Los humedales han sido protagonistas en RED/ACCIÓN tanto para comprender su importancia como para conocer cuándo están en peligro, como ocurrió con los recientes incendios en las islas del Delta de Paraná. Ante ello, el principal reclamo de la sociedad civil hoy es la sanción de una Ley de Humedales. Y sobre esto conversamos con Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), especialista en biodiversidad.
—¿Cuál es el estado actual de las discusiones sobre la Ley de Humedales en el Congreso?
—Hasta ahora lo que hubo fueron reuniones informativas, varias en Diputados lideradas por el presidente de la comisión de Ambiente, Leonardo Grosso, y una en Senado. En ambas, las organizaciones de la sociedad civil pudimos hacer escuchar nuestra posición y promover la voz de los grupos en territorio, que pudieron exponer. En algún momento tendrá que empezar el trabajo de asesores y los propios legisladores para definir un texto de consenso. Hay, por lo menos hasta la semana pasada, tres proyectos de ley en el Senado y ocho en Diputados. Por eso tiene que haber un proceso de escuchar a las voces de sociedad civil y el sector académico, y trabajar en un único texto que tome más fuerza. Además, como hay proyectos en ambas cámaras, llamamos a los legisladores a trabajar de manera coordinada y comunicada para que la doble vía no sea impedimento para que avance la ley. Por el momento, no tuvimos más novedades. Que se dé una media sanción este 2020, en el contexto de la pandemia y sesiones online, sería un gran paso.
—¿Qué características clave considera que debiera cumplir una Ley de Humedales en Argentina?
—Se han retomado las discusiones a partir de los incendios en el Delta, pero la Ley de Humedales va más allá de un incendio en un sector del país. El impulsar esta agenda no se tiene que acabar después de que se apague el último foco de incendio. Es importante que salga una buena ley, discutida, no a los apurones para asegurar una implementación satisfactoria, con todos los elementos para atender la preocupante realidad de los humedales a lo largo de Argentina. Algunos de ellos: que sea una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, que la máxima autoridad de aplicación sea el ministerio de Ambiente y que sea la encargada nacional de hacer el inventario nacional como base de información para que cada una de las provincias avance en el ordenamiento territorial (el inventario no puede depender de las provincias), que haya un presupuesto asociado —el Fondo Nacional de Humedales— para impulsar la implementación.
—¿Por qué es importante para Argentina contar con una Ley de Humedales?
—Tenemos desde turberas en Tierra del Fuego, los salares altoandinos, hasta humedales en la Cuenca Matanza-Riachuelo. A nivel global, los humedales siempre fueron vistos como "tierra de descarte" a la que hay que darle otro destino. En los últimos 300 años desapareció el 87% de los humedales que había en la Tierra. Argentina no escapa a esa realidad, no tenemos esos datos, pero sabemos que un 21% del territorio está alcanzado por humedales con amenazas diversas. Tienen un valor ecológico, biológico, cultural y social. Son fuente de agua, permiten disminuir impactos de lluvias cada vez más intensas y frecuentes, y contribuyen en un mejor manejo ante situaciones de estrés hídrico, sustentan actividades de comunidades locales. Tenemos que proteger a los humedales no sólo por los servicios ambientales que dan a las personas sino también porque tienen un valor intrínseco. Esta no es una ley que se opone a la producción —como ya ha alertado el sector productivo— sino que invita a pensar la producción de otra forma: en línea con sostener la integridad ecológica de los humedales, la protección ambiental, la conservación y el uso sostenible.
Este contenido fue publicado originalmente en Planeta, la newsletter con información para actuar y cuidar al planeta que edita Tais Gadea Lara. Podés suscribirte en este link.
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