Cuando en los barrios se quieren implementar cambios que fueron pensados sin la participación de los vecinos, muchos de esos proyectos están destinados al fracaso. Para poder entender qué necesitan los habitantes, primero hay que llevar adelante un proceso de diálogo, lo que permite librarse de preconceptos. Muchas veces uno cree que tiene una solución superadora, pero si la población no se la apropia, será difícil que sea aceptada.
En ese sentido, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó los primeros resultados del plan de urbanización en asentamientos informales. Lo hizo después de un año de trabajo y la principal conclusión fue que generar un vínculo de confianza con los vecinos es el requisito esencial e indispensable para poder hacer las obras y lograr una plena inclusión.
¿Solo los barrios vulnerables necesitan generar un vínculo de confianza antes de aceptar cambios en sus barrios?
Nordelta: generar consenso para abrir un barrio que nació cerrado
Hace unos años se viene planteando un cambio de paradigma en Nordelta: luego de permitir recientemente el ingreso de una línea de colectivos, la intención es contar con un centro cívico abierto.
Respecto al centro cívico, ya hay una iglesia y un centro cultural de Judaica Norte. Además, se está construyendo un centro médico de Swiss Medical Group. Hace tres años que se comenzó con esta idea.
En un principio, estas iniciativas generaron mucha resistencia entre los vecinos, quienes temían que atentaran contra la seguridad y la tranquilidad, dos aspectos que buscan en los barrios cerrados.
“Implementar un cambio es un arte. Lo tratamos de trabajar con consenso y diálogo con los vecinos. Antes de comenzar con el centro cívico, realizamos talleres con distintos sectores de la comunidad. Allí íbamos dando a conocer el proyecto. Cuando la gente gana confianza, el rechazo baja. Veíamos una contradicción: gente que quería servicios, pero no una ciudad”, comenta Diego Moresco, gerente general de Nordelta, un conglomerado de 24 barrios cerrados de Tigre.
Cesar Carro vive en el barrio Castores, en Nordelta, desde el 2006. Dice que siempre estuvo de acuerdo con cubrir la necesidad de transporte. “Cuando tenés hijos adolescentes, tenés que dejarlos moverse solos y no podés comprar un auto para cada uno. Hay que generar conectividad. Todos los que vivimos acá vinimos en busca de seguridad. La concesión fue vivir lejos, pero estar incomunicado tampoco suena interesante”, comenta.
Además, Carro señala que cuando se propusieron los cambios no llegó información completa a todos los vecinos y que lo usual era darse rosca por grupos de WhatsApp. “Cada barrio tiene un consorcio que es el espacio donde los vecinos pueden discutir los temas. El nivel de participación es bajo, no llega al 10% el nivel de involucramiento. Por eso muchas veces, las conclusiones a las que se llegan no son representativas de la mayoría”, destaca.
La Cava: la participación vecinal puede hacer olvidar 50 años de frustración
La Cava es un barrio popular de San Isidro que se creó a lo largo de la década de 1950. Según el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, ahí viven 3015 familias. Sus habitantes tienen una conexión irregular a la red pública de electricidad y desagüe sólo a pozo. El año pasado, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) lo incluyó dentro de su plan de urbanizaciones de asentamientos y en esta etapa se propuso trabajar con 2500 hogares.
Desde que se conformó el barrio se prometieron distintas soluciones habitacionales. Esas propuestas llegaron tanto del gobierno nacional como de los gobiernos provincial y municipal, pero ninguna llegó a una solución definitiva.
Como ejemplo, puede mencionarse el último intento: el Plan Federal de Vivienda que llevó adelante en 2005 el gobierno nacional y su ejecución se canalizó a través del gobierno municipal. Se debían construir 1882 viviendas, número que correspondía a las familias que fueron relevadas en el Censo Nacional 2001. Pero el proyecto no brindó la información necesaria y no se desarrollaron instancias reales de participación de los vecinos en el diseño, ejecución y control del plan.
“Al momento de la adjudicación de las viviendas, realizado de forma aleatoria y sin tener en cuenta las necesidades, no se contempló la cantidad de miembros de las familias. Se seguía generando hacinamiento. Además, las pocas viviendas que se construyeron, se las ubicaron tapando el barrio, que hoy está oculto a la vista de la sociedad”, comenta Clarisa Aquino, vecina de La Cava e integrante del colectivo Gastando Suela.
En este sentido, Susana Soler, también habitante de la Cava, comenta: “Planificar un barrio lleva tiempo, pero lo importante es que haya voluntad política. Existieron varias etapas de urbanización, pero quedaron siempre inconclusas. Los vecinos nos preguntamos: ¿Si San Isidro es un partido rico por qué no se puede urbanizar nuestro barrio? Genera mucha frustración”.
