Tras medio año de reclamos, continúa el conflicto con las universidades. La Universidad de Buenos Aires (UBA) declaró ayer la emergencia salarial y los gremios creen que el segundo cuatrimestre podría no comenzar.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires declaró la emergencia salarial debido a una caída de más del 40% en el poder adquisitivo de sus trabajadores. El vicerrector Emiliano Yacobitti calificó la situación como “gravísima” y advirtió “Lo que está pasando es muy triste porque el poder adquisitivo del salario de los trabajadores de la Universidad perdió el 42% en los últimos 6 meses. Ya estamos hablando de salarios que no eran buenos”, durante una entrevista en El Destape Radio.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las 57 universidades nacionales, también alertó sobre la complicada situación que enfrentan todas las universidades nacionales para el segundo cuatrimestre.
El origen del conflicto
El conflicto comenzó con la prórroga del presupuesto de 2023 a 2024, acordada entre los entonces candidatos a presidentes Javier Milei y Sergio Massa en septiembre del año pasado. Esta prórroga asignó el mismo presupuesto nominal que el año anterior, aunque la inflación fue del 211.4 % en 2023 y un 51.6 % acumulado a marzo de 2024, lo que resultó en una caída presupuestaria en términos reales del 72.4 %.
El 23 de abril se realizó una movilización multitudinaria en Capital Federal y en distintas ciudades del país. En un intento de frenarla, el Gobierno anunció un aumento adicional en gastos de funcionamiento y una partida extraordinaria para los hospitales, que se concretó el lunes siguiente. Sin embargo, el aumento depositado ($21.888 millones) representa solo el 3.4 % del presupuesto actual.
En efecto, la UBA declaró la emergencia salarial para todos sus trabajadores, incluidos los profesionales de la salud y los vinculados a la investigación y extensión universitaria. La decisión fue respaldada por los gremios docentes y no docentes.
El presidente, en su discurso del Pacto de Mayo el 8 de julio a vísperas del Día de la Independencia, criticó duramente al sistema universitario nacional, acusándolo de estar desconectado de las necesidades económicas del país. Milei abogó por priorizar otras áreas del sistema educativo y reducir la oferta universitaria, proponiendo carreras más cortas y aranceladas.
Proyectos en el Congreso
En el Congreso, un proyecto de ley para declarar la "emergencia presupuestaria" de los salarios docentes y no docentes del sistema universitario está estancado. Mientras tanto, los gremios, como CONADU, planean nuevas movilizaciones y acciones, incluyendo la posible no apertura del segundo cuatrimestre y una nueva Marcha Federal Universitaria en septiembre.
El viernes pasado, la diputada de la UCR Danya Tavela presentó un proyecto de ley para declarar la "emergencia presupuestaria" de los salarios docentes y no docentes del sistema universitario y para recomponer los salarios por la inflación acumulada desde el 1 de enero de 2024. Sin embargo, los distintos sectores del radicalismo no logran un acuerdo, lo que ha llevado a un estancamiento en el Congreso.
Situación actual
Las negociaciones paritarias están empantanadas. El Consejo Universitario Nacional señaló al diario Página 12 que el resto de las universidades enfrentan panoramas iguales o peores al de la UBA. "Todas están con pronóstico complicado para el segundo cuatrimestre", destacaron.
La semana pasada, hubo un comunicado conjunto del Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), titulado "Sin salarios dignos no hay universidad". Allí volvieron a reclamar la "urgente recomposición salarial para las y los trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público nacional, la reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas".
"La sociedad argentina se manifestó en todo el país señalando con contundencia y precisión el rol estratégico que la educación pública, la universidad y la ciencia deben tener para la Nación. Ese rol solo puede ser asumido si se jerarquiza la cuestión educativa como política pública y, consecuentemente, se prioriza la inversión presupuestaria que garantice su normal funcionamiento", destacaron.
Según el gremio CONADU
El conflicto universitario no está solucionado. Un informe del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU (IEC-CONADU) detalla el impacto del “ataque del Gobierno” a las universidades nacionales. Los salarios de bolsillo de más de la mitad de los cargos docentes universitarios no superan hoy la canasta que define la línea de pobreza. El congelamiento de la garantía salarial afecta a quienes trabajan en las categorías auxiliares y con menor antigüedad. La situación se agrava para muchos docentes del nivel preuniversitario que han dejado de cobrar el adicional por FONID.
