En enero de este año, Alejandra Montiel, una joven de 24 años, por primera vez pudo tener en sus manos su DNI. Para ejercer su derecho a la identidad jurídica tuvo que golpear puertas durante mucho tiempo y pasar por un proceso judicial que duró cuatro años. Al no estar registrada al nacer, Alejandra se encontró con serias limitaciones para aaceder a la salud, a la educación, al trabajo, o a la seguridad, entre otros. Incluso, su hija se vio imposibilitada de recibir la Asignación Universal por Hijo.
A aquellas personas que no fueron registradas al nacer y por ende no cuentan con su documento de identidad, se les niega el acceso a los derechos más básicos. Encuentran trabas para asistir a la escuela, ver a un médico o conseguir un trabajo. No pueden abrir una cuenta bancaria, sacar una SUBE a su nombre, comprar una casa o incluso casarse.
A nivel local, no existen cifras oficiales de cuántas son las personas que nunca tuvieron documento de identidad, lo cual genera diversas estimaciones informales. Los últimos datos de la UCA señalan que el 0,3% de la población urbana en Argentina nunca tuvo un DNI. Es decir, 69.000 personas, pero esta medición no incluyó a las áreas rurales. Por otro lado, tras cruzar distintos informes, Microjusticia, una organización que busca empoderar legalmente a personas en situación de vulnerabilidad social, estimó que un 2% de la población argentina no cuenta con su identidad jurídica. Es decir que serían unas 800.000 personas.
Pero un tercer informe, elaborado por UNICEF y DEIS de 2017, señala que en Argentina la omisión del registro de nacimientos llega al 3,8%. Se trataría entonces de 30 mil niños y niñas que cada año quedan sin inscripción. Además, se evidencian grandes diferencias entre las provincias: según este informe en la provincia de Buenos Aires el número asciende a 6%, y en Santiago del Estero a 13%.
La falta de datos certeros sobre la dimensión del problema contribuye a agravar aún sus consecuencias al reducir su visibilidad. A pesar de la divergencia de las cifras, las distintas organizaciones que trabajan la problemática coinciden en la necesidad de que el INDEC incluya en el censo 2020 la pregunta: ¿tiene DNI?. Así, se generaría una base sobre la cual trabajar.
Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y del Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas, los niños y niñas que se encuentran en villas o asentamientos tienen mayor probabilidad de no tener DNI que los que viven en áreas de urbanización formal media.
Para Alejandra Martínez, directora ejecutiva de Microjusticia, hasta enero Montiel era una persona apátrida porque no estaba reconocida por el Estado argentino. Si bien no todas las organizaciones están de acuerdo con este concepto, lo cierto es que la ACNUR, la Agencia de la ONU para los refugiados, publicó una serie de documentos donde se incluye la Acción 7 del Plan de Acción Mundial, que insta a los Estados a garantizar el registro de nacimientos para prevenir la apatridia. Los certificados de nacimiento proporcionan información clave que ayuda a las niñas y niños a confirmar o adquirir su nacionalidad. Estos documentos se elaboran para asistir a los Estados a alcanzar los objetivos de la Campaña #Ibelong (#Yopertenezco) para acabar con la apatridia en el 2024.
“Por sí sola, la falta del registro de nacimiento usualmente no significa que una persona es apátrida o incluso que esté en riesgo de apatridia. Sin embargo, la posesión de un certificado de nacimiento ayuda a establecer el derecho a la nacionalidad y es a menudo un requisito previo para obtener la documentación que prueba la nacionalidad”, señala la ACNUR en el documento. Se estima que al menos 10 millones de personas alrededor del mundo son apátridas.
El mes pasado se publicó el decreto 185/2019 en el Boletín Oficial para garantizar la inscripción de nacimientos y la emisión del primer DNI a niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 18 años. De este modo, se reemplazó el decreto 90/2009 que obligaba a que los niños a partir de los 13 años a recorrer un proceso judicial de inscripción que tarda años y necesita de patrocinio legal, lo que implica un gasto de tiempo y dinero. Ahora, las personas de entre 0 y 18 años cuyos nacimientos no fueron registrados, necesitan presentar en un Registro Civil el informe negativo de inscripción de nacimiento (donde conste que, hasta el momento, no ha sido inscripta en ningún Registro Civil); el certificado médico en donde figure la fecha y lugar de nacimiento; y la presencia de padre o madre con DNI (o en caso que se encuentren ausentes es suficiente estar acompañado de dos testigos con DNI).
