Este contenido contó con la participación de lectores y lectoras de RED/ACCIÓN
Un hombre dejó un comentario en la página de Facebook de un banco porque su tarjeta de débito no funcionaba en el cajero automático. Le respondieron que se comunicarían con él, pero no dijeron cuándo. Mientras pasaban los días y él esperaba, alguien, que usaba como avatar el logo del banco, lo agregó a sus amigos de Facebook.
Le dijo que había sido asignado al problema y le pidió un teléfono de contacto y un número de DNI. Él se lo pasó. Lo llamaron. Le pidieron que explicara el asunto y, para validar el mail, le enviaron un código por mensaje de texto. Luego le dijeron que el sistema estaba un poco saturado y comenzaron a preguntarle otros datos, incluidos los detalles de su cuenta bancaria. Le dijeron que esperara en línea mientras confirmaban los datos. Y entonces la comunicación se cortó.
El hombre pensó que volverían a llamarlo, pero no lo hicieron. Diez minutos después, sospechando que había sido víctima de una estafa, intentó ingresar en su homebanking y no lo logró. Al abrir su mail, encontró con sorpresa dos correos del banco: le informaban que su nombre de usuario y su contraseña habían sido cambiados. Evidentemente, por aquella persona que lo había llamado y engañado.
Este es el segundo caso que detecta el mismo banco en una semana. “Los canales digitales explotan porque la usabilidad del homebanking y de la app se duplicó, y en paralelo también lo hicieron las consultas por redes sociales”, dice un gerente que pide reserva. “No llegamos a atender todo el caudal y en las redes sociales se empiezan a acumular consultas. Así aparece gente que se hace pasar por asesora del banco, contacta a los clientes que dejaron preguntas y les pide datos y contraseñas”.
Una vez adentro de la cuenta, el estafador puede mover dinero o hacerse con los datos de las tarjetas de crédito. Por eso, hoy más que nunca, en las redes sociales y vía mail los bancos están comunicando métodos de seguridad. “Enviamos ahora más informaciones que promociones”, dice el gerente.
En un comunicado sobre nuevas modalidades de ciberdelitos en cuarentena, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo de Horacio Azzolin, incluyó, entre otras, la de extorsión a través de mails, donde los victimarios les hacen creer a sus víctimas que accedieron al contenido de sus dispositivos digitales. “Estamos en un 500% más de las denuncias que recibimos siempre”, dijo Azzolin en una entrevista con Radio Con Vos.
“Mucha gente se bancarizó a la fuerza, y si tiene muy poca experiencia cae en estas estafas”, dice Enrique del Carril, el director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. “Se invirtió el orden: ahora la gente sale a buscar una respuesta y es contactada por estos estafadores que están como pescando en una pecera. Es una modalidad más burda que empezó porque ahora la víctima es más inexperta: por ejemplo, un anciano que nunca tuvo una tarjeta de débito, no puede salir de su casa y busca en Google cómo cobrar la jubilación porque los bancos están sobrepasados y no contestan el 0800”.
Cuando preguntamos a nuestra comunidad de lectores sobre este tema, Fernanda Moyano, una referente del barrio Haras Trujui, de Moreno, nos habló de engaños en torno al bono IFE (Ingreso Familiar de Emergencia):
"El bono IFE dejó que muchas personas sin acceso a internet caigan en manos de estafadores. Hay páginas que las personas de buena fe hacen para ayudar con cosas de la ANSES y se dejan muchos datos y allí están los estafadores a la orden.
A varias chicas las llamaron para decirles que eran de la ANSES, les preguntaban qué banco les tocaba y cuándo irían a cobrar porque ellos debían estar presentes y otorgarles un código en el cajero mismo. Las que entendieron no facilitaron info y cortaron, pero otras no".
El caso de las siete fintechs
A principios de este mes, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación denunció por estafa, usura crediticia y violación de datos personales en bases de datos públicas o privadas a algunas fintechs: Smart Cash S.A., Punto Click S.A., Patagonia Cred S. A., Efectivo Urgente, Wenance S.A., Wenance Credit Argentina S.A., Wenance Inversiones AAGI S.A.
Los mayores damnificados son jubilados y beneficiarios de AUH (Asignación Universal por Hijo). Aunque no se trataría de una típica estafa de cuarentena (porque hay quejas de clientes que vienen de hace años), el aislamiento obligatorio en todo el país amplificó el caso.
