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“Entre el Estado y la red social que tiene la Argentina hemos sostenido una situación muy crítica. Pasamos de dar asistencia alimentaria a ocho millones de personas a dársela a once millones en solo quince días el año pasado. Eso se logró gracias a la inmensa red social”, dice el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, al hacer un balance sobre la reacción que hubo frente a la pandemia.
El ministro ilustra la Argentina actual con algunas cifras. En este momento, la asistencia alimentaria bajó a 10 millones de personas, por lo tanto, todavía no se llegó a alcanzar los números prepandemia. El trabajo se concentra mayormente en 10.000 comedores, y a través del trabajo de 70.000 referentes comunitarias.
La fragilidad laboral quedó evidenciada a través del ingreso familiar de emergencia (IFE). En un principio se esperaba dar este beneficio a 3 millones de personas, pero lo solicitaron 12 millones. Finalmente, lo recibieron 9 millones. “Está claro que el trabajo informal ha ido creciendo. El IFE expuso dos datos: la cantidad de personas que está en esa situación y el hecho de que casi un millón y medio son jóvenes. El IFE dejó una buena base de datos que nos permite hacer mejores políticas públicas. Unas 3 millones de personas ya volvieron a la situación prepandemia, 3 millones van camino a hacerlo y el último tercio tiene más dificultades por la falta de trabajo”, señala Arroyo.
—Previo a la llegada del COVID-19, estableciste tres puntos clave para la gestión: en la Argentina no puede haber hambre, los chicos tienen que estar en la escuela y la mejor política social es el trabajo. ¿La pandemia cambió estas prioridades?
—La pandemia no cambió las prioridades, pero agudizó varios de los problemas. En relación al hambre, hoy el eje está puesto en la calidad nutricional. En medio de la pandemia llegamos a dar cobertura alimentaria a 11 millones de personas. Eso lo logramos en articulación con las escuelas, organizaciones sociales e iglesias. En relación a la escuela, vemos que la coyuntura aumentó la desigualdad educativa. Algunos chicos tuvieron más contenido que lo habitual y otros directamente no tuvieron acceso por la falta de conectividad. En relación al trabajo, llegamos a un millón de personas con el programa Potenciar Trabajo. Esta iniciativa abarca cinco rubros productivos (construcción, reciclado, actividad textil, producción de alimentos y sistema de cuidado) y les permite cobrar el 50 % de un salario mínimo. Las personas que participan del programa pueden vincularse con el sector privado, a través de un convenio con las cámaras empresariales; acceder a máquinas y herramientas para desarrollar su emprendimiento; o terminar la secundaria y capacitarse.
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—En febrero de 2020 comentaste que el 60 % de los consumos que las familias hacían con la Tarjeta Alimentar eran en leche, carne, fruta y verdura. ¿Eso cambió?
—En abril del año pasado llegó al 62 %. Ahora se redujo al 50 %. Eso marca el problema de la calidad nutricional. Con la tarjeta pueden comprar los alimentos que quieran, pero nosotros sugerimos esos productos. La reducción del porcentaje también tiene que ver con el precio de los alimentos, que es un problema central. En este momento vemos que se están comiendo muchos fideos, harina y arroz. Menos leche, carne, frutas y verduras. Hace cuatro meses vemos que se reactivaron las changas, pero las personas que asisten a los comedores no disminuyen porque no les alcanza para comprar los alimentos.
—¿Cómo impacta la pandemia en la pobreza?
—La pobreza en Argentina tiene tres características: personas que son pobres con trabajo formal, es decir que tienen recibo de sueldo, obra social y trabajo decente, pero no llegan a los 64.000 pesos que marca la línea de pobreza; personas con trabajo informal integrado, que viven de su ingreso y no tienen al Estado como referencia; y personas en situación de pobreza estructural que vienen de un proceso de largo plazo. El fenómeno característico de la pandemia es la nueva pobreza. Son aquellos que no tienen problemas de vivienda estrictamente sino problemas de ingreso y eso es lo que hay que reconstruir. Hay personas que en este contexto se quedaron sin trabajo o que solo recuperaron una parte.
Para la entrevista con el ministro de Desarrollo Social, pedimos preguntas de cinco referentes comunitarias. A lo largo de toda la pandemia, ellas nos fueron informando sobre la situación de sus comunidades y esta vez fueron las encargadas de hacer las preguntas.
