En marzo, Sudán del Sur recibió su primer lote de vacunas COVID-19. Si bien esta es una buena noticia, la misma se produjo casi cuatro meses después de que se administraran las primeras dosis en el Reino Unido, lo que pone de manifiesto las amplias disparidades en la distribución mundial de vacunas.
Si estas diferencias no se aminoran pronto – bajo el liderazgo de organismos internacionales que se cercioren de que el despliegue de vacunas a nivel mundial sea transparente y equitativo – toda la respuesta a la pandemia se verá en dificultades.
Sudán del Sur recibió sus dosis gracias al Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra el COVID-19 (COVAX), que ha estado a la vanguardia de los esfuerzos para garantizar el acceso equitativo a las pruebas, los tratamientos y las vacunas COVID-19 en todo el mundo. Instituciones como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y UNICEF han apoyado estos esfuerzos.
Pero los países ricos están obstaculizando el progreso al seguir acaparando suministros. En Estados Unidos se están administrando más de 2,1 millones de dosis al día; en Sudán del Sur se han administrado unas 1.000 vacunas en total. En general, los residentes de los países de ingresos altos y medios han recibido el 83% de los 1,2 mil millones de dosis de vacunas suministradas hasta ahora.
De hecho, la combinación de las prohibiciones a las exportaciones de vacunas, el acaparamiento, y la escasez del suministro se ha traducido en que el mecanismo COVAX, hasta ahora, sólo ha podido lograr entregar una de cada cinco dosis de Oxford-AstraZeneca que se suponía llegarían hasta finales de este mes a los países beneficiarios de este mecanismo. A este ritmo, las economías avanzadas podrán vacunar a toda su población incluso antes de que muchos países de bajos ingresos comiencen su despliegue de vacunas.
Para acelerar los avances, los bancos internacionales de desarrollo han comprometido una financiación considerable para ayudar a que los países pobres adquieran y distribuyan vacunas, pruebas y tratamientos. Sólo el Banco Mundial ha prometido aportar $12 mil millones de dólares. Pero los detalles de su promesa se están disipando, lo que aumenta el riesgo de que este dinero tan necesario se desperdicie por falta de control.
Para empezar, el Banco Mundial aún tiene que aclarar cómo utilizará su poder de mercado para garantizar que las dosis sigan siendo asequibles. Pero a medida que los productores de vacunas, como por ejemplo Johnson & Johnson, retroceden y se alejan de sus promesas de hacer que las vacunas estén disponibles en una modalidad sin fines de lucro, esta intervención por parte del Banco Mundial se hace cada vez más urgente. Las tres empresas farmacéuticas estadounidenses con vacunas aprobadas (Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson) ya han compartido con los inversores planes para aumentar los precios de las vacunas en un futuro próximo. A momento de poner a disposición $12 mil millones para la adquisición y el despliegue de vacunas, no se puso en claro qué medidas está tomando el Banco Mundial para hacer que los fabricantes de vacunas compartan la tecnología y los conocimientos para incrementar la producción mundial.
Además, el Banco Mundial sigue esforzándose por explicar cómo se propone garantizar que sus gastos sean transparentes, o cómo se va a cerciorar que los países cumplan con los planes para hacer llegar las vacunas a las poblaciones prioritarias. Como bien sabe el Banco Mundial, un diseño deficiente de los programas y un despliegue defectuoso de las vacunas pueden conducir a costos exorbitantes y resultados injustos. La primera operación de adquisición de vacunas COVID-19 financiada por el Banco Mundial, lanzada en el Líbano en el mes de enero, fue casi suspendida a un mes de su lanzamiento debido a que los políticos estaban vacunándose antes de las personas con mayor prioridad, como por ejemplo antes que los trabajadores del sector salud.
La transparencia es vital para limitar tales comportamientos, pero el Banco Mundial puede estar metiéndose en algo que simplemente es más de lo mismo: recientemente aprobó un proyecto en Etiopía, donde similares situaciones en cuanto a la priorización en la vacunación es un riesgo conocido. También ha aprobado un proyecto en Túnez, donde las dudas y el escepticismo sobre las vacunas, así como los esfuerzos de desinformación sobre las mismas son muy sustanciales. Todos estos factores pueden socavar aún más la eficiencia de un programa, si no se abordan de manera eficaz.
Estos proyectos se están diseñando a gran velocidad. Con demasiada frecuencia, sin embargo, los equipos del Banco Mundial (tanto aquellos en la sede del Banco en Washington D.C., o los ubicados en los países que buscan fondos) están desarrollando los mencionados programas de vacunas sin contar con el aporte de todas las partes interesadas esenciales. Si los grupos que corren el riesgo de ser excluidos de los despliegues de vacunas no participan en el diseño y seguimiento de los proyectos, se incrementará mucho más la probabilidad de que estos grupos queden rezagados.
Tales grupos incluyen a refugiados, prisioneros y personas que viven en barrios marginales y bajo otras condiciones de hacinamiento. En Grecia, por ejemplo, más de 70.000 solicitantes de asilo están siendo excluidos del programa nacional de vacunación.
Las minorías perseguidas, como la población rohingya de Myanmar, y los dalits, también llamados intocables, de la India (el grupo de menor rango en el sistema de castas del país), también corren un alto riesgo de ser ignorados. Además, la coordinación en las zonas de conflicto, como es el caso de Siria, puede plantear un desafío ya que los gobiernos pueden incluso ignorar a las personas en estos territorios.
Los programas de vacunación en los países deben incluir protecciones claras para los grupos más vulnerables, y el Banco Mundial debe utilizar su influencia para prevenir la discriminación en la ejecución de sus proyectos. Toda financiación de vacunas debe supeditarse a la distribución justa y segura de dichas vacunas. Además, debe llevarse a cabo la supervisión y seguimiento de estos proyectos, tal como la propia junta directiva del Banco solicitó recientemente.
Para que todo esto funcione, el Banco Mundial debe entrar en contacto directo con los grupos marginados. Sus puntos de vista son esenciales para determinar la mejor manera de gastar los fondos prometidos y garantizar la rendición de cuentas mediante la impugnación del uso indebido de los recursos y la asignación incorrecta de las dosis de vacunas.
El despliegue mundial de vacunas es una prueba de crítica importancia para una institución cuya misión declarada es “Poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida”. Afortunadamente, hay razones para esperar que el Banco Mundial supere dicha prueba. Su presidente, David Malpass, ha calificado la crisis del COVID-19 como una “pandemia de desigualdad”, siendo uno de sus rasgos distintivos la desigualdad en el acceso a las vacunas.
Sin embargo, el simple hecho de arrojar dinero al problema no será suficiente para resolverlo. Sólo una estrategia transparente, inclusiva y bien diseñada que proteja explícitamente los intereses de los más vulnerables y les brinde una forma de hacer sonar la alarma cuando las cosas vayan mal puede hacerlo. Ese sería dinero bien gastado.
Rosalind McKenna es gerente de equipo en la división de financiamiento del Programa de Salud Pública de la Open Society Foundation
