Los daños al medio ambiente derivados del cambio climático se extienden a lo largo y ancho de las Américas. El Niño, La Niña y otros fenómenos climáticos extremos asociados, como sequías, heladas y nevadas inusuales, incendios forestales o huracanes, entre otros, se han vuelto habituales en los últimos años. Esto genera impactos en los derechos de las personas y pone en riesgo a las generaciones futuras.
El 25 de octubre de 2023, en la costa pacífica de México, el Huracán Otis dejó un balance de 50 muertos y 30 desaparecidos. Esta tormenta de categoría 5 golpeó Acapulco con unos vientos máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de hasta 315 km/h. Las cifras lo convierten en el cuarto ciclón tropical con vientos más rápidos de la historia a nivel mundial y uno de los huracanes más fuertes que se hayan registrado nunca en el Pacífico mexicano.
Otis no solo dejó decenas de personas muertas y desaparecidas, sino que causó graves daños a la infraestructura de la región. Cientos de miles de personas perdieron sus hogares y tienen acceso limitado a agua potable, saneamiento, alimentación y atención sanitaria.
En Chile, la región de Valparaíso ha sufrido uno de los peores incendios de su historia. Hasta principios de febrero de 2024, se han reportado 11 000 hectáreas arrasadas, 112 muertos y más de 3 000 casas quemadas.
Efectos del cambio climático sobre los derechos humanos
Sólo en 2020, más de 30 millones de personas en todo el mundo se vieron desplazadas por desastres naturales, incidiendo directamente sobre su derecho a la vivienda y a la educación.
De acuerdo con UNICEF, más de dos millones de niños y niñas de América Latina y el Caribe se ven afectados cada año por un evento climático extremo o un desastre climático.
En el año 2021, Guatemala, Honduras y Nicaragua fueron los países Latinoamericanos más afectados en relación con el derecho humano a la alimentación, con más de 964 000 hectáreas de cultivos dañadas.
En el año 2022, se reportaron en América Latina y Caribe un total de 1 153 fallecidos y 10 millones de personas afectadas como consecuencia directa de los fenómenos climáticos extremos.
El deshielo de los glaciares, cada vez más pronunciado, amenaza los ecosistemas y la futura seguridad hídrica de millones de personas. En el verano de 2022, se produjo una pérdida casi total del manto de nieve en los glaciares de los Andes Centrales. Mientras que la sequía en la cuenca del Paraná-Plata, uno de los principales graneros del mundo, fue la peor desde 1944.
El cambio climático compromete el disfrute de todos los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la vivienda, a la educación, al agua y saneamiento, a la alimentación, a la salud, al desarrollo, a la seguridad personal y a un nivel adecuado de vida entre otros.
El papel de las instancias internacionales
¿Pueden hacer algo las instancias internacionales de protección de los derechos humanos para paliar la afección sobre los derechos fundamentales de las personas más vulnerables?
Tanto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como de la Corte Europea de Derechos Humanos (ECHR) han puesto de manifiesto el vínculo existente entre el cambio climático, la protección del medio ambiente y el cumplimiento de los derechos humanos.
La Resolución 3001 de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de junio de 2023 “Hacia un mejor financiamiento climático” reconoce los riesgos que afrontan los estados más vulnerables, así como la necesidad de mejorar los esfuerzos para afrontar los daños producidos por el cambio climático.
A nivel universal, en noviembre de 2023 la Asamblea General de las Naciones Unidas realizó una solicitud a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que aclarara las obligaciones de los Estados con respecto al cambio climático.
La solicitud insta, entre otras cuestiones, a que se evalúe cuáles son las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional. Esto con el fin de garantizar la protección del sistema climático frente a las emisiones de gases de efecto invernadero.
Unos meses antes, en enero de 2023, las Repúblicas de Colombia y de Chile solicitaron a la Corte IDH una opinión consultiva con el propósito de aclarar el alcance de las obligaciones estatales, en su dimensión individual y colectiva, para responder a la emergencia climática dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos.
Aunque a las personas no familiarizadas con el sistema internacional de protección de los derechos humanos les pueda parecer que el recurso a estos organismos no sirve para mucho, la realidad es bien diferente. Los documentos que se emiten por estas instancias pasan a formar parte del acervo normativo internacional, lo que guiará las actuaciones a seguir por parte de los Estados que integran la comunidad internacional a este respecto.
¿Qué podemos hacer a título individual o institucional?
Cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, podemos contribuir a través de nuestras acciones cotidianas a establecer las bases necesarias para mejorar esta situación.
Desde el grupo de investigación de la Universidad Internacional de Valencia EG-VIU, hemos respondido a la invitación a realizar observaciones sobre la opinión consultiva realizada por la Corte IDH en respuesta a la solicitud de las Repúblicas de Chile y Colombia. Una postura compartida con otras instituciones internacionales.
Se solicita a la Corte IDH que establezca estándares de derechos humanos para la adopción de leyes y políticas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático. También se pide la inclusión de las obligaciones internacionales de los Estados recogidas en el Acuerdo de París sobre cambio climático, con un enfoque desde los derechos humanos y dentro del ámbito interamericano.
Jordi Feo Valero, Profesor de los grados de Relaciones Internacionales y Derecho , Universidad Internacional de Valencia
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
