Hace un año, en medio del Chaco Salteño —a 21 kilómetros de Bolivia, 40 kilómetros de Paraguay y 60 kilómetros de la provincia de Formosa—, se instaló por primera vez un campamento humanitario de la Cruz Roja que garantiza la distribución de agua de calidad a cincuenta comunidades de la región. Este espacio de asistencia humanitaria comenzó a montarse justo antes de que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus se desatara en el país. Es que allí, en el norte salteño se desarrollaba otra emergencia que se desenmascaró con la muerte de ocho niños con cuadros de malnutrición.
El 26 de enero de 2020, luego de la muerte del sexto niño wichi, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz decretó la emergencia sociosanitaria en los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia. Para ese entonces, el presidente de la Cruz Roja Argentina Diego Tipping viajó a la provincia junto al Coordinador Residente de ONU Argentina Roberto Valent, para ver la situación y reunirse con las autoridades. “En ese viaje vimos que era necesario contar con una estrategia de intervención inmediata, que fuera distinta a la tradicional que implica hacer pozos de agua. Muchas poblaciones son nómades y cuando migran en busca de alimento, no se pueden llevar el pozo”, explica Tipping.
Respecto a la situación, Valent describe: “Allí nos encontramos con personas en condiciones de extrema pobreza, sin mayores posibilidades de empleo ni medios de vida sostenibles, dependientes de programas sociales que no cubren todas sus necesidades básicas, con viviendas precarias, sin acceso a agua segura ni saneamiento, y con limitaciones de acceso a los servicios de salud”. Y agrega: “Es importante aclarar que este cuadro no es exclusivo de Salta sino de las comunidades del norte argentino en general”.
El campamento de base, a cargo de la Cruz Roja, se ubicó en el municipio de Santa Victoria Este, en el noreste de la provincia de Salta, en el corazón de las comunidades wichi, toba y chorote, La intención fue trabajar desde la propia convivencia con las dificultades que se buscaba resolver. Se hizo foco en la producción, distribución y almacenamiento de agua segura, entendiendo que la falta de acceso a este bien indispensable afecta directamente a la higiene de las comunidades y trae como consecuencia diarrea crónica y deshidratación que devienen en la pérdida de componentes orgánicos esenciales para la correcta nutrición.
“En primer lugar, entregamos polvos potabilizadores y filtros familiares potabilizadores que tienen la capacidad de filtrar hasta 30 litros de agua por día. Estos últimos los trajimos del Reino Unido. A su vez, distribuimos filtros comunitarios para ser utilizados en los centros de salud, escuelas y espacios comunes. Como tercera medida, trajimos desde España, en medio de la pandemia, una planta potabilizadora con capacidad de producir 60.000 litros de agua por día. Entregamos tanques de agua familiares de 1.000 litros y tanques individuales”, cuenta Tiiping.
Un problema que detectaron en un primer diagnóstico es que las comunidades almacenaban agua en contenedores que habían contenido agrotóxicos y por eso se les contaminaba. Por lo tanto, la organización buscó cambiar las formas de almacenamiento.
Junto al campamento, que asiste a unas 4.000 familias, se instaló un puesto de primeros auxilios para el fortalecimiento sanitario. Esto permitió acortar distancias y generar un cambio de paradigma sobre la atención profesional de la salud en la zona.
El voluntario que se fue a vivir al monte
El 29 de febrero de 2020, Maximiliano Gastón Tolaba, de 25 años, se movilizó hacia el campamento. El joven de la ciudad de Salta es voluntario de la de la Cruz Roja Argentina hace ocho años. Su primera tarea en territorio fue participar de un relevamiento de campo. En esa actividad, lo primero que se observó fue que el 84% de la población infantil expresaba haber padecido diarrea en el último mes. En julio, el relevamiento se repitió y se verificó que el trabajo realizado iba por buen camino, ya que solo el 22% decía padecer ese cuadro.
A mediados del año pasado, Tolaba pasó a ser personal rentado de la organización. Desde entonces, se quedó a vivir en el campamento, junto a las comunidades. Además, en este momento convive con ocho voluntarios de la organización, que a lo largo del año fueron rotando. “Por ejemplo, ahora hay dos chicas que se pidieron las vacaciones en sus trabajos para venir a ayudar acá”, dice. Por la pandemia, fue más difícil movilizar a los voluntarios. De todas formas, por allí pasaron alrededor de 400 personas dispuestas a ayudar.
