Todos los días hay desalojos en inmuebles ocupados de forma ilegal en la Ciudad de Buenos Aires. Lo afirman las organizaciones sociales que trabajan en el tema. Pero no existen cifras oficiales. La información certera es que en los últimos cinco años se iniciaron 2029 juicios de desalojo por “intrusos” en la Cámara Civil: ocho por semana. Lo que no dicen estos números es cuántas personas están implicadas, ya que un juicio puede abarcar a un edificio con 10, 30 o 90 familias. Y esos juicios no incluyen los desalojos que se ordenan en terrenos públicos.
Otro dato que da cuenta de la magnitud de la problemática es que el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad tiene 7300 subsidios activos para dar respuesta a la emergencia habitacional. En el Ministerio cuentan que la mayoría de las personas que reciben ese subsidio fueron desalojadas del lugar donde vivían. Actualmente, la mayor cantidad de desalojos ocurre en la zona sur de la ciudad. Sólo el barrio de La Boca tiene unos 200 juicios de desalojo en curso.
Cuenta regresiva de 60 días para que 100 familias desocupen un predio
En el edificio de Santa Cruz 140, en Parque Patricios, viven 100 familias que están por ser desalojadas. Alrededor de 400 personas quedarían en la calle, de los cuales 131 tienen menos de 18 años.
En esa manzana funcionó la fábrica textil SELSA. En la década del '90, la empresa quebró y los edificios de los talleres fueron vendidos o rematados. De todos los edificios, sólo había quedado sin vender el de la sede social, que fue abandonado, y en 2002 comenzó a ser ocupado y recuperado como vivienda.
En 2010, el edificio fue subastado y las familias que ahí viven intentaron obtener un crédito para comprarlo. Buscaron la posibilidad de negociar para regularizar su situación, pero no lo lograron. El edificio fue comprado en $1.550.000 por un inversor, quien inició un proceso judicial de desalojo. Durante estos años, las familias se resistieron a abandonar el edificio y conformaron una cooperativa. Por ahora, lograron sostener esporádicas mesas de diálogo.
Iliana llanos, una joven de 27 años que vive en Casa Santa Cruz con sus dos hijos hace cinco años y medio, dice: “Si bien las familias estamos desgastadas, vamos a seguir resistiendo al desalojo. Estamos buscando la solidaridad de los vecinos, otras organizaciones y cooperativas de vivienda. Hace muchos años que pedimos un crédito para comprar el inmueble. Incluso, estamos dispuestos a mudarnos a otra vivienda, pero queremos una solución colectiva”.
Llanos hace un mes está desempleada. Busca trabajo, pero no consigue. “Alquilar no está dentro de mis posibilidades”, exclama y cuenta que entre los vecinos se organizan para los gastos comunes del edificio. Le pagan a dos personas, que viven ahí, para que hagan turnos de seguridad. Y pagan en conjunto la limpieza, la luz de los pasillos y los abogados.
El 23 de mayo los vecinos fueron al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y entregaron un petitorio para que se dispongan fondos para comprar el inmueble de forma colectiva. Pero el 4 de junio recibieron un revés judicial: les dieron 60 días para desocupar el predio. “Si no logramos una solución definitiva en mesas de diálogo, entre el 5 y el 9 de agosto se materializa el desalojo y 100 familias vamos a quedar en la calle”, teme Llanos.
Las soluciones actuales y las que proponen los especialistas
Los especialistas consideran importante regular el mercado inmobiliario y facilitar el acceso al alquiler, reduciendo los requisitos porque es uno de los motivos por las que muchas familias se quedan sin alternativas donde vivir. “Hay que iniciar un proceso de construcción de viviendas sociales e incorporar al mercado los 150.000 inmuebles ociosos que hay en la Ciudad”, propone el abogado y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo .
El Gobierno de la Ciudad tiene actualmente dos respuestas frente a los desalojos. Por un lado, están los paradores nocturnos destinados a dar cobijo solo por las noches a las personas en situación de calle. Por otro lado, está el subsidio habitacional, de un promedio de $5500. Un problema de esta respuesta es que recién se puede tramitar el subsidio cuando la familia ya está en situación de calle.
Los desalojos son parte de un problema mayor llamado gentrificación. Ese proceso supone la expulsión y sustitución de los vecinos más empobrecidos de un barrio por otros de mayor capacidad adquisitiva. Cuando un barrio comienza a revalorizarse, un inversor suele comprar un terreno ocupado para iniciar un desalojo. El espacio aumenta su valor y se vuelve a vender. Ese es el negocio. Así es como casas ocupadas, en San Telmo, la Boca o Parque Patricios, por ejemplo, son una tentación para el mercado.
