El más que probable incremento de la pobreza y la desigualdad que se dará tras la pandemia de la covid-19 hace recordar la importancia de la Carta Universal de los Derechos Humanos.
Dicha carta fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en uno de los peores momentos del siglo XX, apenas tres años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero fue el punto de partida de una nueva convivencia. Hoy es el momento de recuperarla, dado que estamos ante uno de los desafíos mundiales de mayor dimensión desde entonces.
Pactos y protocolos
Para desarrollar la Carta Universal de los Derechos Humanos se aprobaron, en 1976, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDPC). Con estos pactos se desarrollaron diversos protocolos, que son de obligado cumplimiento para los países que los han ratificado.
En 1976, la gran mayoría de los países se comprometieron con la defensa de los derechos civiles y políticos. Además, en 1989 se desarrolló un protocolo especial para la abolición de la pena de muerte.
El compromiso con los derechos económicos, sociales y culturales contenido en el PIDESC tuvo que esperar 32 años, pues el Protocolo Facultativo para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales solo se ratificó en 2008.
Algunos países, entre ellos Estados Unidos, no lo han ratificado y otros, como Arabia Saudí, Sudán, Tanzania o Botswana, ni siquiera lo han suscrito. España, en cambio, ha ratificado ambos protocolos.
¿Cómo se hacen efectivos los derechos económicos, sociales y culturales?
Es frecuente que los derechos económicos, sociales y culturales se resientan en tiempos de crisis. Todavía permanece en el recuerdo la crisis de la zona euro entre 2009 y 2012.
Los estados deben garantizar a la ciudadanía el cumplimiento y disfrute de estos derechos. No se trata solo de impedir que se violen, sino de garantizar que las personas puedan ejercerlos. Dicho de otra forma, los estados tienen la obligación de hacer lo que sea necesario para que los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos.
En 1999 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció las “Observaciones Generales” para determinar cuáles eran las mejores formas de desarrollarlos. Entre ellas destacan:
- Obligación de respetar. Los estados no han de hacer nada que afecte negativamente el disfrute de un derecho económico por parte de la sociedad. Por ejemplo, en cuanto al derecho a la alimentación, no habrían de llevar a cabo medidas que malgasten el agua o utilicen alimentos para fines no alimentarios. En el caso del maíz, debe ser empleado para alimentar antes que para fabricar biocombustibles que sustituyan al petróleo.
- Obligación de proteger. Los estados tienen que diseñar políticas que protejan los derechos económicos. Siguiendo con el ejemplo del derecho a la alimentación, un estado debe desarrollar políticas encaminadas a la conservación del medioambiente, la producción de alimentos sanos y nutritivos, etc.
- Obligación de facilitar. Cuando no es suficiente con respetar y proteger, hay que intervenir. Por ejemplo, si un país no tiene suficientes alimentos para su población, habrá que solicitar ayuda alimentaria del exterior o importar alimentos.
La gestión de la crisis del coronavirus y los derechos económicos
Esta triple crisis sanitaria, económica y social pone de manifiesto la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales.
Por ello hay que evitar que suponga un recorte de derechos o un olvido (o incumplimiento) de los compromisos internacionales con la Carta Universal de los Derechos Humanos.
Ya ocurrió así hace más de una década y ese error no se puede repetir. La crisis de 2009-2012 de la zona Euro se saldó con fuertes recortes. En los países más golpeados, las políticas de austeridad afectaron de forma muy importante a la sanidad, la educación y la lucha contra la exclusión social.
También erosionaron el trabajo decente, el acceso a la vivienda e incluso servicios básicos como la alimentación.
El confinamiento ha mostrado que el impacto no es igual para todos. Depende de los derechos económicos que se tengan previamente y del compromiso del Estado para garantizarlos.
El trabajo decente, una cuestión individual, pero también social
Los trabajadores informales de América Latina (y no digamos de África) se enfrentan a un enorme riesgo de contagio. Estas personas tienen que salir cada día a buscarse la vida para poder comer. El dinero del que disponen lo consiguen diariamente en sus actividades callejeras.
No tienen ni un salario ni ahorros para sobrevivir confinados. Esto hace que aumente su exposición al virus, y las posibilidades de contagio y expansión de la enfermedad en su comunidad.
La ausencia del derecho al “trabajo decente” es un problema del individuo (que se puede contagiar) pero también de la sociedad (porque se resienten la salud pública, el sistema sanitario y el sistema económico y social del país).
El destino de quienes han conseguido mantener el empleo y el de aquellos que lo han perdido también será diferente. Para evitar que los más perjudicados caigan bajo la línea de la pobreza y la exclusión social, va a ser necesaria una poderosa política de protección ante el desempleo.
No se puede olvidar que los tiempos de pandemia también deben ser tiempos de derechos económicos y sociales. A mediados del siglo XX la Declaración Universal de los Derechos Humanos sentó las bases de la reconstrucción posbélica. Ahora, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales deben ser el pilar sobre el que se apoye la reconstrucción tras la pandemia de la covid-19.
Ángeles Sánchez Díez, Coordinadora del Grupo de Estudio de las Transformaciones de la Economía Mundial (GETEM), Universidad Autónoma de Madrid.
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