La Cuenca del Amazonas se acerca cada vez más a un punto de inflexión irreversible. Es un tema que nos afecta a todos, porque lo que sucede en la Amazonia repercute en todo el planeta.
La Amazonia, que se extiende a ocho países sudamericanos y la Guyana francesa, contiene más del 60% de los bosques tropicales del mundo, el 20% del agua dulce y alrededor del 10% de la biodiversidad. La especulación con la tierra y la demanda mundial insaciable de carne, soja, oro y otros productos llevaron a que alrededor del 20% del bosque tropical más grande del mundo ya haya caído bajo los desmontes. Si los niveles de deforestación aumentan otro 5%, puede desencadenarse un proceso catastrófico de muerte forestal, que en la práctica dictaría el fracaso del Acuerdo de París 2015 sobre el clima.
Algunos temen que ya haya comenzado. El pronóstico actual no es bueno: en 2020 la deforestación de la Amazonia brasileña llegó a su mayor nivel en doce años, y más del 95% es ilegal. Si no hay un cambio radical en la valoración que dan gobiernos y mercados a los servicios naturales de los bosques tropicales, la pesadilla puede ser inevitable.
Un proceso de muerte forestal en la Cuenca del Amazonas puede liberar el equivalente a diez años de emisión mundial de gases de efecto invernadero. Además, el bosque perderá capacidad para absorber miles de millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que alterará los ciclos hidrológicos, la evapotranspiración y las corrientes oceánicas. El sector agroindustrial estará en riesgo y la destrucción de biodiversidad puede llegar a ser asombrosa. Centrales hidroeléctricas quedarán inutilizadas, ciudades enteras se volverán inhabitables por el descenso de las capas freáticas y habrá pérdida de recursos pesqueros.
Para evitarlo, hay que llegar en 2030 a la deforestación cero en la Amazonia. Y eso demanda a su vez una evaluación científica clara y fijarse objetivos basados en la ciencia. El Panel Científico para la Amazonia, una coalición formada por unos 200 importantes científicos de la región, debe adquirir carácter permanente. Y en vista del extraordinario potencial económico de la preservación de la biodiversidad forestal, el mejor modo de proteger este recurso es estimular el surgimiento de una economía verde.
Para empezar, hay que actuar contra la deforestación ilegal y las redes que la sostienen. En 2020, el recorte de fondos y la reducción de sanciones llevaron a que la agencia brasileña de protección del medioambiente, Ibama, extendiera un 20% menos de multas que en 2019 (y se paga menos del 3%). Brasil tiene que reforzar Ibama (que es una agencia federal) y apuntalar las instituciones de nivel subnacional que están en la primera línea de lucha contra el delito medioambiental, como la policía, los bomberos y las oficinas de registro catastral.
La deforestación ilegal se da de varios modos, pero por lo general implica la ocupación ilegal de terrenos seguida de su desmonte para la agroganadería comercial. A esto hay que sumar la minería clandestina (por lo general, en busca de oro), que atenta contra los ecosistemas locales y la salud de las personas, y el tráfico de vida silvestre (impulsado por la demanda mundial incesante de aves, reptiles y mamíferos exóticos), otro factor de deterioro de la salud forestal.
Hoy dos tercios de las cadenas globales de suministro carecen de políticas respecto de la deforestación ilegal. Es esencial una inversión a gran escala en sensores remotos de alta resolución y sistemas de alerta basados en inteligencia artificial, así como el seguimiento de la extracción ilegal de materias primas en las cadenas globales de suministro y el fortalecimiento de los procesos de investigación y persecución legal.
