La sesión del 7 de agosto marcará el regreso de la actividad legislativa tras el receso invernal en la que se abordarán diversos proyectos. Uno de los principales focos de atención será la modificación de la Ley 26.216 de Armas de Fuego, enviada al Congreso el pasado 15 de mayo por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con Nicolás Posse, exjefe de Gabinete, y el presidente Javier Milei. Diputados oficializó la realización de la sesión especial para el mediodía del 7 tras el pedido de los bloques de La Libertad Avanza y el PRO.
“En Argentina hay más de 800.000 armas de fuego con tenencia irregular: este Gobierno tiene la convicción de promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego”, dijeron desde el Ministerio de Seguridad antes de presentar el proyecto. Según la cartera, establecer un registro claro y transparente permitirá a los ciudadanos poseer armas de manera legal mientras se continúa combatiendo el uso ilegal.
También agregaron que “se implementarán trámites ágiles y sencillos que favorezcan la registración para los usuarios irregulares” sumado la propuesta de “prorrogar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por cuatro años, que consiste en la entrega de armas para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales para quien la efectivice”.
Según el texto del proyecto, los usuarios que renueven su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento no necesitarán demostrar nuevamente su idoneidad en el manejo de armas, simplificando así el proceso administrativo. También se contempla extender el PEVAF hasta el 31 de diciembre de 2027, permitiendo a los ciudadanos entregar voluntariamente armas no autorizadas sin enfrentar consecuencias legales y a cambio de incentivos económicos, como cupones canjeables por efectivo. Estas armas son posteriormente destruidas desde la implementación de la política en 2007.
Ciudadanos y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupaciones sobre el proyecto, señalando que podría facilitar la regularización de armas ilegales en lugar de reducir su circulación. Natasa Loizou, exfuncionaria de la ANMAC, cuestionó en diálogo con el medio Perfil la redacción del proyecto, argumentando que podría permitir a individuos con armas ilegales regularizar su situación sin enfrentar las consecuencias legales correspondientes, lo que podría contravenir las leyes de penalización vigentes.
Aunque Bullrich argumentó que en Argentina hay más de 800.000 armas de fuego con tenencia irregular, el dato es incorrecto ya que esa no es la cantidad de armas, sino la cantidad de usuarios que están en una situación irregular (con su licencia vencida, por ejemplo).
Por su parte, Loizou aclaró: “Muchas de esas personas tienen más de un arma, así que el número podría ser mucho más alto. Lo que se debe hacer es promover la regularización de la condición de Legítimo Usuario de esas personas, cosa que no estamos viendo que promueva la Agencia, ni en acciones administrativas ni en acciones judiciales”.
Lo que preocupa del proyecto, según lo analizado por Loizou, radica en la redacción específicamente en el artículo 3. Allí se propone una amnistía penal para quienes posean armas de "uso civil" o "uso condicional" sin autorización legal, permitiéndoles regularizar su situación ante las autoridades. Esto significaría que personas previamente involucradas en delitos con armas de fuego podrían ser eximidas de responsabilidad penal, contraviniendo disposiciones del Código Penal argentino que imponen penas significativas para estos casos.
Estado de situación actual (2020):
Contexto
La discusión sobre la portación de armas se intensificó tras el intento de homicidio de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, el Congreso extendió el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta diciembre de 2023, en un esfuerzo destinado a reducir el número de armas en circulación mediante incentivos económicos para su entrega voluntaria.
Las estadísticas sobre armas en Argentina revelan que, en 2022, existían 1.060.910 usuarios legítimos, lo que marca un aumento del 2,3 % respecto a 2021. Sin embargo, el 75 % de estos usuarios tenían su credencial vencida, según datos oficiales obtenidos por el medio Chequeado.
La falta de control sobre el mercado negro y la baja tasa de renovación de credenciales de tenencia indican que una gran cantidad de armas siguen circulando sin la debida regulación. Mientras tanto, la tasa de muertes relacionadas con armas de fuego asciende a 8 por día en todo el país.
