Hoy, mientras nuestras economías y vidas sociales se desarrollan cada vez más online debido a la pandemia del COVID-19, los dominios digital y físico se están integrando cada vez más. Y ahora más que nunca, la gobernanza y la regulación de un mundo digital híper conectado deben ponerse a la altura.
Además de desatar la crisis económica más severa desde la Gran Depresión, el COVID-19 también está acelerando tendencias tecnológicas que ya estaban en marcha. Una de las que más se destacan es que las grandes tecnológicas se están volviendo aún más grandes. El índice NASDAQ altamente tecnológico lleva subido el 30% en lo que va de 2020, mientras que la capitalización de mercado combinada de Apple, Amazon, Facebook y Alphabet (la empresa matriz de Google) ha superado los 5 billones de dólares. Como resultado de ello, la fortuna personal del CEO de Amazon, Jeff Bezos, se ha incrementado en más de 70.000 millones de dólares, o 68%, desde que comenzó la pandemia, mientras que el patrimonio neto del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, ha subido 30.000 millones de dólares a 87.800 millones.
Esta creciente concentración de poder y riqueza en manos de unas pocas empresas digitales globales forjará la política nacional e internacional cuando salgamos de la pandemia. Las grandes tecnológicas ganan valor a partir de activos intangibles como datos, algoritmos y propiedad intelectual, y no sólo a través de activos tangibles como mano de obra física o bienes y servicios, y han sacado ventaja de una gobernanza digital débil para evitar pagar impuestos y aportes de seguridad social. Nuestro sistema de gobernanza global se construyó para un mundo tangible, y los gobiernos han tardado demasiado en adaptar las leyes y regulaciones destinadas a construir una economía digital equitativa.
La creciente brecha entre los ganadores y perdedores de la economía digital se torna evidente en la disparada de la desigualdad y la erosión de la clase media, cosa que la pandemia probablemente exacerbe en el corto plazo. El centro político también se ha reducido, con un respaldo cada vez mayor de partidos extremistas de izquierda y de derecha. La fe en la democracia y la confianza en los medios ha decaído tanto en Europa como en Estados Unidos: hoy, apenas el 30% de los millennials de Estados Unidos piensan que es esencial vivir en una democracia. Todas estas tendencias amenazan con amplificarse en el futuro cercano, para beneficio de los populistas iliberales.
La pandemia también ha aumentado las rivalidades geopolíticas globales y ha resaltado la realidad de que la confrontación de grandes potencias cada vez más tiene lugar en el dominio digital, en áreas que son propiedad de empresas privadas globales. Facebook y Google, por ejemplo, se están convirtiendo en el terreno en disputa para peleas tanto nacionales como internacionales, como lo han demostrado las campañas electorales presidenciales de Estados Unidos en 2016 y 2020, así como otras elecciones en todo el mundo.
Mientras tanto, los responsables de las políticas a nivel nacional se esfuerzan por hacer valer la soberanía tecnológica para poder controlar los datos y a los gigantes digitales. Los gobiernos de algunos países europeos grandes no han podido implementar sus propios protocolos de rastreo de contactos del COVID-19 debido al fuerte poder de Apple y Google, que en efecto decidieron entre ellas cómo se podían –y no se podían- utilizar los 3.200 millones de teléfonos inteligentes del mundo para combatir la pandemia.
Los responsables de las políticas necesitan con urgencia reconciliarse con estos desarrollos. En The New Digital Domain, nuestro informe reciente para el Centro para la Gobernanza del Cambio de la Universidad IE, recomendamos a los responsables de las políticas tres conjuntos de imperativos.
Primero, necesitamos nuevos modelos de gobernanza para la economía digital. Estos deberían incluir un nuevo foro para la coordinación diplomática y global con el fin de superar la balcanización actual de la gobernanza de datos. Ni la estrategia china centrada en el Estado ni el abordaje norteamericano centrado en las empresas permiten que los individuos controlen sus datos personales. En cambio, la Regulación General de Protección de Datos de la Unión Europea va más allá en esta dirección. El problema es que las tres zonas definidas por estas estrategias no pueden “dialogar” entre sí. Como resultado de ello, ninguna empresa o legislación tecnológica puede ser verdaderamente global, porque es imposible cumplir simultáneamente con las reglas de las tres zonas.
También necesitamos un organismo internacional que estipule los estándares y regulaciones globales para la economía de plataformas. Esta institución podría asesorar sobre mejores prácticas, monitorear los riesgos que surjan de las nuevas tecnologías (entre ellos su impacto en la sociedad civil) y desarrollar intervenciones regulatorias y de políticas para abordarlas. El dominio digital de hoy está minando nuestra capacidad para llegar a un entendimiento común de los hechos. Para impedir una crisis epistemológica, necesitamos un espacio de información que sea un bien público, más que uno que busque maximizar las ganancias.
Segundo, necesitamos nuevos modelos de gobernanza económica. La economía digital está impulsada por la tecnología patentada, y por su naturaleza favorece a los pioneros y a las economías de aglomeración. Los gobiernos necesitan crear un campo de juego nivelado para los innovadores y los rezagados, y diseñar regulaciones inteligentes y ágiles para mejorar el impacto de las alteraciones tecnológicas en los sectores tradicionales. Los responsables de las políticas también deberían desarrollar nuevas maneras de proteger a los trabajadores de la economía informal y ofrecerles las mismas formas de seguridad socioeconómica de las que gozan los trabajadores comunes, aunque a través de mecanismos diferentes.
Tercero, necesitamos un nuevo contrato social para poner fin a la fractura social y a la polarización de la política. El status quo de una economía digital no gravada y mayormente no regulada ya no es sostenible. El hecho de no gravar las ganancias de grandes empresas públicas está limitando la capacidad de los gobiernos para ofrecer bienes y servicios públicos sociales. Necesitamos establecer un nuevo régimen global para enfrentar el problema del arbitraje fiscal por parte de multinacionales cuyo valor, en gran medida, es producto de la economía intangible.
Por otra parte, promover y regular acuerdos laborales inclusivos e innovadores podría ayudar a repoblar áreas menos desarrolladas, y contribuiría a achicar las disparidades regionales que contribuyen a la polarización política. La educación es la herramienta más efectiva para la movilidad social, pero sus costos se están incrementado mientras que los planes de estudio tardan mucho en adaptarse a las necesidades cambiantes de la economía digital. Ofrecer una educación efectiva, actualizada y asequible para los ciudadanos es crucial.
Mitigar los efectos adversos del dominio digital exige estrategias holísticas para la gobernanza de las plataformas y los datos. Durante demasiado tiempo, y en demasiadas cuestiones, los responsables de las políticas han dejado la gobernanza de la tecnología en manos de quienes la diseñan. Ya no pueden darse el lujo de mantenerse al margen.
Oscar Jonsson es director académico del Centro para la Gobernanza del Cambio de la Universidad IE y autor de The Russian Understanding of War. Taylor Owen preside la cátedra Medios, Ética y Comunicaciones y es director del Centro para Medios, Tecnología y Democracia en la Universidad McGill.