Una de las prioridades más importantes en la Amazonia es desarrollar un sistema transparente y con rendición de cuentas para el registro de títulos de propiedades y demarcaciones catastrales y su adecuada supervisión a lo largo del tiempo. En vista del nivel de fraude y corrupción en los registros de tierra de la mayoría de los países amazónicos, para hacer cumplir las leyes vigentes y estimular el surgimiento de mercados legales es crucial la creación de un registro digital accesible y actualizado. No menos importante es el desarrollo de un proceso electrónico de resolución de disputas que permita hacer frente a conflictos no resueltos por la posesión legal de los terrenos. Crear un sistema de verificación basado en blockchain para el registro de propiedades, que permita demostrar una cadena clara de posesión y custodia, puede ser difícil, pero facilitaría en gran medida el desarrollo de una economía verde.
Otra prioridad es acelerar la reforestación y la regeneración de la tierra. En Brasil (que alberga el 60% de la Amazonia), un lugar obvio para hacerlo es el estado de Pará. En Colombia, Perú y Ecuador (que en conjunto incluyen alrededor del 23% de la Amazonia) sobresalen los estados de Amazonas, Loreto y Pastaza, respectivamente. La clave es establecer una secuencia predecible y fácilmente escalable de proyectos de reforestación, conservación de la biodiversidad y gestión forestal sostenible.
La iniciativa REDD+ (Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación forestal) puede acelerar la obtención de los fondos necesarios. También pueden ayudar otras fuentes internacionales de financiación, como el Fondo Amazonia y el gobierno del presidente Joe Biden en los Estados Unidos, y herramientas como los bonos verdes. Además, en esto hay un lugar importante para la financiación local y para iniciativas como Global Commons Alliance y 1t.org, junto con el activismo financiero (que incluye a los fondos soberanos y de pensiones).
En 2019, unos 230 inversores internacionales que administran activos por más de 16 billones de dólares pidieron que las empresas cumplan sus compromisos contra la deforestación, bajo riesgo de sufrir perjuicios económicos.
Es fundamental buscar innovaciones que refuercen la economía verde y den apoyo a las comunidades que custodian la Cuenca del Amazonas. El proceso se puede acelerar con un equivalente brasileño de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de los Estados Unidos que fomente las actividades de investigación y desarrollo, y con marcos regulatorios relacionados que hagan posible una bioeconomía inclusiva en la Amazonia.
El modelo debe incluir investigación aplicada para la recolección y el registro de la biodiversidad amazónica, mediante el estudio científico de frutos, semillas, extractos vegetales y fibras (con uso de drones para tomar muestras de biodiversidad en áreas de difícil acceso); además, hay que crear plataformas digitales para la protección de los activos biológicos al servicio del bien común.
Para que las poblaciones indígenas y locales estén incluidas y participen de los beneficios, estas iniciativas deben ir acompañadas de reglas de acceso compartido a datos claras y verificables y de salvaguardas que promuevan la creación y retención local de valor. Además, para estimular la innovación local, aprovechar el conocimiento tradicional y garantizar la propiedad local de las iniciativas, se puede apelar a la creación de nodos de innovación en tecnología básica y avanzada en determinados países.
Promover la economía verde y llegar a la deforestación cero en la Amazonia demanda un esfuerzo conjunto de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.
En Brasil, diversas organizaciones (entre ellas Concertación por la Amazonia y la Coalición Brasil por el Clima, los Bosques y la Agricultura) cumplen un papel fundamental en lo referido a definir la agenda y conectar a las partes interesadas. Y frente a la inacción del gobierno federal brasileño, los gobiernos de nivel local han ocupado su lugar.
Esfuerzos internacionales y regionales concertados (como el Pacto Leticia) junto con intervenciones nacionales y subnacionales pueden crear un futuro mejor para la Amazonia. La salud del planeta depende de ello.
Este artículo contiene aportes de Robert Muggah, Juan Carlos Castilla-Rubio y Julia Sekula.
Ilona Szabó, cofundadora y presidenta del Instituto Igarapé, es investigadora afiliada en Brazil LAB (Universidad de Princeton) e investigadora de políticas públicas en la Universidad de Columbia.
