"Nosotros, los pueblos indígenas y las comunidades locales, desempeñamos un papel fundamental en la administración y salvaguarda de las tierras y bosques del mundo. Por primera vez, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) reconoce que fortalecer nuestros derechos es una solución crítica a la crisis climática".
Esta es la respuesta que elaboró una coalición global de organizaciones que lucha por la defensa del derecho a la tierra de las comunidades indígenas y campesinos locales frente al nuevo informe del IPCC publicado este mes. El trabajo llama a empoderar a las mujeres agricultoras, fortalecer la seguridad de la tenencia de la tierra y mejorar el acceso a los mercados.
En un nuevo informe, @IPCC_CH reconoce por primera vez que para combatir el cambio climático debemos proteger los #derechosalatierraya de las comunidades. Una coalición de grupos indígenas y comunitarios de 42 países emite una respuesta: https://t.co/CrFalS6aQN pic.twitter.com/8yPEnkxPxC
— RRI (@RightsResources) August 13, 2019
La comunidad de Piruaj Bajo vive en el sudoeste del departamento Copo, en la provincia de Santiago del Estero. Está formada por unas cien familias que viven de la actividad forestal, de la cría de ganado y del trabajo estacional en las cosechas de la aceituna, el limón y otros cultivos. Como ocurre con muchas comunidades campesinas, las y los habitantes de Piruaj Bajo no tienen títulos de propiedad sobre sus tierras, a pesar de que están allí hace varias generaciones o alrededor de un siglo.
Hace más de una década que esta comunidad viene resistiendo para no ser desalojada de su territorio por una empresa que tiene el título de propiedad. Como consecuencia del boom de la soja y la expansión de la frontera agropecuaria, que se viene experimentando en las últimas décadas, muchas tierras que antes carecían de interés para las empresas comenzaron a valorizarse.
“En Argentina, para ser propietario absoluto de la tierra se necesita el título de propiedad y la posesión del terreno como bien de uso. Es decir, tenés que estar sobre la tierra y usarla. Si alguna de esas cosas no se da, el dominio ya no es perfecto. Los campesinos que están al norte del país nunca tuvieron un papel, pero habitan las tierras hace más de 100 años. Hay comunidades que viven y trabajan en determinadas tierras hace tres generaciones o más. Mientras tanto, el título lo tiene guardado en el cajón una persona que vive en Buenos Aires o Rosario”, señala Martín Simón, ingeniero forestal e integrante de la organización Fundapaz, que desde 1973 trabaja por el desarrollo rural sustentable con comunidades indígenas y familias campesinas en la región del Chaco argentino. Sólo en esta zona hay unos 200.000 indígenas de nueve etnias distintas.
Con la puesta en valor de las tierras del norte del país se generó la expulsión de una parte de la población rural hacia los centros urbanos. Ese desplazamiento forzado a las grandes ciudades obligó a muchas de estas personas a buscar un lugar en alguno de los 4100 barrios populares, villas y asentamientos registrados en ciudades de todo el país.
Esta situación es, en parte, uno de los motivos por los que crecen los índices de desocupación y pobreza en varias regiones. Además, la soja demanda mucho menos mano de obra que otros cultivos tradicionales del país que fueron desplazados, señala un informe de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“La sociedad argentina tiene una deuda enorme con las comunidades campesinas e indígenas. Aquí hay una lucha de dos cosmovisiones que se enfrentan, pero el Estado suele reconocer la visión empresarial y no defiende a las comunidades”, señala desde la Compañía de Jesús, una orden de la Iglesia Católica que acompaña a los campesinos en sus luchas para preservar sus tierras.
En Fundapaz tienen un programa desde el que informan a las comunidades sus derechos en relación a las tierras en las que viven y los asesoran en el armado de carpetas con pruebas. Es decir, los ayudan a recopilar toda la documentación necesaria que les permite demostrar que hace más de 20 años están en la zona: acta de nacimiento de los hijos, acta de defunción de los padres, libretas escolares de los chicos, actas de vacunación de los animales y el plano del terreno.
“Aunque tengan la documentación, no sugerimos que avancen con un juicio porque siempre es caro y las comunidades campesinas no tienen el dinero para pagarlo. Intentamos priorizar la negociación sobre el juicio”, detalla Simón.
Simón detalla que si el poseedor de la tierra estuvo 20 años o más haciéndole mejoras de forma continua y trabajándola tiene tantos derechos como el dueño del título. En caso de que se produzca un juicio, el juez determinará que parte le corresponde a cada uno.
“El avance del agronegocio es injusto tanto para los indígenas como para los campesinos criollos. Los propietarios ejercen presión y logran convencer a los policías y jueces para que lleven a cabo los desalojo. Suelen tener a la ley de su lado. Es una lucha desigual”, agrega Simón.
En la región chaqueña el agronegocio viene avanzando sobre tierras de campesinos e indígenas y destruyendo bosques de manera muy importante. “Los beneficios económicos que generan no quedan en la región. Se van hacia las grandes ciudades. Así se genera una situación de vulnerabilidad muy fuerte para campesinos e indígenas”, agrega el referente de Fundapaz.
Corrientes: una federación fortalece a 1000 familias
En Corrientes se viene llevando adelante una iniciativa para fomentar el arraigo de los campesinos: la Federación Campesina Guaraní de Corrientes es una organización de segundo grado que nuclea a Cooperativas Agropecuarias y Comunidades Indígenas Guaraníes en la provincia de Corrientes.
