Solo en 2023 se vendieron más de 1.800 millones de paquetes de cigarrillos en el país, lo que equivale a un consumo de 784 cigarrillos por habitante al año. El tabaquismo es la principal causa evitable de enfermedad y muerte en el mundo y, pese a que la Argentina viene experimentando una caída en el consumo desde 2005, todavía presenta uno de los porcentajes más altos de América Latina: 2 de cada 10 adultos son fumadores y está en el puesto 43 de cigarrillos más baratos en a nivel mundial de un total de 177 países y en el 4 de América Latina y el Caribe.
Este año el Día Mundial sin Tabaco coincide con el debate de la ley bases, que, no casualmente, incluye un capítulo sobre modificaciones a los impuestos al tabaco. “Sabemos que hubo un dictamen y entendemos que el capítulo pasa al recinto, por eso estamos llamando la atención para que se escuche la voz de la sociedad civil y sobre todo las organizaciones médicas y científicas. Porque en este debate de impuestos al tabaco lo único que se está escuchando es la guerra entre tabacaleras. Y a nosotros no nos interesa quién vende el cigarrillo, sino que no vendan más todavía, y es eso lo que advertimos que va a pasar”, dice Mario Bedosti, coordinador del área de Incidencia Política de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina.
La evidencia científica señala que una política de aumento de impuestos que se traslade a precios es la medida más costo-efectiva para reducir la epidemia de tabaquismo, asegura la fundación. Por ejemplo, calcularon que aumentar el precio de venta en un 50 % podría evitar más de 49.000 muertes y 190.000 casos de enfermedades o eventos de salud asociados al cabo de 10 años, al mismo tiempo que implicaría un beneficio económico para el Estado. De hecho, el artículo 6 del Convenio Marco de Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), primer tratado de salud pública del mundo, establece como estándar la necesidad de aplicar políticas tributarias a los productos de tabaco para desalentar el consumo.
“Hay 182 países que adoptaron el convenio. Nosotros lo firmamos, pero nunca se ratificó, el año pasado cumplimos 20 años sin ratificarlo en el Congreso. Ahora, ¿qué nos brinda también el Convenio Marco? Por ejemplo, medidas de prohibición de la publicidad, promoción, patrocinio, así como el aumento de los impuestos y de lo que son los ambientes libres de humo, que son el talón de Aquiles de la industria tabacalera”, señala la licenciada Ana María Zanutto, presidenta de la Asociación Civil Unión Antitabáquica Argentina (UATA).
Como consecuencia de la epidemia de tabaquismo mueren aproximadamente 42.000 personas al año por enfermedades asociadas y, según calcula la FIC, se estima que el gasto por costos directos en salud asociados fue de 840 mil millones de pesos en 2022. Por eso también las organizaciones insisten en el aumento del tributo: en 2022 la recaudación de impuestos al tabaco solo alcanzó para cubrir el 29 % de lo que el Estado gastó en la atención de enfermedades relacionadas al tabaquismo, asegura una Carta al Senado que redactó la fundación.
De acuerdo a un artículo publicado en Nature, “parece que la industria tabacalera no tiene por qué preocuparse” porque aunque las ventas en los países de ingresos altos están cayendo, las ventas y el marketing en los países de ingresos bajos y medios prospera. De hecho, a nivel mundial, alrededor de 1.300 millones de personas fuman y el 80 % de ellas se encuentran en estos países.
Lo que peligra con la Ley Bases
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” que incluye una modificación en la estructura impositiva actual de los productos de tabaco regulada por la ley 24.674. La iniciativa ya tiene dictamen en el Senado y se trataría en el recinto a mitad de junio.
Al respecto, Bedosti explica: “La situación con la ley bases es que el capítulo de tabaco que se agregó a un último minuto en la votación en la Cámara de Diputados —y que no se modificó en el debate en comisiones en el Senado— propone una modificación a la Ley de Impuestos Internos que, entre otros productos, regula la cuestión impositiva al tabaco. Actualmente, esa ley tiene el impuesto interno a los cigarrillos, específicamente tiene dos partes. Por un lado una alícuota, que es un porcentaje sobre el precio de venta, que hoy está establecido en el 70 % del precio de venta. Pero además tiene un componente específico o impuesto mínimo, como se lo conoce, que no es un porcentaje, sino que es un valor monetario (hoy 793 pesos)”.
Estas dos partes no son dos impuestos distintos, sino que “el componente mínimo es el que dice que vos tenés que pagar el 70 % siempre y cuando el 70 % no sea más bajo que 793 pesos. Entonces, lo que hace es orientar los precios porque si vos sabes que, como mínimo, por paquete de 20 cigarrillos tenés que pagar casi 800 pesos de impuestos, te dice algo sobre cuánto deberías cobrar tu producto”, agrega.
La ley bases propone que la primera parte del impuesto suba del 70 al 73 %, pero elimina el componente mínimo. “Si la única consideración respecto de lo que hay que tributar es un porcentaje y no dice nada sobre los precios, habilita la existencia del mercado de marcas ultrabaratas que, de hecho, es lo que ya vemos. Porque sucede que hay al menos tres tabacaleras nacionales que fueron a la justicia en 2017 diciendo que era inconstitucional el componente. Algunas obtuvieron medidas cautelares y otras una sentencia de primera y segunda instancia. Entonces, no es que no pagan impuestos, sino que pagan solamente la parte correspondiente al 70 %. Eso ha hecho que no tributen ese componente y crezcan de ocupar el 10 % del mercado en 2017 a tener casi el 40 % hoy en día”, precisa Bedosti.
En efecto, concluye, “se está habilitando el juego para que absolutamente todas las productoras de cigarrillos puedan determinar precios libremente”. Por su parte, Zanutto advierte que “el aumento de los impuestos tiene que ir acompañado de otras medidas, como los ambientes libres de humo, etiquetado, prohibición de la promoción, publicidad y patrocinio”. No obstante, requiere el compromiso de toda la sociedad porque “cada paso que damos nosotros, las tabacaleras ya dieron cinco pasos adelante. Tienen una legión de abogados para intimidar a los Gobiernos, una legión de científicos que sacan informes mentirosos”.
