Qué pasó. En las últimas dos semanas se registraron casos de COVID-19 en los tres institutos de menores que hay en la ciudad de Buenos Aires. También hubo un caso positivo en el Centro de Admisión y Derivación porteño, como le llaman al lugar al que un menor de edad va apenas es detenido. Los casos positivos corresponden a un chico de 16 años, a dos enfermeras y a un agente de seguridad, según informó Infobae.
Una advertencia y reclamo formal. La semana pasada, la Defensoría Nacional de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de Marisa Graham, hizo público los primeros contagios y exigió que se tomaran medidas de prevención y que se provea barbijos y guantes a los trabajadores que están en contacto con los adolescentes. Además reiteraba un pedido al Poder Judicial “para que aplique medidas que no impliquen privación de libertad” de personas menores de edad.
Cuántos adolescentes están privados de la libertad en la Argentina. Es difícil saberlo con precisión porque no hay un registro que se actualice con cierta periodicidad. El último dato, señala que en la Argentina hay 1.305 adolescentes detenidos. Ese dato corresponde a un trabajo que hizo Unicef y difundió en 2018.
Cuál es la trayectoria de esos jóvenes. En ese estudio, titulado "Las voces de las y los adolescentes privados de libertad”, Unicef encuestó a 508 adolescentes. De esa consulta, surge que las detenciones recaen sobre quienes durante su infancia y adolescencia fueron vulnerados en sus derechos elementales:
- La mitad no iba a la escuela cuando los encerraron.
- 1 de cada 3 chicos encerrados llegó a vivir en la calle.
- Un 14% pasó por un hogar porque sufrió maltrato en su casa.
- En promedio, empezaron a trabajar a los 13,9 años de edad.
- La mitad de los chicos consumió cocaína y pastillas. Y 23%, pasta base.
- 1 de cada 4 adolescentes tiene al menos un hijo a cargo.
- El 60% dijo no haber recibido ayuda del Estado en la casa donde se crió.
Cómo se juzga a las personas menores de edad en la Argentina. El sistema actual se rige por una ley de 1980, decretada por la última dictadura. Ese texto dice que nadie es punible si tiene 15 años o menos. Y que sí es imputable si tiene 16 o 17 años y cometió un delito cuya pena máxima sea de 2 años o más. Es decir, desde homicidios hasta hurtos, estafas o daños a propiedades privadas: la mayoría de los delitos. Hasta el año pasado hubo varios proyectos de ley que proponían bajar la edad de imputabilidad, pero tuvieron un fuerte rechazo de Unicef y organismos que trabajan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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