuel Kant el autor de la famosa frase «Quien desea un fin, desea […] también los medios que son indispensablemente necesarios y en su poder». En pocas palabras, cuando nos fijamos una meta, tenemos que hacer lo necesario para alcanzarla. Es una máxima fundamental para nuestros gobiernos y debiera guiar a los líderes del G20 en su reunión en Roma a fines de octubre para enfrentar la crisis climática.
El mundo fijó una meta con el acuerdo climático de París: limitar el calentamiento global a 1,5 °C, como máximo, respecto de los niveles preindustriales. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático explicó por qué se trata de una meta válida. Superar los 1,5 °C implicaría poner en peligro la vida en el planeta: el nivel del mar podría subir varios metros, colapsarían ecosistemas críticos y se liberaría metano del permafrost, lo que podría disparar un efecto invernadero desbocado. Sin embargo, la trayectoria actual implica un catastrófico aumento de 2,7 °C de la temperatura mundial.
Este año la Agencia Internacional de la Energía (AIE) señaló cuál es la senda tecnológica para alcanzar la meta de 1,5 °C. Debemos descarbonizar el sistema energético mundial para mediados de siglo. Podemos lograrlo si migramos de los combustibles fósiles a las energías renovables y los combustibles verdes en la generación eléctrica, el transporte, los edificios y la industria. Además, debemos detener la deforestación y recuperar las tierras degradadas a escala masiva.
Hasta el momento, los gobiernos fracasaron completamente a la hora de cumplir sus obligaciones. En las inimitables palabras de Greta Thunberg, tienen dejar el «bla, bla, bla» y hacer más. Tienen que desear los medios para descarbonizar.
En primer lugar, los gobiernos deben planificar el sistema energético y los cambios en el uso del suelo para mediados de siglo. Nos quedan apenas 28 años hasta 2050 y enfrentamos la necesidad de reformar masivamente los sistemas energéticos y las prácticas de uso del suelo. Los gobiernos deben planificar las inversiones y políticas necesarias para ello. Y deben lograr aceptación y apoyo para esos planes sometiéndolos al escrutinio, debate y revisión públicos.
En segundo lugar, los gobiernos deben regular. Como afirma claramente la AIE en su informe, no hay necesidad de nuevas inversiones en combustibles fósiles, ni justificación para ellas. Punto. Contamos con suficientes reservas confirmadas de combustibles fósiles. Ningún país debiera tener licencia para detener la nueva exploración y desarrollar combustibles fósiles.
En tercer lugar, los gobiernos deben financiar —a escala— la infraestructura sin emisiones netas de carbono, como las redes nacionales y regionales de energía eléctrica renovable (por ejemplo, vinculando a la Unión Europea, África del Norte, el Mediterráneo Oriental y Oriente Medio), así como la electrificación del transporte y los edificios.
En cuarto lugar, los gobiernos de los países ricos deben ayudar a financiar a los más pobres para que puedan implementar las inversiones necesarias. Hace mucho que los países ricos se comprometieron, pero ni siquiera han logrado movilizar unos magros 100 mil millones de dólares por año —apenas el 0,1 % del producto mundial— que prometieron en 2009.
En quinto lugar, los países desarrollados deben compensar a los países en vías de desarrollo por el daño climático que ya causaron y que se intensificará en el futuro. Estados Unidos emitió el 25 % del dióxido de carbono desde 1751, a pesar de que su población no llega ni al 5 % del total mundial. En todo el mundo hay países que sufren gigantescos desastres climáticos debido a las infracciones energéticas de EE. UU. Sin embargo, ni EE. UU. ni otros grandes emisores históricos ofrecieron compensaciones por los daños que causan.
Finalmente, las personas más ricas del mundo, responsables de la preponderancia del uso de los combustibles fósiles en sus países y a escala mundial, deben pagar la parte que justamente les corresponde de los costos del ajuste climático. Sin embargo, por lo general, los más ricos evitan la justicia tributaria, como lo demuestran una vez más los papeles de Pandora y un informe sobre elusión fiscal de ProPublica.
Hay algunas buenas noticias: muchos gobiernos están dando ciertos pasos en la dirección correcta. La UE va a la cabeza, con el Pacto Verde Europeo, que la compromete a lograr emisiones netas nulas para 2050. Japón y Corea del Sur también se comprometieron a lograr emisiones netas nulas para 2050, y el presidente Joe Biden está tratando de sumar a EE. UU. China, Indonesia y Rusia fijaron una meta de cero emisiones netas para 2060. Es alentador, pero se pude acelerar… y hay que hacerlo.
Sin embargo, grandes emisores como Australia, India y Arabia Saudita no asumieron ese tipo de compromisos, y EE. UU. está dando señales de otro gigantesco fracaso político en sus intentos por atacar el cambio climático, a pesar de los esfuerzos de Biden. Desde que ratificó la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático en 1992, el Senado estadounidense bloqueó todos los intentos para implementar el tratado y el acuerdo climático de París.
Parece que este historial de inacción perjudicial para el mundo continuará. En los últimos días, el senado estadounidense se dedicó a vaciar la legislación tributaria insignia de Biden de sus políticas climáticas más importantes. Los 50 senadores republicanos y un puñado de demócratas liderados por Joe Manchin, de Virginia Occidental, se oponen al «plan de energía limpia» de Biden para descarbonizar al sector energético estadounidense.
Lo destacable de la corrupción estadounidense es su descaro. Los sectores petrolero y gasífero gastaron 140,7 millones de USD en las elecciones de 2020 (donaron el 84 % a los republicanos) y 112 millones de USD en cabildeo el año pasado. Hay grabaciones de un miembro de un grupo de presión de ExxonMobil en las que confiesa que Manchin es el «poder en la sombra» del sector en el Congreso. El poder de Biden es tan débil y la corrupción está tan enraizada en el Congreso estadounidense que el presidente ni siquiera puede enfrentar a un senador de un pequeño estado, que pertenece a su propio partido, y que debiera avergonzarse de su devoción a las grandes petroleras y ser ridiculizado por ello.
Los gobiernos del G20 tienen el mandato moral de adoptar los medios para alcanzar la meta mundialmente acordada para la seguridad climática. Sus países son responsables de aproximadamente el 80 % del producto mundial y las emisiones de CO2. Un acuerdo entre esos gobiernos —seguido de acciones específicas, entre ellas, enfrentar la corrupción en sus propios países— puede cambiar la trayectoria mundial del cambio climático.
Muchos gobiernos del G20 están listos para actuar y debieran desafiar a los rezagados. Hay que informar a EE. UU. que su falta de respuesta es inaceptable para el resto del mundo. Y el mismo mensaje debe llegar a Australia, India y Arabia Saudita. No podemos tolerar la corrupción climática y la impunidad en un mundo en llamas.
Jeffrey D. Sachs, profesor en la Universidad de Columbia, es director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia y presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU.
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