Diana Paucar camina por una calle de tierra recalentada. Son las 4 de la tarde pero el sol no da tregua en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. Dos piecitos se asoman por su costado: su bebé de 1 año duerme amarrado a su espalda.
Paucar se dirige a un merendero, donde luego de esperar unos minutos bajo el alivio momentáneo de un ventilador de pie, recibe una botella llena hasta la mitad con jugo de naranja preparado y una prepizza: masa y salsa de tomate que serán la cena y principal comida del día de su familia de tres integrantes.
Ella empezó a acercarse al centro comunitario en enero. Dice que el sueldo de su marido ya no les alcanza para comprar alimentos.
“Le subieron un poco la paga pero no cubrimos los gastos ya”, dice Paucar. “Para víveres ya no nos alcanza y tengo que buscar de dónde voy a sacar para que coma mi hijo”.
Detrás de ella llega Modesta Samudio, madre de dos hijos y empleada de una juguetería. Samudio vive con su pareja, que trabaja en la construcción; pero incluso trabajando los dos, no llegan a fin de mes. Después de reducir al máximo la cantidad de comida que compran, decidieron pedir asistencia alimentaria a un merendero.
Situaciones como las de Paucar y Samudio se repiten en comedores comunitarios y merenderos desde enero, explica Norma Morales, dirigenta nacional de Somos Barrios de Pie, una organización que coordina 5.000 comedores comunitarios en todo el país.
“Hoy no vienen solamente familias que no tienen trabajo, vienen trabajadores formales, barrenderos, personal de las unidades sanitarias. Ellos mismos te dicen, ‘me da vergüenza tener que venir a pedir comida pero ya no llego a fin de mes’”, dice Morales.
Desde que el gobierno del Presidente Javier Milei eliminó las restricciones de precios sobre los alimentos de la canasta básica, los comestibles subieron un 93% entre diciembre del 2023 y marzo de este año.
Pero los salarios no acompañaron esa escalada: en el mismo período, el salario mínimo subió apenas un 30%, según información oficial.
“Por eso estoy comprando más poquito que el año anterior, así me alcanza porque el sueldo no es mucho”, dice Samudio. “La leche es lo que compramos más poco. La carne, verduras, traemos así chiquitito, no traemos más cantidad porque está subiendo todo”.
En marzo, una familia de tres integrantes necesitó 285.048 pesos (aproximadamente 328 dólares estadunidenses) solo para cubrir su alimentación. El salario mínimo mensual en Argentina ese mes fue de 202.800 pesos (aproximadamente 234 dólares).
Y si bien el Gobierno Nacional duplicó, a principios del año, los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar – dos prestaciones que reciben madres y padres desempleados, con empleos informales, trabajadoras de casas particulares o cooperativistas sociales – este subsidio no lo reciben las familias que tienen trabajo pero no llegan a fin de mes, explica Marisa Graham, Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la República Argentina.
Mientras tanto, el mismo gobierno, como parte de las medidas del ajuste fiscal, ha limitado la posibilidad de cobrar el benefício destinado a trabajadores registrados. Antes se otorgaban a familias cuyos ingresos mensuales no superaran los 3.960.000 pesos (aproximadamente 4.570 dólares). Desde febrero, solo familias con ingresos hasta 2.154.806 pesos (aproximadamente 2.480 dólares) pueden cobrarlo.
“Muy inferior a la AUH es la asignación familiar del trabajador o trabajadora registrada o registrado”, dice Graham. “Tenés más ocupación, pero [más] trabajadoras y trabajadores registrados por debajo de la línea de pobreza”.
A fines comparativos, el monto máximo que puede cobrar una familia en la que uno de los padres o madres tiene un trabajo registrado es de 26.277 pesos (aproximadamente 30 dólares) por menor. En cambio, una familia de trabajadores con empleo informal, o cuyos padres o madres estén sin empleo, cobran un máximo de 52.554 pesos por hijo o hija (aproximadamente 60 dólares) por mes.
En resumen, las familias desempleadas o con trabajos informales pueden recibir el doble por hijo en comparación con aquellas donde al menos un adulto trabaja formalmente.
Muchas de estas familias son las que se están acercando a los comedores, explica Lidia Raquel Morales, mientras saca una tanda de pizzetas del horno. Ella es referente de Somos Barrios de Pie en Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.
“Nosotros antes hacíamos merienda solamente para los chicos. La gente grande no se sumaba y este año empezaron a sumarse”, dice Lidia Raquel Morales.
Muchas familias le confiesan que la pizza, el pan o la torta frita que reciben en el merendero es su única comida del día.
Si bien no hay cifras actualizadas a nivel nacional sobre la cantidad de personas que recurren a comedores comunitarios, en el Municipio de La Matanza, el más poblado de la Provincia de Buenos Aires, la asistencia aumentó un 30% durante enero, según información oficial del municipio.
“Cada vez que abrimos, viene alguien nuevo”, dice Lidia Raquel Morales. “Sostener el espacio es cada vez más difícil”.
La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la República Argentina ha registrado denuncias de comedores y merenderos que dejaron de recibir alimentos secos por parte del Gobierno Nacional desde noviembre del 2023. En algunos casos, la última entrega fue en octubre, explica Graham.
El Ministerio de Capital Humano, responsable de los programas de asistencia alimentaria, no concedió una entrevista a Global Press Journal, pero anunció en un comunicado de prensa que “dio de baja el sistema de entrega discrecional de alimentos secos para implementar la modalidad de transferencia monetaria directa a los comedores y asociaciones sin intermediación” .
Ante las denuncias del cese de entrega de alimentos a comedores, la Defensora inició acciones legales contra el ministerio para que garantice el acceso a la alimentación durante la transición hacia una nueva modalidad de asistencia, detalla Graham.
Mientras tanto, comedores y merenderos como al que asiste Paucar tuvieron que reducir la entrega de cinco a tres veces por semana y apelar a la solidaridad de personas vecinas para seguir funcionando.
“A nosotros no nos da lo mismo que esos adultos mayores, esas niñeces, tengan la posibilidad de comer solamente tres veces a la semana. Resolverlo es una responsabilidad de todos y más aún de este Gobierno”, concluye Norma Morales.
*Lucila Pellettieri es reportera de Global Press Journal, radicada en Buenos Aires, Argentina.
Leyenda: Esta nota fue originalmente publicada en Global Press Journal.
