En la Argentina, muy pocas comunidades indígenas tuvieron casos del nuevo coronavirus, pero gran parte de ellas se vieron afectadas por el aislamiento obligatorio. Esta medida, necesaria para evitar la expansión del COVID-19, provocó la paralización del empleo y una abrupta reducción de los ingresos de muchos pueblos indígenas del país.
Antonio Patricio forma parte de una comunidad qom que sí sufrió contagios de COVID-19. Vive en el Gran Toba, un conglomerado que agrupa a seis barrios populares en la periferia de Resistencia. Esta zona es considerada uno de los epicentros del virus en el Chaco. Allí, donde se encuentra el mayor asentamiento qom de la ciudad, hubo más de 140 contagios y una decena de muertes.
“El virus llegó al barrio Toba, corazón del conglomerado, porque un joven de la comunidad se internó por apendicitis en el Hospital Perrando y allí se contagió. No se detectó que estaba infectado y se le dio el alta”, cuenta Patricio, que es el presidente de la comisión vecinal y tiene 49 años.
Un gran golpe para la comunidad qom del barrio Toba fue la muerte por COVID-19 de Juan Rescio. Era uno de los fundadores y más antiguos integrantes del Coro Qom Toba Chelaalapí y unos días antes había perdido a su esposa, Juana Romero, también por el virus. Rescio tenía 67 años y vivía en el barrio Cheliyí, que forma parte del complejo Gran Toba.
“En las últimas semanas, bajaron los contagios. Ahora, estamos en estado de precaución y alerta. A partir de las 21 no sale ni entra nadie al barrio. Tampoco podemos salir sin el permiso para circular. Nos costó mucho hacer entender a la juventud sobre la necesidad del aislamiento”, dice Patricio.
Muchas de las familias del barrio Toba se dedican a la venta de artesanía. Elaboran canastos con hojas de palma o totora. También hacen productos artesanales con barro que extraen de la laguna.
“En este momento, las artesanas no pueden salir del barrio a vender y eso las complica en sus ingresos. Los changarines y albañiles tampoco tienen trabajo en este momento. Yo soy empleado municipal, soy chofer de un camión de basura, y me dijeron que no me presente a trabajar hasta que no bajen los casos”, cuenta Patricio.
Por la falta de ingresos han sido claves la asistencia del Gobierno nacional con el programa Alimentar, la Asignación Universal por Hijo (AUH), el cobro de pensiones, las tarjetas alimentarias y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). También Patricio reconoce la importancia de las donaciones de alimentos y productos de higiene.
En muchos casos, sobre todo en las zonas urbanas, los altos niveles de hacinamiento de familias indígenas condiciona tanto las posibilidades de llevar adelante el aislamiento obligatorio como las condiciones mínimas de higiene y ventilación de la vivienda. La vicepresidenta de la comisión vecinal del barrio Toba, Laura Pérez, señala que escasearon mucho los barbijos y los elementos de limpieza. Además, dice que en el barrio suelen vivir dos familias en cada vivienda. En el Gran Toba viven unas 5000 personas.
La falta de acceso a servicios de agua y saneamiento o de elementos básicos de higiene limitan la posibilidad de contar con condiciones de salubridad para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Otro factor que limita esta posibilidad es la ausencia o baja frecuencia en la recolección de residuos, que terminan tapando los desagües cloacales.
Volver al monte
Otra realidad totalmente distinta, es la de Javier Karai Villalba, referente de comunidades mbyá-guaraníes de Misiones. Allí no tuvieron casos de COVID-19. De todas formas, el aislamiento obligatorio también los dejó sin ingresos por la suspensión del turismo.
Ante la falta de ingresos muchas familias se vuelcan a realizar actividades tradicionales. Suelen trabajar la tierra, crían pollos y tienen sus huertas.
Esto mismo observa la presidente de Fundación Gran Chaco, Fabiana Mena. Ella cuenta que era recurrente que frente a una crisis, las comunidades de la región de Chaco se escondieran en el monte, que era un lugar de protección.
"No en todas las zonas tienen el mismo acceso al monte, pero sigue existiendo la idea. Se dice mucho que la gente se volvió a acordar de los cabritos y justamente quiere decir que está volviendo al monte. Como no hay escuela, no es necesario estar cerca del pueblo. Se está dando un proceso de revalorización del monte como protector y proveedor de alimentos”, explica.
Villalba cuenta que las comunidades indígenas tienen sus propias autoridades sanitarias: desde enfermeras que se capacitaron en el sistema de salud tradicional hasta los guías espirituales.
“Antes de empezar la pandemia, muchos guías espirituales, como chamanes, venían prediciendo que este año no iba a ser tan bueno en salud. En base a eso, las autoridades sanitarias y políticas venían tomando decisiones. Por ejemplo, si una persona de una ciudad llegaba, había que indagar con qué fin se acercaba. Una vez que se estableció el decreto de aislamiento, las autoridades de las comunidades pusieron más barreras para entrar. Se hizo más estricto el control. Si una persona infectada con COVID-19 entra a una comunidad va a provocar un exterminio”, relata.
Las limitaciones para ver un médico
De acuerdo con el estudio “Efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en los pueblos indígenas en Argentina”, elaborado por más de 100 académicos de 30 grupos de investigación, en el caso de las poblaciones indígenas que viven en ámbitos rurales o en zonas aledañas a los centros urbanos, les resulta más difícil trasladarse hacia los centros de atención de salud. Esto se debe a la reducción o suspensión de los servicios de transporte y los controles policiales que obstaculizan la libre circulación.