Fernanda Moyano es referente del barrio Haras Trujui en Moreno, Provincia de Buenos Aires. Ella es voluntaria de Techo y ahora fundó una organización que se llama Athenea. Su pregunta fue: “¿De qué manera el ministerio planea ayudar a los referentes barriales que llevan adelante el inmenso trabajo social comunitario en los barrios en este contexto?”
—Las mujeres que cocinan en los comedores son parte los y las héroes de la Argentina. Ellas se levantan a las siete de la mañana; a las ocho están pelando las papas, la cebolla, armando la olla; a las once empiezan con la entrega. La logística les cambió y se adaptaron. Antes la gente iba a comer al comedor y ahora ellas tienen que armar las viandas, los bolsones o el táper. Mucha gente estuvo aislada en los barrios y ellas se encargaron de identificarla y acercarle la comida. Lo mismo hicieron con los adultos mayores. El año pasado, las declaré trabajadoras esenciales. Eso significó un bono, un apoyo económico. Hicieron un trabajo excepcional.
Otra pregunta de Moyano: ¿por qué no se entrega la Tarjeta Alimentar a hijos de trabajadores formales? ¿Podría ser una política universal?
—La Asignación Universal por Hijo es un espejo de la Asignación Familiar por Hijo (AFH). Forma parte del sistema de seguridad social. Si una persona se queda sin trabajo puede adquirir la AUH y si accede a un trabajo formal puede contar con la AFH. La Tarjeta Alimentar es una política distinta porque se implementó para la emergencia. De todas formas, se ha extendido y ampliado mucho. Arrancamos con la tarjeta para familias con chicos de hasta 6 años y ahora subimos el requisito de edad hasta los 14 años porque tenemos un 57% de pobreza en esa franja etaria. El reclamo de Fernanda me lo plantean permanentemente y es válido. El tema es que aún no encontramos la metodología para implementarlo. Fuera de eso, creo que hay que ir hacia un Ingreso Universal de base en Argentina. También creo que toda política tiene que tener una contraprestación laboral. En Alemania, España e Israel están yendo por el camino del Ingreso Universal y es un tema que tratamos con los ministros del Mercosur. Hoy no hay condiciones fiscales para hacerlo, pero es un debate que debemos darnos.
Recientemente, la Tarjeta Alimentar fue destacada y calificada por la ONU como una buena práctica para avanzar en el objetivo de ponerle fin a la pobreza, combatir el hambre, garantizar la seguridad alimentaria y reducir las desigualdades. El reconocimiento fue publicado en el sitio de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) perteneciente al organismo internacional, donde también se reconoce el impacto positivo de esta política en el marco de la crisis abierta por la pandemia. “Argentina atravesaba una crisis social, con altos niveles de pobreza, que se agravó con la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias en términos de pérdida de empleo e ingresos. La Tarjeta Alimentar fue una de las respuestas del Gobierno para contener el aumento de los niveles de pobreza en las poblaciones más vulnerables garantizando el acceso a los alimentos”, dice en la descripción del sitio a la vez que se destaca la rapidez con la que el Gobierno identificó la necesidad urgente de desarrollar una respuesta efectiva ante la coyuntura.
Petronila Yanayaco, de 55 años, vive en el barrio el Playón de Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires. “Con la pandemia se acrecentaron muchísimo las necesidades más básicas en el país, pero sobre todo en las villas. Este año la ayuda alimentaria fue de diez productos secos por familia aislada con contagio de COVID”, comenta la referente. Y pregunta: “¿Cómo se puede mejorar la distribución de alimentos?”.
—La Argentina tiene 6.000 kilómetros, 24 provincias y 2.200 municipios. Por eso creo que la mejor estrategia es descentralizar para terminar con el problema logístico de los alimentos. A 3.000 comedores de los 10.000 que hay en el país les estamos transfiriendo fondos para que compren ellos directamente los alimentos. Así, también se promueve el desarrollo local. Creo que a través de la Tarjeta Alimentar y de la descentralización de los comedores se va a poder mejorar la calidad nutricional. De esta forma el Estado tiene más capacidad de incidir.