En el campamento, el día suele comenzar a las 6.30. “Hacemos un breve desayuno, una limpieza básica y salimos al terreno a las 8. Un equipo se desplaza a la planta potabilizadora para producir y potabilizar agua y otro equipo se encarga de la distribución a las comunidades. Alguno se quedan en la sala de primeros auxilios por si sucede algo, y si hay disponibilidad otra persona trabaja en las capacitaciones para la comunidad. Paramos con las actividades a las 13.30 para almorzar y descansar. Entre las 14 y las 16 nos tenemos que resguardar porque el clima es un infierno. Tipo 17 salimos al terreno para seguir con las atenciones, la potabilización y la distribución. A las 22 cenamos, y a las 23 nos dormimos”, detalla Tolaba.
Aparte del clima, Tolaba señala que otra dificultad es la accesibilidad. “Es una zona complicada por las distancias y porque los caminos son intransitables”, dice.
La premisa entre los voluntarios fue que ellos se iban a adaptar a las comunidades: a sus horarios, su forma de vivir y su idioma. Tolaba dice: “Algunos miembros de las comunidades hablan castellano, pero no todos. Por eso, compramos diccionarios wichi y toba para poder comunicarnos. Al ver que teníamos interés, ellos también nos van enseñando”.
Uno de los objetivos de la misión humanitaria es dejar herramientas instaladas en las comunidades. “Formamos a 35 referentes comunitarios en primeros auxilios y se entregaron botiquines. Como la distancia al hospital más cercano puede ser de 50 o 60 kilómetros es muy importante que tengan conocimiento para actuar hasta llegar al sistema de salud”, dice el Tolaba. También, los voluntarios brindaron capacitaciones para realizar el mantenimiento de los tanques de agua.
El impacto de la pandemia
La circulación del virus generó mucho temor y las comunidades tomaron sus propias medidas de prevención. En ciertos casos se desplazaron hacia zonas de monte de difícil acceso. Como a otros sectores, afectó sensiblemente la caída de ingresos en los integrantes de las comunidades, principalmente por la paralización del empleo a los que tienen acceso: agrarios, construcción, servicios domésticos, artesanías, entre otros.
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Desde el campamento, se ayudó al sistema de salud a detectar los casos positivos. “No hubo casos de covid en los últimos tres meses entre las comunidades con las que trabajamos”, comenta Tolaba.
Un obstáculo de la pandemia fue la dificultad logística para llevar el equipamiento hasta la zona. Tipping desarrolla: “En el momento en que las fronteras interprovinciales estaban cerradas, tuvimos que hablar con los gobiernos para que permitieran pasar a nuestro convoy humanitario. También, fue difícil traer la planta potabilizadora desde España con los aeropuertos cerrados y las rutas marítimas canceladas. Tuvimos que ejercer tratados internacionales para que fuera posible. En ese contexto se hacía más difícil disponer de recursos porque cada filial de la Cruz Roja estaba atendiendo sus propias emergencias locales”
Una estrategia con resultados positivos
Al principio, el campamento se pensó como una estrategia para sostener por tres meses. “Como vimos que el impacto fue enorme y que mejoró la calidad de vida de las personas, decidimos sostenerlo por más tiempo. El modelo de intervención, con dos tráilers con dormitorios, sanitarios y cocina, nos permitió reducir los costos a un 25% en las operaciones. Además, esto nos permitió mucha mayor impronta en las comunidades locales y entender sus lógicas para llegar de manera efectiva. No se necesitan planes faraónicos. Lo más importante es estar cerca. Cuando a los seis meses hicimos un segundo relevamiento y vimos que cambiaron los indicadores, comprobamos que la estrategia que estábamos implementando era la adecuada”, enfatiza Tipping.
Además de la disminución de las personas que sufrían diarrea, el estudio, desarrollado en terreno por el Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina mostró que solo el 40% de las personas tenía acceso a la red de agua en febrero 2020, mientras que actualmente el 74% tiene acceso. Otro dato a tener en cuenta es que el 47% de las personas entrevistadas no tenían tanques o bidones para almacenar agua en febrero de 2020. Actualmente solo el 15% de las familias no tiene contenedores para conservar el agua. Cruz Roja Argentina distribuyó en los últimos meses más de 6.000 contenedores de agua.
El Cacique Eduardo Méndez, de la comunidad Pedro Coll, señala que el campamento de Cruz Roja ayudó a parar las diarreas y las dermatitis inflamatorias provocadas por la contaminación del agua. “A los niños los vemos bien, sanos”, dice.
