Esta semana terminaron, en la Legislatura, las audiencias públicas por el nuevo Código Urbanístico de la ciudad de Buenos Aires (y por el Código de Edificación que lo acompaña), que reemplazará al de 1977, aún vigente (aunque con modificaciones en 1989 y 2000).
Pero aún no hay consenso acerca de su efectividad: para algunas voces críticas, el código (que según el Gobierno de la Ciudad es un instrumento de planificación urbana que regula y ordena el tejido y los usos del suelo urbano) no es todo lo bueno que podría ser.
El código tiene diferentes funciones: establece qué, cómo y dónde se puede construir, y regula la actividad del sector constructor privado en “armonía” (cita textual) con el espacio público. En definitiva, el código es el marco clave para determinar cómo crecerá la ciudad en el futuro. ¿Más? Leelo acá.
La Legislatura de la ciudad deberá votar en las próximas semanas a favor o en contra de un proyecto que trabaja sobre cinco ejes, que son cinco problemáticas. Muchos especialistas, algunos a favor del proyecto oficial y otros en contra, coinciden en que estos ejes merecen un debate; sin embargo, hay diferentes opiniones en torno a cómo avanzar sobre ellos.
- Ciudad homogénea: las alturas máximas de cada cuadra estarán igualadas.
- Mixtura de usos: los barrios serán, a la vez, residenciales, comerciales, industriales y mucho más.
- Cuidado del patrimonio histórico: se crearán herramientas para promover la puesta en valor.
- Ciudad verde y sustentable: se incorporarán técnicas como riego hídrico.
- Ciudad integrada: las villas miseria serán urbanizadas.
Una de las preguntas más discutidas es ¿qué se puede construir? El nuevo código propone una ciudad homogénea; o sea, con altura fija para los edificios de la misma cuadra, y con alturas máximas en avenidas, calles y pasajes. De hecho, habrá seis alturas máximas.
Esto significa que la ciudad será (un poco más) previsible porque los vecinos sabrán qué altura máxima se podrá construir en su cuadra. Se busca más simpleza y claridad al eliminar los parámetros matemáticos (FOT: Factor de Ocupación Total; FOS: Factor de Ocupación Suelo; tangente) que hasta hoy rigen la ecuación respecto a la altura de los edificios.
El modelo de manzanas de alturas parejas es de tradición europea y, a esta altura, también es un modelo clásico. Basta ver el Ensanche de Barcelona como un caso testigo y aquí se aprecia en los edificios de la Diagonal Norte.
Pero algunas voces críticas se preguntan: ¿es la altura homogénea de por sí algo bueno? París, una ciudad construida en ese modelo, tiene también un modelo para generar irregularidad intencionadamente en su rive gauche (la orilla izquierda del río Sena) y lo mismo ocurre con los proyectos MVRDV en algunas ciudades de Holanda.
Aunque en septiembre Franco Moccia, el ministro porteño de Desarrollo Urbano y Transporte, dijo que “la Ciudad de Buenos Aires está cada vez más cerca de tener un marco normativo adaptado a los desafíos del siglo XXI”, unas 130 asambleas y organizaciones contrarias al proyecto habían conformado algunos meses antes el Frente por una Planificación Ciudadana Integral.
Desde esa tribuna lanzaron un "Manifiesto en rechazo al tratamiento legislativo del nuevo Código Urbanístico y del nuevo Código de Edificación": dicen que si el proyecto se aprueba, se avanzará en un ciclo de entrega de tierras públicas a manos particulares, privatizaciones de servicios públicos y consolidación de negocios inmobiliarios especulativos.
“Una de las grandes críticas que le hacemos al proyecto es por los temas que no trata”, dice Jonatan Baldiviezo, abogado urbano, ambientalista y de derechos humanos, y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. “El Plan Urbano Ambiental es el mandato normativo que ordena la actualización del código, pero este código sólo habla detalladamente sobre la capacidad constructiva de las parcelas. No se refiere al espacio público, que en una ciudad suele ser el 40% del territorio, ni tampoco a las relaciones entre las personas. Es un código urbanístico hecho para el sector inmobiliario”.
Baldiviezo señala que en Río de Janeiro los espacios verdes y el mar están incorporados a la ciudad, y que en Buenos Aires eso no está contemplado.
El sector de los constructores tampoco está satisfecho. El presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), Damián Tabakman, señala la larga duración del debate y se refiere a las torres, que ya no podrán germinar libremente. Las más altas sólo serían construidas en áreas en desarrollo: sobre la Avenida General Paz y en parcelas sobre el Riachuelo.
“Los desarrolladores no consideramos esto como lo más óptimo, pero estamos dispuestos a admitir lo que se estaría aprobando democráticamente por la mayoría”, dice Tabakman. “De todas formas, lo que más nos preocupa en este momento es que no se termine la etapa de debate y que continúe habiendo incertidumbre al respecto, lo cual dificulta la valuación de terrenos”.
Hay algo que atraviesa el Código: más allá de la ubicación de las torres, la nueva norma incrementará la constructibilidad en la ciudad. Buenos Aires tiene un volumen edificado de 104 millones de metros cuadrados, pero su capacidad es de más de 200 millones y Carlos Colombo, el subsecretario de Planeamiento Urbano, le dijo a Clarín que “la Ciudad está construida en un 66% de acuerdo a los parámetros que marca el código vigente”.
En el Plan Ambiental Urbano se habla de “recupero de la valorización del suelo”: es un modo de que el Estado perciba un impuesto o un tributo cuando se aumenta la capacidad edificatoria en zonas beneficiadas con, por ejemplo, una estación de subte o un parque. Pero el proyecto de Código Urbanístico casi no toca el tema.
“El Código Urbanístico aumenta la edificabilidad pero, si no implementa un recupero de la valorización del suelo, está regalando todo el valor de ese suelo que aumentó”, explica Luis Baer, investigador del CONICET y del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires.
Cuando Bogotá construyó su sistema de buses Transmilenio (en el cual se inspira el metrobús porteño), se ordenó una contribución en las propiedades de la avenida de circulación y del entorno inmediato. Una parte de lo recaudado se utiliza para planes de vivienda social.
“La oportunidad de hacer un nuevo código debería servir para discutir otras cosas, como vivienda social y transporte”, dice Lorena Vecslir, investigadora del CONICET y del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. “En Barcelona, por ejemplo, cada emprendimiento debe destinar un 30% a vivienda social. El proyecto de Código Urbanístico de Buenos Aires dice que en algunos casos se podrá promover la vivienda social, pero no habla de exigir”.
La discusión continuará la semana que viene, cuando la Legislatura vuelva a tratar el tema.