La violencia de género no parece tener fin. Los femicidios, su máxima e irreversible expresión, se producen en la Argentina a un ritmo de una muerta cada 22 horas. Por eso uno de los principales reclamos en las marchas del 8M será que se sancione una Ley de Emergencia en Violencia de Género.
En lo que va del año, según datos del Observatorio de Violencia de Género Lucía Pérez, se contabilizaron 66 femicidios y 54 infancias huérfanas como consecuencia de estos. Las voces de alerta siguen sin encontrar respuestas: se realizaron en distintos puntos del país 108 movilizaciones exigiendo “Paren de matarnos” y en más de 17 de los femicidios cometidos este año las mujeres asesinadas habían realizado denuncias previas.
Es decir, si los mecanismos de las fuerzas de seguridad y de la justicia hubiesen actuado adecuadamente, en tiempo y forma, el arrasamiento de las vidas de esas mujeres se hubiera evitado.
El de Úrsula Bahillo, en Rojas, se transformó en el símbolo de la falla sistémica de las instituciones que tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las leyes: las fuerzas de seguridad de los poderes ejecutivos en todas las jurisdicciones nacionales y el Poder Judicial. Ella había denunciado a su exnovio, el policía Matías Ezequiel Martínez, quien antes había sido denunciado por otra joven, Belén Miranda, en 2017. El “no quiero ser la próxima Úrsula” está animando a más mujeres a exponer sus temores en redes, a contar las denuncias desatendidas y a que la atención pública tenga el efecto buscado: que los responsables actúen.
Es el caso (excepcional) de Araceli Herrera, quien luego de que se viralizara su tuit recibió un llamado del fiscal que había archivado su denuncia y así logró que le pusieran tobillera electrónica a su agresor.
Todo femicidio es evitable
¿Qué haremos para evitar los próximos femicidios? Sabemos que los femicidios no son catástrofes naturales, por lo tanto, como cualquier acto social, todo femicidio es evitable. Pero ¿por qué no cesan?
Cuando el 10 de febrero las familias de tantas jóvenes asesinadas por violencia machista —la de Úrsula, la de Araceli Fulles, la de Lucía Pérez, la de Melina Romero, la de Carla Soggiu, y la de otras muchas víctimas mortales que no pasaron a las primeras planas— llamaron a la realización de marchas frente a los tribunales de todo el país para denunciar lo que dieron en llamar “la máquina femicida”, algunas de las respuestas a la pregunta empezaron a develarse.
Antes de cada femicidio suceden señales que los responsables de prevenirlos ignoran. Como consecuencia de ese derrotero que las deja a la intemperie, las víctimas -y luego las familias arrasadas por las consecuencias de ese femicidio- no solo son víctimas de un agresor con nombre y apellido, sino de una sociedad que no parece verlas ni oírlas, y, lo que es peor aun, de un Estado que, al desprotegerlas, no las está reconociendo como ciudadanas con derechos —tal como lo establece la ley 26.485 de Violencia de Género—.
En el periplo por salir de las situaciones de la violencia, lo que se encuentran las víctimas y sus familias —hijo a cargo incluidos— es con la falta de recursos para costear abogados expertos en la temática e interminables trámites jurídicos —el patrocionio gratuito muchas veces resulta insuficiente, con demoras en la atención o ineficaz—, fiscales que no acusan, testigos que se borran, policías que desestiman denuncias o que encubren, pericias que no se hacen o que se pierden en la maraña burocrática, implicados a los que no se cita a declarar hasta que son inhallables, botones antipánico que no funcionan, perimetrales que se violan sin ningún tipo de control, y muchas otras cosas que podrían hacerse pero —siempre está ese bendito “pero”— no se hacen para proteger con eficacia a las mujer en riesgo.
Eso es lo que observa la doctora Melisa García, abogada y presidenta de ABOFEM, una asociación de abogadas mujeres y LGTBQI+ que unifican su voz de lucha para que la perspectiva de género se implemente en la justicia y lograr que cambie la mirada androcéntrica del derecho. “Hay que crear un patrocinio jurídico feminista pero federal, para que las mujeres dejen de encontrarse con que van a un lugar gratuito pero ese lugar gratuito no tiene perspectiva de género”, expresa Melisa.
Las trampas de la justicia patriarcal
La perspectiva de género no es un concepto abstracto. Es una manera de aplicar las leyes que modifica la interpretación de testimonios, la valoración de pruebas, las medidas procesales y los tiempos de implementación de la justicia. Cuando esta mirada no se aplica, ejemplifica García: “Te encontrás con que la mujer llega a los tribunales totalmente desgastada y empobrecida; en muchos casos los patrocinios jurídicos gratuitos, cuando tienen perspectiva de género, no acompañan adecuadamente a las víctimas. Esto provoca que cada vez más nos busquen a las abogadas feministas, que nos vemos empobrecidas y hasta romantizadas en nuestra militancia y en nuestra condición de abogadas y feministas porque terminamos sosteniendo con nuestros recursos, esas causas de mujeres que no pueden pagar honorarios, que necesitan solucionar sus conflictos y que, si no las acompañamos, pierden derechos frente a la falta de perspectiva de género”.
