El 18 de julio de 1994, a las 9:53, una bomba estalló en la puerta de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Este atentado dejó 85 muertos y más de 300 heridos, y marcó así uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de Argentina.
A fines de ese mismo julio, el juez Juan José Galeano fue designado para investigar el ataque. Viajó a Caracas, Venezuela, donde entrevistó a Manoucher Motamer, un exdiplomático iraní que le proporcionó información incriminatoria contra Irán, señalando a funcionarios de la Embajada iraní en Buenos Aires.
En julio de 1996, Galeano ofreció 400.000 dólares a Carlos Telleldín a cambio de información. Poco después, tres policías de alto rango y otro retirado fueron acusados de participar en el ataque, formando parte de la llamada "conexión local".
Un año más tarde, en julio de 1997, el fiscal Alberto Nisman se sumó a la investigación, buscando esclarecer los hechos detrás de este acto terrorista.
Fue en mayo de 1999 cuando la AMIA inauguró su nuevo edificio en la calle Pasteur, un símbolo de resistencia y memoria para la comunidad afectada. Ya bien entrado el 2001, comenzó el juicio oral y público por el caso AMIA, pero la resolución judicial permanecía fuera de alcance.
Hade Soleimanpour, exembajador iraní en Argentina, fue arrestado durante el año 2003 en el Reino Unido por un pedido de extradición de Argentina, debido a su presunto vínculo con el atentado.
El 3 de diciembre de 2003, la Cámara Federal removió al juez Galeano de la causa. Fue reemplazado por Rodolfo Canicoba Corral. A su vez, Telleldín fue absuelto por primera vez. La Corte Suprema de Justicia revocó la absolución pero Telleldín fue nuevamente absuelto en diciembre de 2020.
Un año después, el Tribunal Oral Federal N° 3 declaró nula una parte de la causa AMIA y absolvió a todos los imputados, incluyendo a Carlos Telleldín y a la "conexión local". Ante esta situación, el 13 de septiembre de 2004 se creó una fiscalía especial para el caso AMIA, con Alberto Nisman a la cabeza.
El Consejo de la Magistratura destituyó en agosto del 2005 al juez Juan José Galeano de su cargo judicial por irregularidades en el manejo de la investigación. El fiscal Nisman acusó formalmente a Irán de estar detrás del atentado y a Hezbolá de ejecutarlo un año más tarde. Finalmente, en noviembre de 2007, Interpol emitió órdenes de captura para cinco iraníes relacionados con el caso.
La Corte Suprema ordenó reabrir la investigación un año y medio después (en mayo del 2009). Para el 1 de octubre de aquel año, el juez federal Ariel Lijo procesó al expresidente Carlos Saúl Menem y a otros altos funcionarios por encubrimiento e irregularidades en la pesquisa.
La causa por encubrimiento fue elevada a juicio oral por Lijo durante marzo del 2012. Un año después, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó un memorándum de entendimiento con Irán para que los acusados declararan en un país neutral o en Teherán.
El fiscal Nisman denunció a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a otros funcionarios del Gobierno por presunto encubrimiento de los iraníes imputados en la causa AMIA a comienzos del 2015. Cuatro días después de esta denuncia, Nisman fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero.
El segundo juicio por el atentado a la AMIA inició el 6 de agosto de 2015. Se enfocaba en la responsabilidad de trece implicados en una supuesta operación de encubrimiento, entre ellos el expresidente Carlos Menem y el juez Galeano.
En 2018, se presentó en el edificio “El Muro de la Memoria”, una gigantesca obra creada por Martín Ron como homenaje a las víctimas. Al año siguiente, el edificio remodelado fue reinaugurado.
Finalmente, el 28 de febrero de 2019, después de tres años de audiencias públicas, Galeano, Mullen, Barbaccia, Anzorreguy y Telleldín fueron condenados por encubrimiento y delitos conexos, mientras que Menem, Beraja y Palacios fueron absueltos.
En abril de este año, La Cámara Federal de Casación confirmó que el ataque fue perpetrado por la organización armada islamista Hezbolá. Además, declaró al atentando del 18 de julio de 1994 como un crimen de lesa humanidad, al determinar que se cometieron “graves violaciones a los derechos humanos”. También se confirmaron las condenas del segundo juicio, pero se redujeron las penas.
El mes pasado, el 14 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por su responsabilidad y falta de investigación en el atentado terrorista.
