En Argentina en 2019, es decir, antes de la pandemia, 95 de cada 100 adolescentes y jóvenes de entre 12 y 17 años asistían a la escuela en los grandes centros urbanos del país. ¿Pero cuántos y cuántas efectivamente completaban el nivel secundario? Solo 7 de cada 10; promedio que, por otra parte, invisibiliza las profundas desigualdades existentes al interior del sistema: mientras que en el segmento de más altos ingresos hablamos de 9 de cada 10 jóvenes, en el grupo que se ubica en el 20% de ingresos más bajos la cifra cae a solo 4 de cada 10.
¿Por qué muchos y muchas adolescentes y jóvenes abandonan sus estudios antes de concluirlos? Más que una decisión ante un evento puntual, el abandono escolar (o la desvinculación educativa, como también se lo llama en Argentina) es el resultado de un proceso en el que intervienen múltiples factores: del individuo, de su familia, de la escuela a la que asiste y del contexto más general. Durante este proceso de exclusión, que culmina en la desvinculación de un o una estudiante de la escuela, la persona tiene una escolarización lábil y precaria que la ubica en una situación de “exclusión latente, potencial o silenciosa”, según la terminología utilizada por UNICEF y UNESCO.
Ahora bien, la escolarización precaria genera múltiples señales. Y muchos países ya emplean una herramienta conocida como “sistemas de alerta temprana” (SAT) para detectarlas y prevenir el abandono escolar antes de que suceda. Las inasistencias reiteradas (cuando un o una adolescente falta a clases una o dos veces a la semana sin justificativo durante un mes), las calificaciones bajas en más de una materia, y antecedentes tales como la repitencia o el hecho de ya haber interrumpido momentáneamente la permanencia en la escuela son factores a tener en cuenta. Asimismo, deben considerarse situaciones vinculadas a la vida fuera de la escuela que ubican a la persona en una situación de vulnerabilidad para poder estudiar, como pueden ser un embarazo adolescente o el hecho de tener un trabajo en horario extraescolar.
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Ante la existencia de estas señales, ¿es posible verlas, identificarlas, y brindar a estos y estas estudiantes el apoyo necesario para prevenir el evento del abandono escolar? En la actualidad, gracias a los avances de la tecnología, la respuesta es mayoritariamente “sí”. Los sistemas de información utilizados para gestionar el sector educativo de una entidad subnacional, o incluso de un país, permiten utilizar registros digitalizados y nominalizados a nivel de cada estudiante, a los que a su vez se puede asociar información que incluye sus antecedentes y desempeño académico, la asistencia a clases, e incluso características de su contexto familiar o más general, como nivel educativo de madres y padres, o existencia de una condición de vulnerabilidad económica.
Los SAT identifican estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios a partir de indicadores que se generan mediante el aprovechamiento máximo de toda la información que proveen las “señales” que anticipan la posibilidad del abandono, de modo que (principalmente) la escuela pueda brindar los servicios de apoyo adecuados. Este tipo de sistemas funcionan desde hace muchos años en Estados Unidos, donde hoy están presentes en más de la mitad de las instituciones educativas públicas de nivel secundario. También se los desarrolló en muchos países de Europa. En América Latina las experiencias son más recientes, muchas de ellas como respuesta específica a la crisis educativa ocasionada por el cierre de la educación presencial durante la pandemia y ante los temores de que esa medida, junto con el deterioro de la situación socioeconómica en general, agrave el problema del abandono escolar, sobre todo en la educación secundaria. Países como Chile, Colombia, Perú y Uruguay cuentan hoy con estos SAT.
En Argentina, donde la situación socioeconómica y el sector educativo resultaron severamente afectados por la pandemia, este tipo de sistemas serían una gran contribución para el diseño de intervenciones a distintos niveles que apoyen la permanencia de las y los adolescentes y jóvenes en la escuela. Hoy existen en el país desarrollos incipientes en este sentido, como el programa GEM RED de Mendoza o la intención del gobierno nacional de este año poder completar la digitalización del registro nominal de todos las y los estudiantes del país en los niveles de educación obligatoria por medio del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE).
Sin embargo, se debe acelerar la consolidación de estos sistemas de información educativa digitalizados y nominalizados, con posibilidades de conocer con oportunidad las características de las y los estudiantes y su vinculación con la institución educativa a la que asisten. Sistemas que tienen el potencial de brindar datos de calidad para el diseño de las políticas con los que nunca se contó en la historia de la gestión de los sistemas educativos. El desafío de la política está, entonces, en utilizar esa información de manera eficiente y en asignar los recursos que corresponden para apoyar a quienes más lo necesiten. Para garantizar nada menos que la plena realización del derecho a la educación en Argentina.
*El autor es investigador principal del programa de Educación de CIPPEC
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