“Mucha gente recibe una cédula de desalojo y no sabe que puede acudir a un abogado para defenderse. En inmuebles donde viven muchas familias, la notificación la recibe una persona y no le da importancia. Generalmente, se da un plazo de 10 días para contestar la demanda. Al no darle valor, dejan pasar el tiempo. Por eso muchos juicios de desalojos avanzan en rebeldía. Desde la Defensoría tratamos que se presenten igual aunque el plazo haya vencido y ejerzan su derecho a ser parte”, señala Sebastián Tedeschi, representante de la Defensoría General de la Nación. Y agrega: “Está claro que el propietario tiene derecho a recuperar el inmueble, pero hay que exigir que el Estado garantice una vivienda alternativa. Una persona no puede vivir amenazada de ser removida del lugar donde vive. Es importante fortalecer políticas públicas de regularización”.
En relación a los desalojos, el IVC interviene con una respuesta habitacional cuando la Justicia le pide que intervenga. Sus esfuerzos están puestos en las urbanizaciones de barrios populares. En Fraga (B° Playón de Chacarita) construyeron 678 departamentos en 33 edificios. Esos terrenos eran del Estado nacional y fueron cedidos a la Ciudad. Para los vecinos de Rodrigo Bueno construyeron 612 departamentos en 46 edificios. En Barrio 20 avanzan con 1671 viviendas nuevas. “Una vez adjudicado el inmueble, cada propietario debe pagar cuotas que no exceden el 20% de sus ingresos. Son créditos blandos otorgados por el IVC y el Banco Ciudad”, señalan desde el IVC.
Los expertos remarcan que si un inmueble no tiene herederos, pasa a manos del Estado porteño. La ley dice que ese espacio debe ser destinado a la enseñanza pública. ¿Qué pasaría si una parte se utiliza para ampliar la oferta de alquileres sociales subsidiados?, se preguntan los expertos.
Rodolfo Carretero, director institucional de la Asociación Empresarios de la Vivienda, asegura que la organización promueve que se garantice el derecho a la vivienda, pero hay limitaciones que los exceden: se necesita una economía con una inflación razonable y un precio de la vivienda previsible. En relación a los inmuebles vacíos, Carretero se pregunta: “¿Quién lo tendría vacío por voluntad? Algunos motivos pueden ser que no tiene instalación de gas, que está en sucesión o le falta mantenimiento. Quizás, el propietario no está en condiciones económicas de mejorarlo”.
En relación a la tensión entre propiedad privada y derecho a la vivienda, el presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad, Armando Pepe, es categórico: “Hay un solo derecho que es a la propiedad privada. En todo caso, es el Estado el que tiene que trabajar para proveer vivienda adecuada (a quienes no la tienen)”.
"Cuando nos desalojan, los vecinos se ponen contentos y en parte la culpa es nuestra"
En 2001, Gustavo Gerardo Zacharczenia se enfrentó a su primer desalojo. Dos años antes se quedó sin trabajo y no pudo pagar el alquiler de un PH en Floresta. Y le hicieron un juicio para desalojarlo.
“Después del desalojo, ingresé a una casa usurpándola. Al tiempo, tuve que enfrentar un segundo desalojo. Después de tantos años viviendo en Floresta, me daba cuenta por la fachada si la casa estaba vacía”, relata el hombre de 48 años, que participa regularmente de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires y trabaja como empleado de maestranza en un Centro de Primera Infancia de la organización.
En relación a la convivencia en los inmuebles, Zacharczenia cuenta que los vecinos del barrio se suelen poner contentos cuando los desalojan. “En parte la culpa es nuestra porque es difícil organizarse cuando hay tantas familias. Alguno siempre hace algún bardo”, explica.
En general, cuando una familia nueva ingresa a una casa usurpada, llega por un conocido. Zacharczenia detalla: “En una reunión, se avisa que uno se va y se la deja a fulano. Hay alguno que vende o alquila, pero eso está mal porque estos son lugares que se tienen que usar por necesidad, no para hacer negocios”.
Barcelona: el Estado es mediador en las ocupaciones y fomenta viviendas de alquiler social
Ada Colau Ballano, la alcaldesa de Barcelona desde 2015 y la primera mujer en ocupar el cargo, promovió una batería de política públicas para mitigar las consecuencias de la gentrificación. Colau declaró el año pasado ante Naciones Unidas que la especulación inmobiliaria atenta contra el derecho a la vivienda. Asegura que el aumento abusivo de los precios, tanto del alquiler como de la propiedad, están expulsando de la ciudad a las familias con menos recursos.
En primer lugar, el equipo de Colau se ofreció como intermediario para encontrar soluciones en los edificios ocupados en Barcelona. Otra medida importante es la que obliga por ley a los promotores inmobiliarios a alquilar el 30% de los nuevos pisos a precios inferiores del valor de mercado. Se calcula que de esta manera la ciudad dispondrá de 400 pisos nuevos con alquiler social cada año.
Además, la última semana, Barcelona anunció que se ejecutó la primera expropiación de una vivienda, propiedad de un banco, porque estuvo vacía durante más de dos años. Por una ley de 2016 que ahora entró en vigencia plena, en esos casos, el Estado puede hacer uso de la propiedad por un período de 10 años al incorporarla al parque de vivienda de alquiler social.
