Hay un consenso de que la corrupción amenaza con erosionar los cimientos de gran parte del bienestar económico y la estabilidad política de la región. El apoyo de los ciudadanos de América Latina al sistema democrático cayó al 48% este año, el peor indicador en casi 20 años. Los beneficios de combatir la corrupción no son sólo políticos. El beneficio económico de combatirla en países emergentes se estima que podría llegar en 30 mil dólares per cápita.
Es una de las tantas conclusiones de un estudio que hizo un equipo de 8 expertos para el Banco Interaméricano de Desarrollo (BID). Para la Argentina adquiere aún mayor relevancia dada la crisis económica que está viviendo y el reciente pedido de prisión preventiva en el caso de los cuadernos de las coimas a la expresidenta Cristina Kirchner.
El costo económico. La magnitud del impacto económico de la corrupción se puede medir a partir de sobornos pagados cada año tanto en economías avanzadas como en mercados emergentes. Según una estimación reciente, el costo anual del soborno equivale aproximadamente al 2% del PBI global. Los costos económicos y sociales probablemente sea aún mayores, ya que los sobornos constituyen solo un aspecto de las formas posibles de corrupción.
El informe establece que a nivel mundial, las mejoras en los niveles de gobernanza y lucha contra la corrupción se asocian a un aumento de tres veces el ingreso per cápita a largo plazo y es una gran oportunidad perdida para la mayoría de los países de la región.
El costo político. El informe del BID dice que existe considerable evidencia y amplio consenso en cuanto a que la corrupción y la falta de transparencia afectan negativamente el normal funcionamiento del Estado y debilitan la confianza en las instituciones públicas.
Otros efectos negativos:
>>La corrupción afecta negativamente la asignación eficaz del gasto público, fomenta la evasión fiscal y aumenta los costos de la deuda soberana y los gastos transaccionales del sector privado. Además reduce los incentivos para la inversión, frena la productividad y la innovación privada.
>>En 2016, uno de cada tres usuarios de servicios públicos en la región dice haber pagado sobornos al menos una vez en el año para acceder a servicios esenciales, como justicia, educación o salud.
Las recomendaciones:
- Reconstruir el Estado de derecho, incluyendo un Poder Judicial independiente, con tribunales justos, imparciales y transparentes.
- Garantizar una organización política y una economía competitiva, que incluyan incentivos para la ética en los negocios y reformas en las empresas estatales.
- Regenerar el interés público para la gestión de los recursos públicos, las adquisiciones y contratos, incluyendo las infraestructuras e industrias extractivas.
- Transparentar y regular el flujo de la financiación política y aplicar regulaciones de conflictos de intereses.
- Terminar con el anonimato sobre la propiedad de las compañías y fuentes de financiamiento.
- Adoptar medidas innovadoras como las sentencias acordadas, la tecnología y soluciones basadas en evidencias.
- Abrir el gobierno a las voces, ojos y experiencia de la ciudadanía, adoptando plenamente un enfoque participativo para luchar contra la corrupción.
