En Argentina existen diversas iniciativas de empresas y organizaciones de la sociedad civil que buscan contribuir, ampliar o completar políticas públicas de reinserción social de las personas que estuvieron o están presas. Pero son propuestas aisladas que no alcanzan la escala necesaria para lograr gran impacto. Esta situación se da mientras la población carcelaria crece, proporcionalmente, 12 veces más rápido que la de la Argentina. Y ocurre cuando uno de los principales desafíos es que una vez en libertad, las personas puedan generar un proyecto de vida.
En ese contexto se presentó Red Creer, un espacio donde 30 actores -entre fundaciones, empresas, organizaciones de la sociedad civil y áreas gubernamentales- buscarán generar mayores resultados en materia de inclusión socioeconómica de personas privadas de la libertad, ex presos y sus entornos, como familias y comunidades con las que se vinculan.
Cuál es la problemática. La estigmatización y la dificultad para conseguir una fuente de ingresos sostenida en el tiempo son los obstáculos más recurrentes con los que se enfrentan las personas que tras cumplir su condena, recuperan la libertad.
Dentro de los contextos de encierro resulta necesario fortalecer los espacios para el desarrollo de capacidades y habilidades socioemocionales y productivas, como la formación en oficios. También es importante robustecer los programas educativos, brindar educación financiera y dar apoyo psicosocial. Y en el afuera, resulta clave tender puentes que habiliten la inclusión, propiciando la inserción sociolaboral o impulsando emprendimientos productivos y de servicios.
“Para las personas que están privadas de libertad, la cárcel no puede representar un intervalo entre dos delitos: aquel que se cometió antes de que lo privaran de su libertad y el que se comete cuando se sale por no haber recibido absolutamente nada en la cárcel. Ese es el paradigma que pensamos cambiar”, dice el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari. Y agrega: “Cuando llegamos a la Provincia había 33.000 personas privadas de libertad. Es el sistema carcelario más grande del país. Hoy luego, de cuatro años, hay 12.500 presos nuevos, 45.000 aproximadamente en total. Si contemplamos aquellos con monitoreo electrónico y los detenidos en comisarias son 50.000 personas”.
Soluciones integrales. La intención de la red es contribuir con la inclusión socioeconómica de estas personas a través de la generación de un proceso de escala, replicable y sustentable, y de la construcción de herramientas y soluciones innovadoras para problemáticas comunes. Consolidar una red de impacto colectivo permitirá organizar y articular la participación activa de los sectores público, privado y social y visibilizar la problemática, aportando a la construcción de nuevos paradigmas.
“El sector privado tiene mucho que hacer con esta problemática. Lo primero, es tomar conciencia del rol que tienen las empresas en la sociedad. El Estado solo no puede. Las empresas tienen que contribuir en la ejecución de políticas públicas”, opina Andrea Gualde, directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales en Farmacity. Esta firma lleva adelante el programa Look que transforma. Ese programa busca capacitar a mujeres presas o ex presas para que puedan prestar servicios de belleza, manicuría y cuidado de la piel.
A la hora de generar emprendimientos propios, a la personas que salen de la cárcel, les cuesta mucho sacarse el estigma de encima. “Se suelen presentar como cooperativas de liberados. Queremos romper con eso. Son emprendedores y punto”, señala Sebastián Pereiro, subsecretario de Protección de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Desde la Subsecretaría fueron otorgando líneas de créditos para acompañarlos en proyectos propios.
Primeros proyectos piloto. Durante 2018 se realizaron encuentros de planificación participativa, impulsados por Cook Master (una empresa que justamente prepara viandas para las personas presas) y facilitados por Potenciar Comunidades. En esos encuentros avanzaron en un modelo colectivo de intervención para que los proyectos logren mayor escala. En concreto, articularon acciones que diferentes actores venían desarrollando en dos cárceles.
En el caso de la Unidad 54 de Florencio Varela (Servicio Penitenciario Bonaerense) abarca a 75 personas (43 jóvenes adultos y 32 mujeres). Ahí articulan la Fundación Deportistas por la Paz, Experiencia Líderes, PIATJA, la Dirección de Promoción e Inclusión Sociolaboral del Servicio Penitenciario Bonaerense, Cook Master, CGERA, COPRET, el Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires e INJUVE.
Marcos Di Lorenzo, director de Promoción e Inclusión Sociolaboral, enfatiza en que la red tiene que acompañar a las personas privadas de libertad en el proceso de transformación personal. “Así, cuando recuperen la libertad, van a poder desarrollar su mejor versión. Es la primera vez que veo tantas personas involucradas con esta problemática”, destaca.
En el caso del Complejo IV de Ezeiza (Servicio Penitenciario Federal), las destinatarias son 76 mujeres. En esa unidad articulan las áreas de educación y trabajo del Servicio Penitenciario Federal, Fundación Volviendo a Casa, Asociación Conciencia, COPRET, Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Nacional de Readaptación Social y la Subsecretaría de Inclusión Digital de la Secretaría de Modernización de la Nación.
“Hace 22 años que trabajamos en contextos de encierro. La experiencia nos demostró que si no hay un trabajo previo con los internos es muy difícil abordar el afuera. En su gran mayoría, las mujeres con las que trabajamos no tuvieron un trabajo formal. Hay que prepararlas para poder sostenerlo”, relata Mabel Carrera, de la Fundación Volviendo a Casa.
Red Crecer necesita continuar aunando esfuerzos: sumar cada vez a más actores que, comprometidos con la inclusión social, apuesten a construir y generar oportunidades que contribuyan con la construcción de una sociedad más igualitaria.
