El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitido el 8 de julio de 2008 ordenó al Gobierno Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires a restablecer el daño ambiental producido en la cuenca. Pero los objetivos planteados en el fallo no se han cumplido y los avances son aún escasos: solo el 40% de las relocalizaciones habitacionales han sido concretadas y las personas siguen expuestas a riesgos ambientales.