En 2016, hubo una ola de violencia muy grande en el barrio y en menos de un año 16 jóvenes murieron en peleas vinculadas al consumo de drogas. “Desde el barrio nos organizamos para transformar el dolor en vida. Consideramos que la violencia que manifiesta un joven tiene que ver con el hábitat. Todo tiene que ver con todo. La falta de cuidado integral y de urbanización genera otras problemáticas. Unas 50 organizaciones se reunieron en Cava en Red y se presentó un petitorio para poder defender los derechos que tenemos como personas. Empezamos a pensar cómo incidir en política pública para transformar la realidad. Se logró que viniera la gobernadora (María Eugenia Vidal) por pedido del obispo de San Isidro, quien nos acompañó en el proceso”, cuenta Norma Arispe, otra vecina.
En 2017, consiguieron que los tres niveles de estado -nacional, provincial y municipal- se sentaran en una mesa para plantear temas de urbanización. “La iglesia se puso como garante para que los vecinos puedan participar y no sean expulsados. Nosotros queríamos estar. OPISU llegó al barrio tiempo después de esa mesa de trabajo”, expresa Arispe.
Las vecinas reconocen como positivo que haya un espacio de OPISU dentro del barrio. “Se instalaron acá para ver las problemáticas. Se están generando muchas reuniones para que los vecinos nos apropiemos de la transformación y se está dando un proceso participativo. Cuesta crear confianza después de tanta historia, sobre todo en un contexto electoral”, comenta Arispe.
San Isidro: qué querían los vecinos en el puerto abandonado
Para el puerto de San Isidro, que estuvo abandonado por alrededor de cuatro décadas, se pensaron distintos proyectos. Todos generaron reacciones por parte de los vecinos, la mayoría en oposición a lo que los gobiernos tenían en mente. Finalmente, se definió convertirlo en un parque público de siete hectáreas.
“La confianza para encarar un proyecto se gana con los resultados. Lo primero que piensa la gente es que no vas a cumplir. Aprendimos que es importante mantener una charla permanente con los vecinos. Recibirlos y escucharlos. Cuando se propone modificar un espacio público, aunque sepan que es para mejor, la primera reacción de la gente es la resistencia”, comenta Diego Augusto, subsecretario de Planeamiento Urbano del partido de San Isidro.
Augusto señala que el primer paso tiene que ver con sacarse los preconceptos. “Uno puede tener claro cuál es el mejor proyecto, pero tratamos de no hacer nada hasta no tener el contacto con la gente. En el caso del puerto, fuimos al lugar y conversamos con los vecinos, a veces sin decir quiénes eramos para que la respuesta sea auténtica. También, en una plataforma de participación del municipio, Si Propone, se incorporó, en 2017, una sección para opinar sobre el proyecto del puerto. Leímos las propuestas y las analizamos desde el punto de vista técnico”, explica.
Sobre las inseguridades que genera el proyecto, Julie Fortabat, vecina de San Isidro, comenta que los que viven cerca temen que a la noche se genere mucho ruido. “Mientras hagan algo tranquilo, a mí me parece perfecto”.
La propuesta del parque público no fue la única que se barajó. En tantos años, se pensó en instalar hoteles, en hacer un puerto deportivo y hasta que bajen cruceros. “Se presentaron disparates. El municipio no acompañó estas propuestas porque el Bajo de San Isidro no soportaría tanto movimiento”, expresa Augusto.
Juliette Massouh, vocera de la asociación Vecinos del Bajo de San Isidro, opina que la participación es fundamental y que no se puede simplemente delegar en otros lo que se quiere modificar. “Los proyectos que venían de provincia buscaban hacer un mega emprendimiento, una cosa que no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia. Insistimos para que se haga un parque público y lo logramos. Lo segundo que queríamos era que se incorporaran plantas nativas y también se está haciendo”, agrega.
La obra se comenzó a principios de 2018 y se pensaba terminar en 24 meses. Sin embargo, por el contexto económico el proyecto se vio demorado. Otra cuestión a tener en cuenta es que hay 26 familias que viven en el predio del puerto. Augusto explica: “Por este motivo, solo podemos trabajar en algunos sectores. Vamos avanzando a medida que se puede. Las familias se fueron instalando en los silos, en oficinas del puerto y casas de mantenimiento. Algunas personas aceptaron la relocalización y otras no. A medida que vayamos logrando un acuerdo se va a seguir ampliando el parque”.