Un punto clave en el proyecto fue el dialogo constante con otras organizaciones. Se elaboró un Plan de Respuesta a la Emergencia sociosanitaria en Salta en el marco de la Red Humanitaria Internacional Argentina (RHIA) en el cual se involucraron distintas agencias, fondos y programas del sistema de Naciones Unidas. Se contó con apoyo de la Unión Europea. Además, UNICEF diseñó una estrategia para el manejo comunitario de la desnutrición aguda, desarrollando manuales, capacitando a agentes del sistema de salud y facilitando las fórmulas nutricionales necesarias. “Con la organización Pata Pila trabajamos codo a codo en el territorio. Ellos trabajan en desnutrición”, cuenta Tolaba.
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El primer contacto con las comunidades
En febrero de 2018, la Cruz Roja ya había entrado en contacto con las comunidades de la zona. En ese entonces, más de 8.500 personas se habían visto afectadas por la crecida del río Pilcomayo, ya que la fuerza del agua había arrasado parajes enteros situados en la costa de Santa Victoria Este. “Nos acercamos a la zona para ayudar tras la inundación. Hacíamos las actividades de ayuda humanitaria en el territorio, pero al terminar volvíamos a Tartagal a descansar a un hostal. En ese momento, no desarrollamos un contacto tan estrecho con la comunidad, como ahora, que vivimos el día a día”, dice Toloba.
Eduardo Fernández es segundo cacique de la comunidad wichi Pozo de la Yegua, formada por 10 familias. Expresa: “Acá vivimos con muchas necesidades. Con la inundación de 2018 se nos perdieron muchas cosas, entre ellas las herramientas para hacer artesanías. Ya no tengo mis herramientas de trabajo”. La escuela de la zona funciona como comedor. Y asiste no solo a 250 chicos, sino también a mayores y embarazadas.
Una cuenta pendiente
Si bien los indicadores relacionados con el agua mejoraron de forma drástica, una cuenta pendiente, según Tipping es mejorar los aspectos nutricionales. “Solos, como organización no lo podemos sostener. Ahí queda mucho por hacer”, expresa.
Durante 2020, el gobierno provincial implementó el barrido sanitario, que consiste en visitar y recorrer una comunidad originaria casa por casa para la detección de distintas patologías, completar el esquema de vacunación y tomar datos antropométricos de niños y niñas. Durante esas acciones, en las cuales se llegó a más de 3.700 familias se detectaron a 50 niños con riesgos nutricional.
La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato comenta: “El covid nos entorpeció en alguna medida la planificación. Al principio las comunidades no nos dejaban entrar para hacer intervenciones por el miedo que les provocaba la pandemia. Cuando entendieron que teníamos todos los protocolos y medidas de bioseguridad pudimos hacer las actividades. Entre julio y agosto, en Santa Victoria Este hicimos un censo sociosanitario. Luego, en enero de este año arrancamos con los barridos, que implican llevar a un equipo médico a las comunidades y realizar una búsqueda activa de todo lo que se considera en riesgo. En los meses de invierno vamos a hacer rondas sociosanitarias con frecuencias normales y a partir de noviembre se va a intensificar el trabajo para identificar más rápido los casos de riesgo”.
Un modelo para replicar
La Cruz Roja tiene la intención de replicar este proyecto en todo el corredor norte del país. “Hemos presentado el modelo en nuestra casa central en Ginebra, al Gobierno y a distintos actores que podrían involucrarse. La propuesta ya está armada, presentada y presupuestada. Lo más difícil es adquirir el equipamiento inicial, como las plantas potabilizadoras y los tráilers para el campamento, pero el sostenimiento de la actividad humanitaria es posible. De esta forma se puede llegar a una respuesta sostenida en el tiempo y a una solución definitiva”, señala Tipping.
A la hora de pensar en replicar, Tipping señala que medir a través del Observatorio Humanitario el impacto de la actividad que desplegaron fue muy importante. Hoy el Observatorio tiene la capacidad de relevar datos de 30.000 hogares de manera presencial en menos de 72 horas.
Si bien esta es una de las principales iniciativas que tiene la organización en relación al acceso al agua, no es la única. Tipping aclara: “Actualmente estamos desarrollando una estrategia para brindar asistencia al Gran Buenos Aires, donde, según datos oficiales, casi dos millones de personas no tienen acceso al agua. Estamos trabajando con AySA, para llevar tanques y redes comunitarios, con el financiamiento de la Cruz Roja, para solucionarle el problema del agua a la gente. Ya empezamos las primeras obras en Moreno con esta lógica”.
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