“Al mismo tiempo —sigue García—, se alimenta un círculo vicioso donde nosotras también caemos en la desigualdad económica y empobrecidas al no poder cobrar esos honorarios como corresponde”.
La abogada recuerda que “la ley 26.485 cuando define violencia como la asimetría de poder”, y que, en este caso, el factor económico deja en desventaja a muchas mujeres.
“Si yo no tengo para pagar la SUBE para ir al tribunal, si no puedo faltar a un trabajo para acercarme a una audiencia eso no es acceso a la justicia. Eso es perder derechos frente a quien está en una mejor posición y que sí va a poder obtener esos derechos”, recopila.
Se refiere, principalmente, a esos juicios eternos en los que hay una diferencia de poder económico que traba los procesos judiciales.
“Si la justicia aplica automáticamente el criterio del derecho positivo de que todos somos iguales ante la ley, sin considerar que el punto básico de la ley 26.485 que define a la violencia de género como la asimetría de poder, es decir que no se está frente a dos personas iguales sino frente a una con más poder que otra, entonces cualquier dictamen va a perjudicar siempre a la parte más vulnerada. En algún punto, un juez con perspectiva de género va a poder reconocer los artificios legales que ejerce la parte violenta sobre la parte violentada, por ejemplo Intensificando los reclamos de regímenes comunicacionales para no abonar alimentos negándose u obligando a mantener los regímenes de comunicación con los hijos cuando en realidad lo que busca ese violento no es en favor del interés de los niños sino de seguir ejerciendo poder sobre la mujer”.
García agrega que “incluso el interés superior del niño al arbitrio de los jueces favorece a la parte con más privilegios con la falsa idea que lo mejor que pueden tener los hijes es sí o sí vincularse con el padre sin importar si es un violento. Como si la violencia no afectara a los hijes”.
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La paradoja de tener que “arbitrar los medios para”
Los casos en que se superponen denuncias de violencia con divorcios, donde los niños no son considerados dentro de las causas por violencia, son la muestra más elocuente de la falta de perspectiva de género en los juzgados. Cuando una mujer denuncia violencia de género se considera que esta violencia está únicamente orientada hacia ella y se desconoce el hecho de que esa misma mujer, por otro expediente radicado en un juzgado distinto, será obligada a “arbitrar los medios para que el padre se vincule con sus hijos”, por ejemplo, lo que pone a esa mujer en una situación de riesgo.
García también señala que otra de las trabas de acceso a la justicia para víctimas de violencia de género es el conocido como “exceso de litigiosidad”. Es un término que se desprende de la violencia económica y que consiste en que los varones que tienen mucho poder adquisitivo abren un montón de expedientes con el artilugio de eternizar las causas judiciales: de familia, de régimen comunicacional, de cuidado personal, de salida de viajes, “de lo que te imagines”, como cita García.
“Tengo una mujer con 13 expedientes al mismo tiempo. Esta artimaña legal que permite la justicia sin perspectiva de género exacerba la diferencia de poder entre el que tiene el recurso económico para impulsar todas esas causas y la mujer que todos los días recibe una notificación de un juzgado, llegando al punto de que algunas hasta pierden sus trabajos por tener que pasarse la vida en tribunales”, agrega.
García cita el caso de una clienta de ella que tuvo que presentar un recibo de Cabify porque había llegado 5 minutos tarde a buscar a su hijo. “Esto es solo una pequeña muestra del nivel persecutorio, la pérdida de libertad absoluta cuando las vidas de estas mujeres que se atreven a denunciar entran a regir por las lógicas patriarcales de un juzgado. Y esto es una constante: desde juzgar a la madre por su vestimenta, por ejemplo, o a preguntarle cuando van a denunciar a la Oficina de Violencia Doméstica por qué no se muda de la casa en la que convive con su agresor”.
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Daniela B. es una estudiante de Derecho, a un cuatrimestre de graduarse, en la Universidad de Buenos Aires. Tras lo ocurrido con Úrsula compartió en las redes un dato que podría ayudar a las mujeres que necesitan protección: “Si necesitan asesoría jurídica gratuita pueden mandar un mail con su DNI, nombre apellido y un teléfono a: [email protected]. En el mail deben explicar muy brevemente qué les pasó y qué necesitan y las derivarán con un grupo de abogados y estudiantes que pueden ayudarles gratuitamente. Y quizá hasta les toque que yo las asesore”, escribió.
Lo que ocurre al enviar el mail, en realidad, es una respuesta automática que explica que atienden cuestiones relativas a violencia intrafamiliar y de género, asuntos en materia penal, alimentos y urgencias en temas de acceso a la salud, para derivar a este formulario de Google en el que se deben volcar los datos que motivan la consulta. Junto al formulario también se incluyen una serie de números de teléfono de orientación.