Arroyo señala que durante la pandemia entendió que urbanizar no es solo abrir calles y brindar acceso a servicios básicos. Hoy uno de los aspectos más importantes es llevar conectividad. “No hay urbanización sin conectividad. Se necesita para dar igualdad de oportunidades y por razones laborales prácticas”, enfatiza.
El ministro asegura que ahora empieza a desarrollarse una cruzada para que los chicos y chicas vuelvan al colegio. “A partir de los 14 años empieza un proceso de deserción escolar y claramente sin la presencialidad eso se ha agudizado, sobre todo por la falta de conectividad. ¿Quiénes pueden hacer que los chicos vuelvan a la escuela? Los que son creíbles en el barrio, que son: el pastor, la maestra, el profe de Educación Física o el referente del club. Vemos el trabajo infantil y la venta de droga en los barrios, que se utiliza a los chicos, como un problema grave. El mejor lugar para ellos es la escuela y tienen que estar ahí”, dice.
Miriam Samudio es una pequeña productora rural y vive en la colonia agroecológica de Puerto Piray, Misiones. La mujer de 43 años forma parte de la organización Unión de Trabajadores de la Tierra. “En la zona somos más de 100 familias que estamos cultivando en 166 hectáreas y necesitamos incorporar a nuestros hijos con propuestas claras de proyectos productivos. Se necesitan tierras en manos de pequeños productores y campesinos para que se abra el camino a la soberanía alimentaria”, señala; y pregunta: “¿Qué política pública podría apoyar al sector?”
—Tenemos que ir hacia un esquema social de tierras. Estamos haciendo una actualización del RENABAP, que es el registro de barrios populares para que incluyan ámbitos rurales. En el directorio del RENABAP está la Agencia de Administración de Bienes del Estado. La idea es que parte de la tierra fiscal se transforme en tierra productiva con mecanismos de fomento de la agricultura familiar. Otro punto a tener en cuenta es que de este ministerio depende la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que históricamente se conocía como el patronato de los niños. Las familias más acaudaladas le donaban a este organismo tierras. Muchas de esas donaciones las estamos transformando en colonias de producción. Cuando los productores venden directamente a los consumidores bajan los precios de los alimentos y ellos mejoran sus ingresos.
Otra de las preguntas fue elaborada por Leonor Larraburu, de 39 años, presidenta de la cooperativa 18 de abril, ubicada en Escobar, e integrante de la asociación Amanecer de los Cartoneros. “El martes 6 de julio se presentó la ley de envases en el Congreso, que establece la Responsabilidad extendida de productores de envases, para posibilitar el fortalecimiento y creación de sistemas de reciclado en los municipios para crear puestos de trabajo para las y los recuperadores urbanos. Es una ley que vienen trabajando sectores que agrupan cooperativas de recuperadores, como la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores y organizaciones ambientalistas”, comenta. Y pregunta: “¿Desde el ministerio apoyan esta ley?”.
—Claramente apoyamos la ley y cuando la presentaron estuve ahí. Además, tenemos un programa que se llama Argentina Recicla para ayudar a las plantas recicladoras a comprar maquinarias.
Liliana López pertenece a la comunidad wichi La Loma, ubicada en Aguaray, en el departamento San Martín, en Salta. Ella considera que la pandemia invisibilizó las problemáticas de las comunidades. Por eso pregunta: “¿De qué forma trabajarán desde el Ministerio para que las comunidades tengan más ayuda? ¿Qué soluciones piensan implementar para dar respuesta a las necesidades?”.
—El Estado tiene una deuda histórica con las comunidades indígenas. El núcleo del problema de las comunidades wichi está en el acceso al agua. De allí derivan otros problemas. Dentro del programa Potenciar Trabajo hay distintas líneas de trabajo. Queremos hacer una específica para comunidades indígenas para que tengan una base de ingreso, máquinas y herramientas.
Antes de cerrar la entrevista, Arroyo refuerza otra de sus prioridades en esta coyuntura: poner plata en el bolsillo de los argentinos. Una de las medidas para mejorar los ingresos fue adelantar el aumento del salario mínimo. "En julio, el salario mínimo pasa a ser de 27.216 pesos y en septiembre de 29.160 pesos. Esto es una referencia para seis millones de personas, los que lo cobran y los que están en el programa Potenciar Trabajo. Es también una referencia para el sector informal”.
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