La tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 3) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, finalizó ayer en Santiago de Chile (donde está la sede principal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL). El objetivo principal de la reunión fue seguir trabajando en reconocer, proteger y promover todos los derechos de defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
El Acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021. En 2022, tuvo lugar la primera reunión en Santiago de Chile donde se reafirmó como herramienta fundamental para asegurar un medio ambiente sano a las generaciones presentes y futuras. En 2023, con sede en Buenos Aires, se realizó la segunda reunión para profundizar su implementación.
Hasta ahora, fue firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, y cuenta con 16 Estados Partes, entre los que se encuentran Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
En Argentina, el Plan para la Implementación del acuerdo fue presentado en octubre de 2023.
La COP 3 del Acuerdo de Escazú congregó a más de 700 personas en forma presencial y fue seguida por cientos de personas de manera virtual desde el 22 al 24 de abril. Allí los Estados Partes aprobaron el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales: una hoja de ruta que busca poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva de la protección de dichos defensores. Entre otras cosas, establece que cada país garantizará un entorno seguro y propicio para que puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Además, se deberán tomar medidas para reconocer, proteger y promover sus derechos, así como para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones.
Carlos de Miguel, oficial a cargo de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL, advirtió que en la región hay todavía 183 millones de personas viviendo en situación de pobreza. "Hay que cambiar su modelo de desarrollo para crecer sin afectar el ambiente. Hay que invertir más y mejor y generar empleos de calidad para que el bienestar llegue a todos. Esto implica implementar el Acuerdo de Escazú en los territorios", subrayó.
Asimismo, se aprobó un proyecto de decisión en el que acogen todas las medidas, acciones y actividades dirigidas a integrar y reforzar la perspectiva de género. También se alentó a seguir fomentando la participación plena y efectiva de las mujeres en toda su diversidad, incluyendo a las mujeres indígenas.
La cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú se realizará del 22 al 24 abril de 2026 en el mismo sitio en Chile.