En el mismo informe, se señala que en algunos centros de salud las poblaciones originarias reciben un trato discriminatorio y racista.
“Entendemos que la falta de participación de referentes indígenas, agentes sanitarios y promotores de salud en las comisiones de abordaje de la emergencia sanitaria que se da en algunos casos, fortalece estas relaciones de discriminación y maltrato”, describen los especialistas. Para el doctor en Ciencias Naturales y profesor de la maestría en Diversidad Cultural de la Universidad Tres de Febrero Darío Hermo, otro problema es la falta de información en lenguas originarias.
De hecho, la guía visual que RED/ACCIÓN hizo en marzo pasado y explica cómo lavarse correctamente las manos se convirtió en la primera campaña intercultural de prevención del COVID-19: la Red de Comunidades Rurales la tradujo a ocho lenguas de pueblos originarios, lo que permitió que llegara a comunidades de diversas culturas que viven en la Argentina.
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A principios de este año, la atención estuvo puesta en las comunidades wichi por la muerte de niños por malnutrición y falta de acceso al agua potable. Las organizaciones que integran Infancia en Deuda observaron que transcurrida la mitad del año 2020 aún no se han implementado políticas públicas adecuadas para garantizar los derechos de niñas y adolescentes de la comunidad wichi. Por el contrario, las medidas de aislamiento social han profundizado la ausencia estatal denunciada.
Liliana López pertenece a la comunidad wichi La Loma, ubicada en Aguaray, en el departamento San Martín, Salta. Ella es hermana del cacique y durante el verano fue todos los días al hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal para asistir, acompañar y apoyar aquellos miembros de las comunidades que necesitaban atención por malnutrición.
“Antes ya estábamos complicados, y ahora es peor. Hay comunidades alejadas de la ciudad que no tienen provisiones ni sustentos para el día a día. Por el aislamiento, no hay ingresos ni trabajo. Sigue la desnutrición y el hambre. También, hay otras enfermedades como chagas y diabetes. El Estado está ausente en ese sentido. Hoy, el foco principal del Estado es el COVID-19 y no se atienden otras enfermedades. Estamos recurriendo mucho a la medicina ancestral. Tenemos que agradecer a Dios y los ancestros, que no tenemos casos en nuestras comunidades. Tratamos de cuidarnos y buscar soluciones para las personas que no tienen nada”, dice López.
En La Loma viven 50 familias. López dice que eventualmente llega ayuda con comida, pero que no alcanza. “Si antes éramos pobres, con esta pandemia vamos a ser repobres. Los niños siguen muriendo en Santa Victoria, pero se dejó de visibilizar”, enfatiza.
Aumentaron los precios de productos esenciales
En otro extremo del país vive Orlando Carriqueo, que es secretario de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, en Río Negro. “A principios de abril vimos problemas en las comunidades porque por el aislamiento se produjo una suba indiscriminada de precios en los pueblos chicos. También hubo problemas para anotarse en el IFE por falta de conectividad”, cuenta.
Carriqueo dice que hoy para muchos integrantes de las comunidades es más seguro estar en el territorio que en la ciudad. “De todas formas, hay que ir al pueblo a comprar alimentos, forraje y leña. Para eso la gente se traslada, pero no es tan fácil porque hay poco transporte”, dice.
Son clave las diversas redes de contención que trabajan para subsanar las dificultades que tiene un importante sector de la población para acceder a las diferentes prestaciones sociales y garantizar la alimentación a través de viandas solidarias.
Según Fabiana Mena, de Fundación Gran Chaco, lo que muestra la pandemia es que fortalecer las organizaciones de base, el trabajo en red y la conectividad es muy importante. “El acceso a los programas de apoyo en la pandemia es posible porque existe esta red de organizaciones previa. Miles de gestiones para el Ingreso Familiar de Emergencia se realizaron a través de las organizaciones”, señala.
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En muchos casos las comunidades ya venían siendo afectadas por situaciones vinculadas a dinámicas extractivistas en los territorios en que se asientan, como la expansión de la frontera agraria con los consiguientes desmontes. “Las comunidades vieron sus actividades laborales frenadas por el aislamiento, pero las que destrozan y envenenan el paisaje donde viven siguen funcioando”, opina Hermo.
Según el director Ejecutivo de la Red Comunidades Rurales, Patricio Sutton, los mayores riesgos de este contexto están dados por la crónica postergación en la que la mayoría aún se encuentra. “El problema es que desde hace décadas se los ha segregado y abandonado. Viven en contextos con alta vulnerabilidad social y ambiental. Sin agua potable, sin cloacas, sin electricidad, sin gas, sin viviendas adecuadas, sin alimentos en la cantidad y calidad necesarias, sin acompañamiento médico preventivo, para atender emergencias o tratar enfermedades de todo tipo. Tampoco hay escuelas secundarias suficientes, centros para desarrollo de capacidades laborales, menos aún universidades u otros estudios terciarios”, reflexiona Sutton.
Y agrega: “No hace falta que llegue el COVID-19, sus efectos colaterales ya acrecientan esos cuadros crónicos y sus efectos devastadores. Y si llega la enfermedad tal como está comenzando a ocurrir en pueblos del Impenetrable chaqueño, la posibilidad de extenderse incluso en áreas rurales remotas, es enorme. Podría desaparecer para siempre una cultura entera”.
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