DÓNDE DENUNCIAR U OBTENER ASESORAMIENTO
Daniela atiende casos de derecho penal como alumna de la cátedra de práctica profesional que forma parte del Consultorio gratuito de la UBA. En estos primeros pasos que está dando en el ejercicio profesional antes de graduarse, algo que espera para mitad de año, ya pudo observar que la falta de perspectiva de género es una de las grandes trabas.
“Lamentablemente, al ser alumnos y tomar las causas solo por un año no llegamos a llevarlas adelante en su totalidad”, reconoce, lo que nos lleva a una de las limitaciones de los patrocinios jurídicos gratuitos que se enumeraban al comienzo de la nota: falta de recursos para costear abogados y trámites jurídicos, que se resolvería, según reclaman las familias de las víctimas también mencionadas al comienzo, si el estado destinara menos recursos a crear programas y articulaciones y los pusiera al servicio del efectivo acceso a la justicia para las mujeres y disidencias que están en situación de riesgo por violencia de género.
Hacia una justicia con perspectiva de género
Como conclusión, García, desde ABOFEM, señala que hay dos grandes aspectos del eje seguridad-justicia que es vital modificar. En primer lugar se tienen que mejorar los mecanismos de atención respecto de la denuncia, para prevenir futuros episodios violentos y, por supuesto, los femicidios. “Para aumentar la prevención no alcanza con la ley Micaela, que es maravillosa, pero insuficiente”, opina. “Se necesita mucha más información en las comisarías comunes acerca de la atención en equipos integrales, porque no hay comisarías de la mujer en todas partes del país. Todas las comisarías tienen que poder contar con un equipo interdisciplinario que haga una evaluación de riesgo, tiene que haberlo en todas las jurisdicciones; de lo contrario la víctima cuando va a denunciar se encuentra a merced de un policía que o no le toma la denuncia o la toma según lo que él interpretó con su criterio personal”, propone.
Por otro lado, considera importante que todos los jueces y las juezas tengan formación de género: “No puede hoy haber una jueza o juez que se postule, teniendo una muerta cada 22 horas, sin tener perspectiva de género. No puede pasar. No ha lugar”, alega.
Las abogadas citadas en esta nota, las familias de las víctimas, movimientos feministas que elevan la voz mediática desde organizaciones como Ni Una Menos, Periodistas Argentinas y Actrices Argentinas, entre otras, coinciden en que la solución parte de una reformulación urgente en la adopción de medidas concretas por parte del Estado.
Para impulsarlas, las actrices Julieta Díaz y Gloria Carrá, la politóloga Florencia Freijó, la representante de Garganta Poderosa, María Claudia “la Negra” Albornoz, la directora de cine Paula de Luque, las periodistas Mariana Carbajal e Irina Hauser y la escritora Claudia Piñeiro, el 18 de febrero se reunieron con el presidente Fernández y la la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quienes recibieron una lista de nueve pedidos concretos para que se declare DNUs y se apuren leyes y medidas que agilicen la justicia. La carta fue avalada por 30 mil firmas de mujeres y disidencias del ámbito de la cultura, el espectáculo, los medios, organizaciones feministas, del campo popular y la academia.
La Ley Micaela García, en 5 puntos
El reclamo general es “que la violencia por razones de género sea un tema prioritario del Gobierno y de las administraciones provinciales y municipales”, pero en particular que lo sea “de todo, del sistema de justicia que ha demostrado desentenderse del problema, descreer de la palabra de las víctimas, minimizar sus denuncias, desatender sus pedidos desesperados de ayuda y protección”.
Para ponerle fin a la violencia de género, las acciones y medidas que se reclaman al Estado son:
- Declarar la emergencia nacional por violencia contra las mujeres y disidencias por razones de género, y que se otorguen presupuestos extraordinarios, adecuados, para las áreas involucradas.
- Coordinación efectiva y real entre el Poder Judicial —juzgados y fiscalías—, las fuerzas de seguridad, y los municipios para abordar cada caso. Y que frente a una denuncia se cumpla con la obligación de determinar si el mismo agresor ya tuvo denuncias anteriores en el marco de un contexto de violencia de género, más allá del estado procesal de sus causas.
- Capacitación sistemática en la temática para todxs los y las operadores que intervengan en la atención de los casos.
- Puesta en funcionamiento un sistema de alerta temprana donde se reúnan todas las denuncias.
- Complementar el sistema de botones de pánico para la víctima con tobilleras con GPS para el denunciado, que permitan determinar su acercamiento a la víctima, o métodos de control que sean efectivos, los 7 días de la semana, las 24 horas.
- Incorporación de la perspectiva de género en la futura reforma judicial.
- Efectivo cumplimiento de la ley 26.150, Ley de Educación sexual integral —ESI— en todas las instituciones educativas del país de manera urgente, sin dilación, ni reservas, de ningún tipo por parte de las distintas competencias de las jurisdicciones.
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