El comunicado del Ministerio es muy categórico: “A jubilados y beneficiarios de la AUH se les adjudica contrataciones que nunca solicitaron”. Estas empresas, sigue el comunicado, “realizan débitos indebidos en cajas de ahorros y cuentas corrientes, deducen ‘sellado’, ‘carpetas’ o ‘gastos administrativos’ que no corresponden y aplican tasas abusivas que en muchos casos superan el 1500% + IVA de CFT. Incurren en incumplimiento o en cambios unilaterales de los contratos, modifican las condiciones de pago y en su mayoría se basan en la falta de información a los consumidores relativa a los créditos, montos, intereses y el cálculo del valor de las cuotas”.
La denuncia repercutió en el mundo de las fintechs, un mundo nuevo, excitante, complejo y no demasiado regulado. Las fintechs son justamente las que pueden acelerar, o hacer posible, la inclusión financiera de las familias más vulnerables, los jóvenes y las mujeres. Las nuevas tecnologías y aplicaciones como Mercado Pago, billeteras virtuales como Ualá y bancos digitales como Brubank avanzan en ese sentido, tal como lo cuenta Iván Weissman en esta nota.
De las empresas denunciadas, Wenance es el más grande: tiene 120.000 clientes y otorga más de 10.000 créditos mensuales por unos 400 millones de pesos. Su fundador es Alejandro Muszak, un “emprendedor hiperactivo” apasionado por la lectura, la filatelia y las maratones (según su perfil de Linked In), que en una entrevista de junio de 2019 dijo: “Wenance hoy tiene el tamaño de un banco mediano y está en tres países, Argentina, Uruguay y España”.
Hace unos días, Wenance emitió una respuesta refutando la denuncia. “En el marco de la pandemia actual (Covid-19) y con la intención de ofrecer asistencia financiera a uno de los sectores más necesitados de la sociedad, Wenance creó una línea de préstamo especial para jubilados y pensionados”, se lee.
“Esta línea de préstamo se implementó en el marco de la inclusión financiera y estuvo vigente hasta que el Gobierno Nacional, a través del ANSES, lanzó una línea de crédito para atender las necesidades de este sector. Al tomar conocimiento de la existencia de esta alternativa, Wenance discontinuó la asistencia financiera para jubilados y pensionados […] Durante este período –que no llegó siquiera a durar dos semanas– se otorgaron préstamos a tasas de mercado, con una Tasa Nominal Anual que oscila entre el 70% y el 160% dependiendo del perfil crediticio del solicitante”.
“La gente en la necesidad sale corriendo a agarrar cualquier tipo de préstamo”, dice el abogado Juan Manuel Baya Casal, de Defende.me, que tiene en carpeta, para presentar ante la Justicia, un centenar de denuncias firmadas contra Wenance (y asegura que está recolectando más). “El sobreendeudamiento es un flagelo argentino, hay una situación que explota en el país”, dice, “y golpea especialmente a los empleados públicos que piden un crédito con su recibo de sueldo”.
En cuarentena, explica Baya Casal, se ve, además de microestafas, incumplimiento a los decretos: “Bancos que cobran cuotas cuando los clientes piden el cese del débito y financieras que meten descuentos de más del 70% de los recibos de sueldo de la gente o de los bonos IFE o la AUH”.
Como explicábamos en una nota sobre los préstamos usureros típicos, cuando una persona se enfrenta a una urgencia económica, muchas veces no le queda otra opción más que recurrir a este tipo de financiamiento. Los bancos ponen tantos requisitos que es fácil quedarse afuera. El problema aparece cuando el tomador de ese crédito se demora en el pago de las cuotas y pide refinanciación. Las tasas se multiplican o el cobro de esa deuda se vuelve hostil.
“Respecto a las buenas y malas prácticas, crédito digital y no digital es lo mismo”, dice Ignacio Carballo, director de Ecosistema Fintech y Digital Banking de la UCA, docente e investigador de la UBA y Austral. “Al digitalizar las finanzas, se digitalizan también las peores prácticas. Pero la digitalización conlleva un riesgo extra: la posibilidad de escalar exponencialmente porque los costos son muy bajos, y así hay más y más y más financieras”.
Para Carballo, la denuncia del Ministerio de Desarrollo Productivo abre un debate general sobre el crédito digital. Un debate que gira en torno a tres preguntas, según explica: “¿Cuál es el contexto normativo que desalienta prácticas usureras en la vertical de lending digital? ¿Qué tan sencillo es para un grupo armar, en un contexto digital, diferentes empresas y webs a los fines de colocar financiamiento masivamente a segmentos en emergencia económica? ¿Acaso esta práctica estaba normalizada en el sector de lending y cortar el débito directo fue la única estrategia para el Banco Central, perjudicando así a toda la vertical?”. Las respuestas llegarán más allá de la cuarentena.
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