Sus principales objetivos son la defensa de la forma de vida del campesinado correntino a través del arraigo rural; el asociativismo; la regularización de las tierras que tradicionalmente ocupan y usan los campesinos e indígenas; el fortalecimiento de la producción y la comercialización, y de las condiciones de vida en general, en respeto con el marco cultural y los propios intereses de la población organizada.
La Federación se estructura a partir del año 2015 como resultado del encuentro de las experiencias organizativas que se federan y que tienen un recorrido de base de más de 10 años. La Federación contiene a mil familias campesinas.
“En la provincia hubo dos momentos históricos, donde se privatizaron las tierras fiscales. Por un lado, la última dictadura militar. Por otro lado, la década de los 90. En el segundo caso, los capitales fueron extranjeros, en su mayor parte. Ellos llevaron adelante un modelo de ocupación del espacio bastante distinto. Los nuevos dueños extranjeros alambraron y ocuparon hasta el último centímetro de tierras", relata Emilio Spataro, técnico en gestión ambiental e integrante de la organización Amigos de la Tierra.
A los dueños anteriores, estancieros de origen local, les resultaba muy caro garantizar la posesión de los humedales. Ellos usaban las mejores tierras y dejaban que los campesinos vivieran allí. Así, se pudo preservar una cultura local de raíces guaraníes, que vivía con una economía de subsistencia. Por el contrario, los dueños con capitales extranjeros llegaron con tecnología para poder utilizar los humedales.
En la provincia persiste el conflicto por la extranjerizacion de la tierra. Acompañados por distintas organizaciones, a partir de las cooperativas de trabajo los campesinos lograron consolidar un modelo que les dio sustentabilidad económica en un proceso de resistencia.
Chaco, Salta y Santiago del Estero: un esfuerzo para mantener el arraigo y conservar bosques
La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable desarrolla desde 2015 el proyecto Bosques Nativos y Comunidad. Con el objetivo de impulsar el uso racional de los bosques y fortalecer a las comunidades para que puedan permanecer en sus territorios con el sustento de los bienes y servicios que estos ofrecen. La iniciativa se viene implementando, a través de un crédito de US$ 58,7 millones otorgado por el Banco Mundial y beneficia a pequeños productores de Chaco, Santiago del Estero y Salta.
“Ya estamos trabajando con 30 comunidades, es decir 1100 familias, que abarcan 113.000 hectáreas de bosques nativos. Para fin de año la idea es poder llevar adelante 80 planes comunitarios, lo que implicaria 500.000 hectáreas”, señala Diego Moreno, Secretario de Política Ambiental de la Secretaria de Ambiente de la Nación.
El programa pretende ayudar a las comunidades a que aprovechen el potencial productivo del bosque mediante la explotación forestal y la cría de animales, pero sin degradarlo.
Los principales obstáculos tuvieron que ver con los tiempos que lleva desarrollar procesos participativos con las comunidades, trabajar en una visión a largo plazo y la organización interna de comunidad. Eso lleva varios meses de reuniones. “Los pequeños productores valoran el apoyo para poder organizar una visión común en la comunidad sobre como van a usar el territorio y como pueden aprovechar mejor los recursos”, comenta Moreno.
De acuerdo con un informe elaborado por el abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria Marcos Ezequiel Filardi, el sistema de agronegocios argentino es una compleja red de producción de alimentos, fibra y energía que genera el 58% de las exportaciones del país y, en consecuencia, es la principal fuente de divisas.
Todos los años, Argentina exporta aproximadamente un 84% de la soja que produce, y el 70% de la soja se industrializa para transformarse en harina de soja, aceite y biodiesel. China es el principal comprador de granos y Europa de biodiesel. Mientras que el 60% de la superficie cultivada de todo el país, unos 19,2 millones de hectáreas, está destinada a un solo cultivo: la soja. Si sumamos el maíz y el algodón, llegamos al 75% de la superficie cultivada del país, unos 24,9 millones de hectáreas, con tan sólo tres cultivos.
Un claro problema, vinculado al modelo del agronegocio, tiene que ver con la deforestación. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año.
Para los especialistas, un modelo agroalimentario, basado en la agroecología de base campesina y en la soberanía alimentaria es necesario, urgente y posible. “Creo que una buena ley de tierras implica un ordenamiento territorial, donde puedan convivir los que tienen derechos con los que quieren producir, siempre y cuando la producción sea sustentable”, agrega Simón.
En 2014, Salta dio un paso fundamental en el reconocimiento de derechos. Se restituyó a las comunidades indígenas una superficie cercana a las 400.000 hectáreas y avaló la propiedad de familias criollas sobre otras 243.000. Tras la firma del decreto 1498, las tierras de los lotes fiscales 55 y 14, al noreste de la provincia de Salta, concluyó un histórico proceso de negociación y por lo tanto esta zona pudo ser ocupada de forma pacífica y efectiva por todos los pobladores con derechos sobre ese territorio.
Entre 1996 y 2009, en Bolivia, 21 millones de hectáreas fueron reguladas o tituladas como propiedad colectiva de pueblos indígenas y campesinos. En Nicaragua se han aprobado 21 títulos de tierra colectiva, reconociendo que el 30% del territorio del país está bajo la administración de gobiernos indígenas comunales. Sin embargo, todavía hay algunos países en la región donde las cuestiones indígenas sólo recientemente han surgido en la agenda. En la mayoría de los países, el reto principal es la aplicación real de las disposiciones constitucionales y jurídicas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
