María Laura Chang
Nippy is a platform that connects migrants who work for mobile delivery and messaging applications, among others, with services and opportunities such as access to banking or an electric bicycle. In Buenos Aires, three out of four workers on these platforms are migrants.
Las medidas de confinamiento dificultaron el acceso a la principal fuente de ingreso de las mujeres trans en América Latina: el trabajo sexual. Para enfrentar la crisis, varios grupos unidos por la lucha de sus derechos impulsaron iniciativas para afrontar el hambre, la falta de vivienda y de acceso a la salud de sus compañeras. En julio de este año se promulgó una ley que tiene por objeto su inclusión laboral y establece que el Estado debe garantizar el 1 % de su planta laboral para las personas trans. Así empiezan a ocupar espacios que históricamente le fueron negados.
Nippy es una plataforma que conecta a los migrantes que trabajan para aplicaciones móviles de delivery y mensajería, entre otras, con servicios y oportunidades como acceder a la bancarización o a una bicicleta eléctrica. En Buenos Aires, tres de cada cuatro trabajadores de estas plataformas son migrantes.
Más allá de ser la mitad de la población y de tener derecho a la participación política, las mujeres tienen sus vivencias particulares en los conflictos armados y esta mirada les brinda una mayor amplitud a la hora de negociar: no buscan ganar, sino llegar a consensos. La experiencia colombiana y la idea de no solo alcanzar la paz, sino llegar a una paz duradera.
Muchos de los que llegaron al país en el último año, no tienen un trabajo estable ni la residencia mínima para recibir el subsidio del estado. Por eso, se organizaron en grupos de Facebook y por Instagram para tejer una red de asistencia alimentada por donaciones de una comunidad que en el país alcanza las 200 mil personas.
Conocía sus derechos al momento de dar a luz y pensó que eso la ampararía. Pero ni la legislación evitó que el personal médico hiciera del nacimiento de su hijo una pesadilla. Como ella, miles de mujeres son vulneradas a diario en un sistema de salud donde la violencia obstétrica es regla general.
La Ley Nacional 25.929 establece, desde 2004, los derechos de las personas gestantes y de las personas recién nacidas. Derecho a ser informadas sobre las intervenciones médicas que puedan practicarles, a conocer sus opciones, a ser tratadas con respeto. Una década y media después, varias instituciones y profesionales de la salud no la respetan.