En el tercer trimestre de 2018, sólo el 44 % de la población económica activa mayor de 18 años tenía un empleo pleno de derechos en la Argentina, uno de cada cuatro contaba con un trabajo regular pero precario (con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia, pero sin afiliación alguna al Sistema de Seguridad Social), y el 18,6% estaba en una situación de subempleo inestable (realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados, o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación). El 9,9% estaba desempleado.
Las cifras provienen de un informe que publicó esta semana el Observatorio Social de la UCA y que revela que entre 2010 y 2018 los empleos precarios e inestables casi duplicaron su peso en el mercado laboral y son la principal razón de que el desempleo no se haya disparado.
Los economistas y expertos laborales explican que en parte esto se debe a la decadencia sistemática y estructural de la economía argentina, pero advierten que un factor no menor es el gran avance tecnológico y las nuevas relaciones de trabajo generadas por la revolución digital que ha hecho posible la irrupción de empresas como Uber, Rappi y Glovo. La tecnología ha cambiado el modelo de relación laboral tradicional, estable y que venía acompañada de todos los derechos sociales.
Mi colega, Lucía Wei He, publicó un reportaje el año pasado en el que hizo hincapié en que el crecimiento exponencial de estas empresas en los últimos años ha hecho surgir una problemática común para este tipo de apps alrededor del mundo: ¿cuál es la verdadera relación laboral con sus trabajadores? ¿Son cuentapropistas? ¿Empleados?
Uber, Rappi o Glovo afirman que los repartidores no son empleados sino trabajadores independientes o “microempresarios” que trabajan sin jefe ni horario fijo. Al ser considerados trabajadores independientes, la empresa no se responsabiliza en el caso de accidentes o robos.
El año pasado Uber generó ingresos por más de 11 mil millones de dólares, empleó a más de 16 mil trabajadores alrededor del mundo y atrajo a 75 millones de usuarios regulares que fueron transportados por 3,9 millones de “socios conductores”. Pero a esos millones de choferes Uber no les tuvo que pagar seguros, aportes jubilatorios ni obra social.
Estos jornaleros digitales son el corazón del precariado y, aunque en muchos casos generan ingresos por encima del nivel de pobreza o suficiente para contribuir a la economía familiar o financiar una vida de estudiante, no tienen prácticamente ningún derecho laboral. En Argentina, en su gran mayoría carecen de cualquier cobertura médica y no realizan ningún aporte para su jubilación, lo cual profundiza aún más el déficit en los sistemas previsionales nacional y de las provincias. Tampoco la seguridad social percibe dinero alguno de los empleadores.
La CGT lo tienen claro. En varios informes que ha hecho circular, advierte que el futuro del trabajo “traerá aparejado la destrucción y creación de empleos, el surgimiento de nuevos sectores, cambios en nivel y tipo de cualificaciones requeridos, y la concentración de la riqueza y las desigualdades”. Y critica que en los debates sobre esta temática, “poco se ha dicho acerca de si este mundo que se nos presenta como de productividad digital, tecnología y robótica nos permitirá construir una sociedad más justa para el presente y para el futuro”.
Maximiliano Arranz, Secretario Adjunto la Asociación Sindical de Motociclistas y Mensajeros (ASiMM), dice que “el futuro del trabajo lo tenemos bastante estudiado desde 2016. Y nuestra postura es que la tecnología tiene que estar al servicio del trabajo, al servicio de la gente, y no viceversa. No estamos para negociar nuestros derechos. Estamos para defenderlos”, dice .
Para Arranza la llamada economía colaborativa es un eufemismo para no llamarla “economía de la miseria”. Sobre empresas como Rappi o Uber, advierte que “en la Argentina no se le va hacer fácil. Sin la ola migratoria este tipo de empresas no existen”. Arranza insiste en que el Gobierno tiene que asegurar que respeten la legislación laboral argentina.
ASiMM cuenta con más de 4.500 afiliados en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, de los cuales dos mil ciento cincuenta pertenecen a empresas tecnológicas (app/plataformas).
Uber admite que la recesión en Argentina ha sido un factor favorable para su desarrollo local, ya que el aumento del desempleo ha generado una mayor oferta de conductores. Y da como ejemplo que el 20% de sus conductores en Buenos Aires estaban desempleados inmediatamente antes de unirse a Uber.
Enrique Stile, abogado del estudio Marval, O’Farrell & Mairal, dice que el aspecto laboral en estas plataformas digitales es un problema en todo el mundo. Y explica que “la economía colaborativa está directamente atada con la evolución tecnológica y con la demanda de la gente, es algo que no se puede evitar. Pero es necesaria su reglamentación (…) y el problema es que la ley siempre está un paso atrás de los avances tecnológicos”.
Un estudio del Centro de Estudios Laborales y Sociales sobre la tecnología y el trabajo dice que en las últimas décadas se ha producido un proceso de polarización de las ocupaciones en Argentina. El empleo ha crecido en las áreas más cualificadas (los técnicos y profesionales) y ha aumentado la demanda por el personal de los servicios. Pero se ha producido una disminución clara del empleo en “las ocupaciones de cualificación intermedia, en particular, los oficinistas, los artesanos y trabajadores cualificados de las manufacturas y los operadores de maquinarias”.
Una problemática mundial
La emergencia del trabajador precario fue uno de los temas que dominó la agenda de la reunión del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) este año en Davos, Suiza. Se estima que, de aquí a 2022, desaparecerán 75 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, aunque se crearán 133 millones, lo que obliga a los trabajadores a reinventarse.
Una de las conclusiones de Davos fue que hay que lograr que la globalización funcione para todos, no solo para unos pocos. Los votantes están cada vez menos dispuestos a aceptar los excesos y en juego está la gobernabilidad.
“La creciente brecha entre quienes forman parte del precariado y los privilegiados se está reforzando con los modelos de negocios de la Cuarta Revolución Industrial, que a menudo hacen que las ganancias sean para quienes son dueños del capital o de la propiedad intelectual. Cerrar esa brecha requiere que reconozcamos que estamos viviendo en un nuevo tipo de economía impulsada por la innovación, y que se necesitan nuevas normas, estándares, políticas y convenios globales para salvaguardar la confianza del público. La nueva economía ya ha perturbado y recombinado innumerables industrias, y ha desplazado a millones de trabajadores”, dijo Klaus Schwab, el inventor de foro de Davos.
Hace unos días, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) organizó un evento en Buenos Aires como parte de la celebración del centenario de su creación, en la que se discutió el futuro del trabajo. Un informe que publicó en febrero advirtió que “los gobiernos deben estar alertas ante los cambios, porque los riesgos que en muchos casos conllevan (como una ampliación de la brecha entre ricos y pobres) pueden –y deben– ser atajados con políticas adecuadas”.
Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo y representante del Gobierno en la OIT, en ese mismo encuentro señaló que la economía argentina no ha podido generar procesos de inversión sostenibles para que haya empleos de calidad”. Y apuntó también a los sindicatos: “a veces no terminan de entender la naturaleza de los cambios y entonces son, de alguna manera, partícipes de las deformaciones del mercado laboral”.
