A las próximas sesiones legislativas extraordinarias, de febrero, el Gobierno pretende llegar con un proyecto que ha preparado para ampliar las investigaciones criminales con ADN. ¿Cómo lo haría? Agrandando el banco genético de violadores (que funciona desde 2018 y que fue impulsado por Isabel Yaconis, cuya hija, Lucila Yaconis, fue asesinada en 2003). Así, abarcaría a condenados por homicidios, robos y otros delitos dolosos.
Hasta hoy, Mendoza es la única provincia donde existe un sistema tan amplio. El año pasado, por ejemplo, gracias a un cotejo de ADN en una lista con 25.870 registrados se supo que M.A.M., detenido tres veces por robo, era también el autor –hasta entonces desconocido– de algunos ataques sexuales. Pero la creación de un banco de ADN para todos los condenados trae un debate: ¿debe el Estado administrar nuestros datos más íntimos?
“El proyecto está listo”, dice Fernando Soto, director de Ordenamiento y Adecuación Normativa de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, del Ministerio de Seguridad de la Nación. “No sólo abarca a condenados, sino también a imputados por cualquier delito doloso”.
Se trata de un proyecto que saldrá del Ministerio de Seguridad de la Nación, tendrá el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la colaboración del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. “Trabajamos en conjunto con el Ministerio de Justicia por una cuestión registral y porque el software que usamos es provisto por el FBI al Ministerio de Seguridad”, dice Soto, quien tiene a su cargo el contacto con el FBI para instalar el software CoDIS (Combined DNA Index System). Mendoza, Córdoba, la Policía Federal y Gendarmería ya lo están usando.
El proyecto apunta a modificar la ley 26.789, que ha ordenado el funcionamiento del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (que también usa CoDIS). Esa ley -sancionada en 2013, pero reglamentada en 2016- también refiere al funcionamiento de los laboratorios, y al almacenamiento y la sistematización de las muestras ADN.
“El Registro es una herramienta para los investigadores”, dice Martín Casares, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “En el futuro, en una causa sin imputado se verá si el ADN de la escena del crimen hace match con algún ADN incluido en el Registro”.
Algunos criminalistas dicen que en el año 2019 un equipo de investigación no puede carecer de un genetista: el ADN revolucionó las pesquisas, su utilidad se disparó en los últimos diez años y en el mundo ya hay 59 países que tienen un programa como el que el Gobierno quiere aplicar.
El ADN que se utiliza en las investigaciones criminales es extraído de restos biológicos hallados en la escena del crimen o en el cuerpo de la víctima: saliva, sangre, semen, fluidos, pelos. Incluso tocando algo podemos dejar nuestro ADN: desprendemos células epiteliales de la piel de nuestras manos. Todo se recoge con hisopos o con cinta adhesiva, se guarda en frascos o en tubos de plástico, y a su vez se coloca en un sobre. Luego, con una cadena de custodia, la muestra llega a los laboratorios.
“Con un banco de ADN se puede construir y analizar la evolución en el modus operandi de un sujeto, y ver si va desinhibiendo ciertos rituales”, dice la perfiladora criminal María Laura Quiñones Urquiza, que colaboró en la investigación de cientos de delitos. “Aparece su comportamiento a lo largo del tiempo”.
El caso de Ángeles Rawson, por ejemplo, se resolvió cuando los peritos confirmaron, con estudios de ADN, que los restos de piel que la adolescente había rasguñado pertenecían al portero Jorge Mangeri.
“Un banco de datos siempre te acerca a la verdad más rápido”, agrega Fernando Castelli, jefe de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Poder Judicial de la provincia de Misiones, consultado acerca del proyecto del Gobierno.
“Pero hay una cuestión muy delicada con el ADN”, sigue. “Si su infalibilidad es del 99,99%, ¿a quién se le da el acceso a la información y cómo? Con una prueba de ADN en contra, ya te presumen culpable: sería complicado dejar esto al arbitrio de las fuerzas de seguridad y debería existir contralor judicial”.
Sin embargo, a veces el ADN se discute. Por ejemplo, en el caso de Houria Moumni y Cassandre Bouvier, las dos francesas asesinadas en Salta en 2011. Los informes de ADN que se hicieron en Francia indican que hay tres perfiles genéticos (encontrados en el cuerpo de una de las víctimas) que aún hoy son desconocidos: las muestras podrían haberse contaminado perjudicando a uno de los condenados, cuya sentencia ahora la Corte Suprema de la Nación debe revisar .
“Las discusiones se dan por la manera en que se hace la prueba”, explica Gustavo Penacino, el director de la Unidad de Análisis de ADN del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, donde se procesan hasta 200 muestras por día, para casos criminales o de paternidad. “No todos los laboratorios tienen protocolos contra la contaminación o los errores humanos. El ADN se puede contaminar muy fácilmente”.
Mientras tanto, en el marco del trabajo actual con el Registro Nacional de Datos Genéticos de agresores sexuales, el Ministerio de Ciencia está inspeccionando laboratorios a lo largo del país para sumarlos a este sistema.
Pero algunos se oponen al plan del Gobierno. “Este proyecto merece severas objeciones constitucionales”, afirma el abogado Néstor Oroño, ex presidente del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de Santa Fe. “Bajo la idea de eficientizar las investigaciones penales, se pretendería etiquetar, con el rango de sospechosos o de enemigos sociales, a un universo de sujetos que podrían haber cometido un delito. No se advierte la utilidad de una prueba genética en la investigación de un delito cualquiera: ¿qué relación puede tener la producción de una prueba de ADN en un delito contra la administración pública?”.
El Registro Nacional de Datos Genéticos está en funcionamiento desde hace pocos meses. En esta primera etapa hay un equipo de abogados que está mandando notas a los jueces para pedirles que envíen las muestras biológicas (hisopados bucales tomados en 30 segundos) de 11.000 condenados por agresiones sexuales. Se trata de la mitad de los 22.000 que existen, entre los presos y los que ya cumplieron su condena. “Las muestras están en camino”, dice el genetista Jorge Dotto, director del Registro. “Algunas personas se negaron a que se les tomaran las muestras. En esos casos, informamos a la Justicia para que el juez decida qué hacer”.
“Los perfiles genéticos que almacenamos son archivos digitales: información en números”, sigue Dotto. “Siguiendo los estándares del FBI, tenemos información de 20 marcadores de los cromosomas, con dos números por cada uno de los 20 marcadores. No hay información del color de piel, ni del color de ojos, ni de las enfermedades. Sólo lo justo y necesario para identificar a las personas”.
El actual Registro empieza con casos ocurridos hace diez años y cada ADN que entra, va a ser conservado durante 100 años.
El primer perfil cargado en el Registro fue el del hombre que intentó violar y finalmente asesinó a Lucila Yaconis. Aún no se sabe quién es: es un ADN sin nombre, pero los genetistas esperan que un cotejo con otra muestra permita, algún día no muy lejano, llegar a su identificación.