A su vez, desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper) aseguran que hace más de dos años cuentan con 25 móviles que recorren a diario todo el país en busca de las personas que nunca tuvieron DNI. Con este operativo, no podían intervenir en aquellos casos que ya estaban judicializados.
Alejandra Montiel (24)
“Toda mi infancia tuve que encontrar personas que hicieran la vista gorda cada vez que necesitaba ir al médico o para anotarme a la escuela. Cuando empecé la secundaria constantemente me decían “cuando puedas tráeme el documento”. Un día me puse nerviosa y conté que mi mamá no me inscribió al nacer y por eso no tenía documento. Entonces, en el colegio me incentivaron a averiguar sobre cómo tramitar mi DNI. Yo ya tenía 16 años. A partir de ahí, me la pasé recorriendo registros y no recibía ninguna explicación. Incluso fuimos con mi suegro y mi marido a hablar con un intendente y me dijeron que podían darme el DNI de una persona que ya había fallecido. Yo tenía miedo de tener problemas. De todas formas, finalmente, me dijeron que no me podían ayudar. Me volvía a casa con mucha impotencia y llorando de la bronca”, relata Montiel.
Después de muchos años de golpear puertas, la joven de la localidad de Ciudadela dio con la organización Microjusticia, que la acompañó en el registro de nacimiento por vía judicial. Los tiempos judiciales de cada acción, escrito, o producción de prueba, muchas veces multiplica el tiempo judicial del expediente. En el caso de Alejandra, le llevó cuatro años. “El proceso es muy desgastante. Yo seguí adelante porque también mi marido se puso atrás mío y siempre me acompañaba a todos lados”, enfatiza.
Alejandra terminó el secundario, pero no pudo tramitar su título. Ella quería convertirse en maestra jardinera, pero la falta de DNI le impidió inscribirse en el terciario, y tuvo que conformarse con algún que otro trabajo en negro.
“Una vez fuimos con Microjusticia al Congreso para hacer incidencia política sobre esta problemática y la persona de seguridad no me quería dejar entrar al edificio porque no tenía mi documento. Justamente, iba a dar mi testimonio como persona indocumentada”, cuenta Montiel.
Ambar es la hija de Alejandra. En su partida de nacimiento, el espacio donde se pone el DNI de la madre está en blanco. Por ese motivo, ella no puede recibir la Asignación Universal por Hijo (AUH). “Cuando fuimos a sacar la asignación de Ambar me decían que necesitaban sí o sí mi documento. Ella tiene a su papá, pero insistían con el mio”, comenta. Ahora que Alejandra ya tiene su documento, tiene que empezar otro proceso judicial para acreditar en la partida de Ambar que ella es su mamá. Una vez acreditado el vínculo, la niña va a poder recibir su asignación.
Jaqueline Alejo Rivera (20)
Nelly Rivera vive en la villa 1-11-14 y tiene 9 hijos. Como la ambulancia no llega hasta su casa, los tuvo a todos en su domicilio. “Me sacaron la placenta en el hospital, fui con mis bebes en brazos, me hicieron la historia clínica, pero no los pude registrar”, señala Nelly.
Después de años de buscar la forma de darle el DNI a sus hijos, Nelly se puso en contacto con la Oficina del Ministerio Público Fiscal de la 1-11-14, donde la derivaron con Microjusticia. A través de contactos de la organización pudieron sacar el documento de los más chicos rápidamente, pero Jaqueline y Brian Alejo Rivera tuvieron que empezar un proceso judicial porque superaban la edad para hacer el trámite de forma administrativa. Los hermanos todavía esperan su documento.
Nelly en más de una ocasión tuvo que ahorrar para llevar a sus hijos a un médico particular porque en el hospital no los querían atender. “A mí y a mi hermano nos discriminaban por todos lados por no tener documento. La directora de la escuela me maltrataba y me decía que mi mamá era una dejada por no tramitarlo a tiempo. La Defensoría del Pueblo me ayuda con temas de discriminación y maltrato”, cuenta Jaqueline.
Según Alejandra Martínez existe un preconcepto social erróneo. Explica: “Se piensa que los chicos no tienen documento porque los padres no hacen nada, y se le hecha la culpa a la mamá. Pero muchas de ellas se cansaron de golpear puertas. Siempre les decían que les faltaba algo para hacer el trámite”.
Jaqueline sueña con estudiar medicina. Hoy espera su DNI para poder inscribirse en el CBC. Y así espera desplegar su vocación.
